El Gobierno aprueba dos decretos: uno de pensiones y otro con el escudo social, incluidos los antidesahucios

El Ejecutivo divide las medidas para desbloquear la subida de las pensiones y reforzar la protección social

El Ejecutivo ha optado por una vía pragmática tras semanas de bloqueo político. En el Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno de España aprobará finalmente dos decretos diferenciados, separando la revalorización de las pensiones del conjunto de medidas sociales que forman parte del llamado escudo social. La decisión busca garantizar la protección de colectivos vulnerables y, al mismo tiempo, evitar que una sola norma vuelva a quedar paralizada en el Congreso.

La separación no es solo técnica, sino también política. Permite avanzar en medidas urgentes que afectan a millones de personas, tras el rechazo parlamentario que sufrió a finales de enero el anterior decreto ómnibus.

Pensiones y cotizaciones: estabilidad para jubilados y autónomos

Por un lado, el Gobierno sacará adelante un decreto centrado en la revalorización de las pensiones para 2026, junto a otras prestaciones y aspectos clave del sistema de cotizaciones. El objetivo es ofrecer certeza y tranquilidad a pensionistas y trabajadores, en un contexto marcado por la inflación y la incertidumbre económica.

Este texto incluye también la congelación de las cuotas para los autónomos, una medida especialmente relevante para pequeños profesionales y trabajadores por cuenta propia, que en los últimos años han asumido importantes ajustes en sus ingresos. Desde el Ejecutivo se defiende que esta decisión busca aliviar la presión económica sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, según Europa Press.

Separar este decreto del resto de medidas sociales pretende blindar la subida de las pensiones frente a disputas políticas más amplias, evitando que se convierta en moneda de cambio dentro del debate parlamentario.

Escudo social: antidesahucios, ayudas y protección a los vulnerables

El segundo decreto recoge el núcleo más social de la acción del Gobierno. Incluye la moratoria antidesahucios, la prohibición de cortar suministros básicos como la luz o el agua a familias vulnerables, el bono social y las ayudas por la dana, entre otras iniciativas de protección.

Una de las novedades más destacadas es la incorporación del acuerdo alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco, que amplía el escudo social a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler. Con ello, se pretende evitar que estos arrendadores acaben en situación de vulnerabilidad al asumir durante meses el impago del alquiler sin respaldo institucional.

Este enfoque busca equilibrar derechos, protegiendo tanto a las familias en riesgo como a quienes dependen de un único inmueble para complementar sus ingresos. Una respuesta directa a las críticas que llevaron al rechazo del decreto anterior, cuando varios grupos denunciaron que los pequeños propietarios quedaban desprotegidos.

Con esta doble vía, el Gobierno intenta recomponer consensos y asegurar que las medidas sociales y económicas lleguen a tiempo. Una estrategia que prioriza la eficacia frente al bloqueo y que vuelve a situar el debate social en el centro de la política.