¿Sabías que Ceuta es de España desde 1640?

¿Y sabías que Marruecos nació en 1969 y apenas cuenta con 59 años de edad?

El Tratado de Alcañices (1297) y la Pragmática Sanción de Felipe IV (1640) demuestran que Ceuta se integró al mundo hispánico por legitimidad dinástica y voluntad propia de sus habitantes siglos antes de la existencia de la configuración geopolítica actual del vecindario norteafricano.

Mientras el Tratado de Alcañices fijó las fronteras de los reinos peninsulares, la Pragmática Sanción consolidó la soberanía española de forma ininterrumpida tras la separación de Portugal, ratificando que la presencia de España en la plaza es un derecho histórico inalienable que precede a cualquier mapa moderno.

Para comprender la raíz profunda de esta controversia, es indispensable examinar la etimología de una plaza cuya denominación delata su verdadero origen histórico. La palabra Ceuta no proviene de raíces bereberes ni de la tradición árabe, sino que es el resultado de una evolución fonética milenaria que entronca directamente con el latín imperial de Roma.

Al contemplar la orografía de la península de la Almina, los geógrafos de los césares bautizaron el asentamiento como Septem Fratres, que traducido literalmente significa siete hermanos, en alusión a las colinas que coronan su paisaje.

Con el devenir de las centurias, el término romano se simplificó en Septem, mutando posteriormente durante el periodo medieval bajo la fonética norteafricana en la palabra Sebta, para terminar consolidándose de forma definitiva en el castellano actual.

Este legado lingüístico demuestra que la identidad matriz de la ciudad nació bajo el manto de la civilización clásica occidental, compartiendo el mismo mito fundacional de las siete colinas de Roma, siglos antes de que se gestaran las fronteras contemporáneas del vecindario.

El examen geopolítico en torno a la legitimidad de la península de Ceuta exige despojarse de pasiones ideológicas para abrazar con rigor la verdad cronológica de los hechos. Existe un principio de estricto orden temporal en el derecho internacional que desarma cualquier pretensión revisionista contemporánea: la prioridad del tiempo otorga la fijeza del derecho.

Desde la óptica del ordenamiento internacional, esta premisa cobra una vigencia absoluta, puesto que España consolidó su monarquía unificada en 1492 y administra Ceuta de forma continua desde 1640.

Pretender que los derechos de una nación asentada en el territorio por siglos se disuelvan ante reclamos recientes es ignorar la regla básica de la prioridad en el tiempo, una asimetría que ningún mapa sobrevenido puede corregir de la noche a la mañana.

Mucho antes de las delimitaciones modernas, las tribus originarias designaban a esta región norafricana como Amur n Wakuc, una vasta extensión que los conquistadores romanos rebautizaron posteriormente como Mauretania Tingitana.

Tras la llegada de las corrientes islámicas en el siglo VIII, la zona adoptó el nombre geográfico de Al-Maghrib al-Aqsa, el extremo occidente del mundo musulmán. Durante este extenso proceso, el territorio jamás funcionó bajo la estructura de un Estado unificado, sino como un mosaico de dominios feudales y dinastías nómadas, evidenciando que la noción de una frontera jurídica homogénea en la región es un conceptuación estrictamente contemporánea.

La continuidad institucional española en la plaza se erige, por tanto, sobre un vacío estatal previo que invalida cualquier intento de asimilación retrospectiva.

Durante los siglos de esplendor medieval y el Renacimiento, el comercio y la diplomacia de las potencias europeas no reconocían un país unificado, sino reinos fragmentados que tomaban el nombre de sus capitales dinásticas alternas.

El mundo hispánico y lusitano negociaba de manera independiente con el Reino de Fez en el norte o el Imperio de Marrakech en el sur, de cuya deformación fonética occidental derivaría con el tiempo el vocablo Marruecos.

Mientras estas entidades lidiaban con sus propias fracturas internas y recomposiciones de poder, Ceuta ya se había incorporado definitivamente a la Corona hispánica tras la Unión Ibérica de finales del siglo XVI. Por consiguiente, el arraigo legal y cultural de la plaza con la península ibérica se consolidó en una época donde el actual vecino del sur carecía de instituciones estatales centralizadas.

El núcleo del debate jurídico actual radica en identificar con precisión el momento exacto en el que nace el interlocutor político que hoy reclama la plaza africana. El Reino de Marruecos nació como persona jurídica internacional en el año 1956, tras lograr la disolución de los protectorados que ejercían Francia y España sobre su suelo continental.

Antes de esta fecha, la administración local operaba bajo el esquema del Imperio Sharifiano, una estructura monárquica que, si bien poseía antigüedad dinástica, jamás ejerció una soberanía legal, efectiva ni reconocida por el derecho de gentes sobre la ciudad de Ceuta.

Resulta un anacronismo histórico que una nación constituida a mediados del siglo XX pretenda proyectar derechos soberanos retroactivos sobre una tierra que ya era española siglos antes de su propia emancipación.

La geografía, que a menudo es caprichosa en la distribución de los continentes, sitúa a Ceuta como un apéndice visible de la masa continental africana, pero la proximidad física jamás puede suplantar los dictámenes de la historia y el derecho internacional.

Las fronteras del mundo no se trazan bajo el burdo criterio de la continuidad de la masa terrestre, sino por la legitimidad de los pactos y la voluntad identitaria de los pueblos que las habitan. Ceuta nunca formó parte del protectorado colonial establecido en el siglo XX, sino que era una plaza de soberanía española plenamente constituida mucho antes de las capitulaciones europeas.

Configurar el mapa global bajo un criterio de estricta vecindad continental equivaldría a desmantelar el ordenamiento legal que sostiene la integridad de múltiples naciones en el planeta.

Crónica de una presión premeditada

Bajo este panorama, resulta evidente para los analistas internacionales que los recientes movimientos migratorios masivos en el norte de África no constituyen un fenómeno humanitario fortuito. Esta invasión pacífica y desmedida de extranjeros está siendo abiertamente promovida y tutelada por las autoridades de Marruecos, la antigua Mauritania, como una herramienta de coacción política.

El desborde deliberado de los pasos fronterizos ceutíes funciona como una estrategia de guerra híbrida diseñada para presionar diplomáticamente a Madrid y forzar una mesa de negociación espuria. Al propiciar el colapso de las instituciones locales, se busca asfixiar económicamente a la península española para lograr por desgaste lo que no pueden sostener con argumentos legales.

Esta táctica de asfixia fronteriza se complementa con decisiones unilaterales de alto impacto, como el cierre prolongado de la aduana comercial de Ceuta por parte de las autoridades de Rabat. Al estrangular el tránsito legal de mercancías y asfixiar la economía local, el gobierno vecino intenta inducir una crisis económica permanente que empuje a la población de origen peninsular a abandonar la ciudad.

El objetivo subyacente es forzar una transformación demográfica irreversible a largo plazo mediante una marroquinización gradual de la población residente. De este modo, la instrumentalización del flujo humano y el bloqueo mercantil se revelan como dos caras de una misma moneda orientada a socavar la presencia del Estado español en la región.

La paradoja más evidente de esta agresiva estrategia de presión se manifiesta en la propia naturaleza de los miles de ciudadanos que cruzan las vallas arriesgando la vida. Los migrantes no asaltan los límites fronterizos para conquistar Ceuta en nombre de su soberano, sino para huir de la precariedad de su propio país.

Cruzan precisamente porque saben que al pisar el suelo ceutí están ingresando a España y, por ende, a la protección institucional y jurídica de la Unión Europea. El relato nacionalista de Rabat se desmorona ante sus propios súbditos, quienes buscan el amparo del arraigo y el bienestar español ante el fracaso social y económico del sistema marroquí, demostrando que la soberanía legítima no se altera con coacciones artificiales.

El Tratado de Wad-Ras, firmado en 1860 tras la Guerra de África, es el documento donde el propio Sultán de la época reconoció de manera explícita y formal la plena soberanía de España sobre Ceuta y fijó los límites fronterizos de la plaza.

En el año 1969, España retrocedió el territorio de Sidi Ifni a Marruecos bajo un acuerdo específico, pero la plaza de Ceuta permaneció inalterable bajo su jurisdicción original. Este reconocimiento inequívoco por parte de los antecesores dinásticos del Marruecos moderno constituye el cierre jurídico a cualquier reclamación actual, ratificando que la historia, los tratados firmados y el derecho internacional amparan de forma perpetua e inamovible la integridad de la península española.

Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario