Hoy: 23 de noviembre de 2024
Unas 3.800 personas -según datos de la Delegación de Gobierno de Madrid- se han concentrado por tercera vez a la puertas de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz clamando contra los pactos del candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, con los independentistas y contra la ley de amnistía ya pactada con ERC y en vías de negociación con Junts, que ha dejado además un detenido por desobediencia y atentado contra la autoridad, según han confirmado a Europa Press las citadas fuentes.
A la protesta han acudido además el líder de Vox, Santiago Abascal y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, donde se han vivido momentos de tensión cuando los miles de asistentes han tratado de volcar las vallas de seguridad que la Policía Nacional ha dispuesto para mantener a los manifestantes alejados de la puerta de la sede del PSOE.
Como en Madrid, se han producido concentraciones en algunas ciudades españolas, como Valladolid Sevilla, en las que no ha habido incidentes.
Revuelta
Ha sido la plataforma Revuelta, una organización vinculada a la asociación estudiantil Plataforma 711 que defiende los “valores cristianos” y “de la reconquista”, la convocante de la protesta que ha comenzado a las 20.00 horas de este lunes.
Los asistentes han portado banderas de España y también franquistas y carteles en contra de Pedro Sánchez, Puigdemont y la amnistía gritando lemas como ‘Sánchez a prisión’; ‘lo llaman democracia y no lo es’ o ‘no nos engañan, Cataluña es España’.
También se han repartido carteles en los que se podía leer ‘Amnistía no’ y ‘Sánchez traidor’ portando además altavoces, cacerolas y silbatos.
La de este lunes es la tercera ocasión en la que se producen concentraciones en la calle Ferraz desde que Sánchez pactó con ERC una ley de amnistía que favorecería a los procesados del ‘procés’ catalán, el traspaso de las competencias de Rodalíes o la condonación de hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña.
Presión social
Los incidentes frente a la sede del PSOE tienen relación con el aumento de la presión social en la calle contra las intenciones del presidente en funciones Pedro Sánchez de aprobar la ley de amnistía para todos los condenados por los delitos cometidos en el intento de golpe de Estado en Cataluña.
Los principales partidos de la oposición movilizan a sus bases en actos públicos para exponer el malestar de una medida que no cabe en la Constitución, a juicio de destacados analistas políticos.
En los partidos en las instituciones contrarias a las concesiones de Sánchez a los independentistas están convencidos de que la presión social en la calle es positiva para que el presidente reaccione antes de una medida contraria al estado de derecho y a los intereses generales del país.
Polarización
Lo cierto es que la polarización es cada vez mayor y mientras los mítines del PP congregan a miles de personas, las bases del PSOE respaldan las intenciones del líder o decenas de juristas firman un manifiesto a favor de la amnistía, justo lo contrario de lo que pretende el Consejo General del Poder Judicial que se reúne este lunes para estudiar el asunto.
PP y Vox trabajan por separado para agitar la calle y en este sentido el partido de Feijóo ha anunciado movilizaciones en todas las plazas de España para el fin de semana próximo. Conscientes de ello, en el Gobierno y en los partidos que lo sustentan agilizan los trámites para la investidura y han decidido atrincherarse y contraatacar con sus fieles a la creciente movilización social antiamnistía a través de un manifiesto firmado por juristas a favor de condonar la pena de los delincuentes catalanes.
El vicepresidente del Gobierno de Francina Armengol, Juan Pedro Yllanes, el ex juez de la Audiencia Nacional (AN) Baltasar Garzón, diputados de Sumar como Jaume Asens y Enrique Santiago, el diputado de los ‘comunes’ Gerardo Pisarello, el abogado del ‘procés’ Jaume Alonso-Cuevillas -que llegó a representar al ex presidente catalán Carles Puigdemont- o la ex vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez se encuentran entre los más de 200 juristas que han firmado un manifiesto “por la amnistía, la democracia y la convivencia”.
También constan Nicolás García Rivas, Antoni Llabrés Fuster, Javier Mira Benavent y Guillermo Portilla Contreras, autores de la propuesta de amnistía de Sumar; los constitucionalistas Javier Pérez Royo y Joaquín Urías; el senador de ERC Joan Queralt; el también dirigente de ERC Joan Ridaó; o el ex alcalde socialista de Fuenlabrada Manuel de la Rocha Rubí, cuyo hijo ejerce actualmente de asesor en Moncloa.
Normalización política
En el texto, recogido por Europa Press, los firmantes expresan su apoyo a que “la mayoría parlamentaria pueda aprobar medidas como una ley de amnistía para contribuir a normalizar la situación política entre Cataluña y el Estado”.
Así, recuerdan que “los objetivos de las amnistías, según el Derecho Internacional vigente, son alentar la reconciliación social y contribuir al restablecimiento de las relaciones normales en la vida de un país”.
Con la calle movilizada, a Sánchez y Puigdemont le han entrado las prisas para acelerar el acuerdo entre PSOE y Junst que permita los votos necesarios para la investidura. Ninguno de los dos se pueden permitir ir a otras elecciones.
El exdiputado y negociador de Sumar con los partidos independentistas catalanes para la investidura, Jaume Asens, ha señalado que el acuerdo está en la recta final, y asegura que se cerrará “en las próximas horas, como mucho mañana”, según recoge Europa Press.
Asens ha indicado que no ve “ningún obstáculo importante” para que el acuerdo se pueda firmar lo más pronto posible y la investidura de Pedro Sánchez se celebre “esta misma semana”.
“Creo que esta semana, en las próximas horas, como mucho mañana, se va a cerrar y se va a comunicar el acuerdo”, ha expresado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.
Querella de Vox
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que su partido va a presentar una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la comisión de un presunto delito de cohecho al impulsar la ley de amnistía a cambio de su investidura, y que se querellará también, en su caso por prevaricación, contra los miembros de las Mesas del Congreso y el Senado que califiquen esa iniciativa, a su juicio, “inconstitucional”.
Abascal ha realizado este anuncio en una rueda de prensa en la sede nacional de su partido en el que ha avanzado que este mismo lunes cursarán un requerimiento a las Presidencias del Congreso y del Senado avisándoles de que cometerán “una ilegalidad” si tramitan la futura ley de amnistía un texto que, de momento, no ha sido registrado.
De entrada, ha anunciado que “hoy mismo” van a pedir a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la inadmisión a trámite de la proposición de ley de amnistía, una advertencia para cuando tengan que decidir sobre el texto que se registre.
La misma petición se remitirá al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y pedirán que se solicite un informe al letrado mayor de la Cámara Alta y, si los servicios jurídicos concluyen que ese texto es inconstitucional, exigirán que no se tramite.
Recursos de amparo
Asimismo, y dado que Vox ya no cuenta con los 50 diputados necesarios para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la futura normal, serán sus 33 diputados a título individual los que registren recursos de amparo contra la misma ante el Alto Tribunal.
“Estamos en un golpe de Estado, en un golpe a la Constitución”, ha sentenciado Abascal, quien también ha advertido de que “alcanzar el poder cometiendo actos inconstitucionales es la ruptura total de la convivencia y la paz social en España”, informa Europa Press.
Mientras, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha reclamado este lunes a la Unión Europea actuar ante la amnistía que está negociando el PSOE con los partidos independentistas para lograr la investidura del socialista Pedro Sánchez y ha avisado que irá “hasta el final” ante esta “violación del Estado de Derecho”.
Así lo asegura en una pregunta parlamentaria prioritaria dirigida a la Comisión Europea en la que denuncia que “esta amnistía masiva” que prepara Sánchez es “un pago a sus socios a cambio de su apoyo parlamentario” que “vulnera el Estado de derecho, la igualdad y la separación de poderes”.
“La UE no puede mirar hacia otro lado cuando se atropellan principios que dice defender. El Gobierno en funciones está borrando de un plumazo a la Justicia amnistiando a condenados, procesados y fugados”, subraya Montserrat.
CDR y Tsunami
En su pregunta, la exministra de Sanidad explica que “el Gobierno de España en funciones, tras indultar a los condenados, rebajar el delito de malversación y suprimir la sedición como pago político, anuncia que dará una amnistía política masiva que viola flagrantemente el Estado de derecho y abarcará los delitos de 10 años, incluida la malversación de fondos públicos, en contra de decisiones judiciales independientes, a cambio de votos para la investidura”.
Por ello, Montserrat pregunta a la Comisión si considera que se están vulnerando los principios de igualdad y de separación de poderes, teniendo en cuenta además que la amnistía “incluye a CDR y Tsunami Democràtic, procesados por terrorismo”, según la eurodiputada.
“El PP irá hasta el final en la denuncia de esta violación al Estado de derecho y nuestra propia democracia. Agotaremos todas las vías a nuestro alcance para que no salga adelante”, ha advertido la portavoz de los ‘populares’ en Bruselas.
Según Montserrat, Europa “se construye respetando las normas que nos hemos dado, fortaleciendo el Estado de derecho y no erosionándolo con cesiones inadmisibles”. “
Pedimos a la UE posicionarse contra la amnistía política de Sánchez. Hacer lo contrario sería darle la espalda a los propios valores de igualdad y respeto a la ley que defiende la UE”, añade la eurodiputada.
UE analizará el texto
El pasado 27 de octubre, tras su visita a Bruselas para participar en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE), el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ya señaló entonces que el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, se había comprometido a examinar la Ley de Amnistía si se aprueba.
“Vamos a esperar pues a ese texto y lo que ayer la Unión Europea nos ha trasladado y el señor Reyners es que, lógicamente su deber es examinar ese texto y ver si ese texto está en contra de los principios básicos del derecho europeo. Y esto es el compromiso que ha asumido, que por otra parte es el cumplimiento de su deber”, declaró Feijóo.