Sánchez prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años

El Gobierno endurece la regulación digital para proteger a los menores y exigir responsabilidades a las grandes plataformas tecnológicas

El debate sobre el uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes vuelve al centro de la agenda política. Esta vez, con una medida clara y contundente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años, junto a un paquete de acciones destinadas a frenar la difusión de contenidos de odio e ilegales en el entorno digital.

La propuesta no se limita a una declaración de intenciones. El Ejecutivo prevé aprobar estas medidas en el próximo Consejo de Ministros, tras haberlas presentado en un foro internacional de primer nivel, la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái. El mensaje es claro: la protección de los menores y la responsabilidad de las plataformas digitales ya no pueden seguir aplazándose.

Proteger a los menores en un entorno digital sin filtros

El uso temprano y descontrolado de redes sociales se ha convertido en una preocupación creciente para familias, docentes y profesionales de la salud mental. La exposición constante a contenidos extremos, discursos de odio o dinámicas de comparación social tiene un impacto real en el bienestar emocional y el desarrollo psicológico de los menores.

Con esta medida, el Gobierno busca establecer un límite de edad efectivo, obligando a las plataformas a implantar sistemas reales de verificación, más allá de los simples avisos o formularios fácilmente manipulables. El objetivo no es solo restringir el acceso, sino garantizar que las normas se cumplan de forma verificable.

Desde el Ejecutivo se defiende que esta prohibición no pretende demonizar la tecnología, sino ordenar su uso y adaptarlo a una etapa vital especialmente vulnerable. En un contexto donde la vida digital y la vida cotidiana están cada vez más entrelazadas, la regulación se plantea como una herramienta de protección, no de censura.

Plataformas bajo vigilancia y una nueva “huella digital del odio”

La iniciativa va un paso más allá del control de edad. El Gobierno quiere obligar a las plataformas a asumir una responsabilidad activa sobre los contenidos que alojan. Para ello, se plantea la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita identificar patrones de odio, desinformación y polarización.

Este mecanismo, denominado “Huella de Odio y Polarización”, serviría para analizar cómo se propagan estos mensajes y quiénes se benefician de su difusión. Además, se trabajará junto a la Fiscalía para estudiar posibles infracciones legales cometidas por grandes empresas tecnológicas que no retiren contenidos ilegales con la diligencia necesaria.

Plataformas como TikTok, Instagram o Grok están en el foco de este nuevo marco regulador. El mensaje es contundente: no solo se sancionará a las empresas, sino que también se explorará la responsabilidad directa de sus directivos.

Con esta propuesta, el Gobierno abre un nuevo capítulo en la regulación digital, intentando equilibrar libertad de expresión, protección de los menores y responsabilidad corporativa. Un debate complejo, pero cada vez más urgente en una sociedad hiperconectada.