Robles ‘blanquea’ al general que estuvo dos años sin ir a trabajar para auparlo hasta el Tribunal Supremo

Defensa ha dado la dirección del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) al general auditor del cuerpo jurídico militar Alfonso Barrada con la finalidad de ‘blanquearle’ los más de dos años que ha estado “ascendido a general, sin vacante”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dado la dirección del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) al general auditor (general de brigada) del cuerpo jurídico militar del Ministerio de Defensa Alfonso Barrada Ferreiros con la finalidad de blanquearle los más de dos años que ha estado “ascendido a general, sin vacante”, sin prácticamente hacer nada, como paso previo a ser aupado, primero, a la presidencia del Tribunal Central Militar y, después, a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

La finalidad, tener a alguien más de su cuerda en el alto tribunal. Lo de Barrada es una operación vieja en el tiempo que se vio bloqueada tras la ley que hizo Pedro Sánchez para frenar al sector Conservador del Consejo del Poder Judicial y forzar su renovación. Pero desbloqueado el Consejo, la operación se ha reactivado.

Barrada fue ascendido en 2021 por la ministra Margarita Robles, a la categoría de general sin que, como era obligado, existiese una plaza vacante.

Una vez ascendido, durante casi dos años, Barrada no acudió a la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, a la que fue destinado sin existir vacante, sino que fue al Tribunal Central Militar, cuando estuvo, y ocupó un puesto que tampoco era el suyo. Es decir, estuvo casi dos años sin nada que hacer, según fuentes de Defensa.

No tenía despacho en Defensa porque fue ascendido sin plaza. El otrora jefe de esa asesoría, y máximo asesor jurídico de la ministra, Antonio Afonso Rodríguez, según estas fuentes, contó, supuestamente, para permitir esa ilícita anomalía, con la connivencia de las subsecretarias Amparo Valcarce (hoy Secretaria de Estado), y de Adoración Mateos (hoy subsecretaria de Defensa), números 2 y 3 de Margarita Robles, de las que dependen los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

La situación de Barrada fue, por tanto, promovida, según las citadas fuentes, por el que hasta el pasado verano fue asesor jurídico general, Antonio Afonso, así como por los mandos políticos del Ministerio de Defensa, la secretaria de Estado Amparo Valcarce, y la ministra Robles, al ascender al empleo de general auditor al coronel Barrada, en junio de 2021.

Y congeló así su pase a la reserva para tenerlo en standby y llevarlo a la presidencia del Tribunal Central Militar como trampolín previo a ocupar una plaza en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Y así tener a uno más de los suyos en esta sala.

Esa plaza del Tribunal se dejó sin cubrir a propósito, al no ascender a general consejero togado al último general autor vocal togado en situación de actividad que quedaba en ese órgano judicial. No importó, pues, que el Tribunal Militar Central se quedara en cuadros y inoperativo, situación en la que lleva casi
dos años, con colapso y parálisis casi total de la jurisdicción militar en su cúspide.

Tras aflorar a través de este medio y The Objective que Barrada llevaba meses sin acudir al puesto de trabajo real, Defensa le habilitó por fin un despacho en el Ministerio.

Fue nombrado general sin vacante pese al manifiesto enfado de los coroneles que aparentemente reunían más méritos que él para ser general, según la visión de los citados medios. Robles lo nombró, agregan, influenciada por los magistrados de la sala militar del Tribunal Supremo José Alberto Fernández Rodera, amigo de la ministra, y Fernando Marín Castán, hermano del hasta hace unos días presidente en funciones del Tribunal Supremo. Son amigos de Barrada. Proceden del cuerpo jurídico de la Armada.

Jugada frustrada

La intención inicial es nombrarle presidente del Tribunal Central Militar como paso previo a su acceso a la Sala Militar del Supremo. Todo, incluso el retardo provocado en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, ha servido a los promotores como una jugada que persigue colocar primero a Barrada en la Presidencia del Tribunal Central y luego en el Supremo.

Tras el irregular ascenso de Barrada a general, el Gobierno de Pedro Sánchez promulgó una ley para quitar a los miembros del Consejo del Poder Judicial la posibilidad de realizar nombramientos de altos cargos judiciales. Quería forzar al PP a pactar su renovación. Eso supuso que el proyectado nombramiento de Barrada se quedase en el limbo. Es decir, más tiempo sin tener que trabajar, al menos donde debía. O sea, más absentismo.

Los Vocales conservadores del Consejo, que entonces, 2021, eran mayoría en este órgano, y para combatir la ley que les impedía hacer nombramientos, idearon la posibilidad de realizar nombramientos, de cubrir las decenas de plazas de altos cargos judiciales vacantes mediante la figura del interino. Es decir, se nombrarían las vacantes que hubiera mediante nombramientos interinos, lo que, de hecho, supondría a la postre convertir tales designaciones en definitivas.

“Si se nombra a alguien interino de una vacante, luego no es fácil apartarle de ese puesto y lo normal es, haya el Consejo que haya, confirmar su nombramiento definitivamente”, aseguraban entonces fuentes judiciales.

Pero Alfonso Barrada, a pesar de ser el único general jurídico sin destino real, no quiso ser destinado de forma interina como vocal togado en su empleo de general al Tribunal Central Militar y afrontar en él el despacho de la gran cantidad de asuntos que había pendientes, señalan las citadas fuentes.

Por eso no solicitó la plaza en ese momento, para sorpresa de sus compañeros del cuerpo jurídico castrense nunca han entendido la razón de la insólita situación de este general y el privilegiado estatus del que ha disfrutado durante estos años.

Ahora, en estos momentos, se ha empezado a desarrollar la operación que anunciaba The Objective el pasado 25 de septiembre de este año, es decir, la jugada de Robles y de magistrados de la Sala Militar del Tribunal Supremo afines a ella para conseguir que el nuevo Consejo General del Poder Judicial nombre de momento a Barrada presidente del Tribunal Militar Central.

De esta forma sería, asimismo, general consejero togado (equivalente a general de división) y lo colocaría en lugar privilegiado para llega al Tribunal Supremo.

El Poder Judicial ha publicado, entre otras vacantes, la presidencia del Tribunal Militar Central, máximo órgano de la jurisdicción castrense. Será el paso previo a “amerizar”en la sala quinta del Alto Tribunal.

Barrada procede, como sus íntimos amigos los magistrados Fernández Rodera y Marín Castán, del antiguo cuerpo jurídico de la Armada, cuyos miembros se caracterizaban por el elitismo y la superioridad de que hacen gala frente a los procedentes de los cuerpos jurídicos de Tierra y Aire.

Barrada ha solicitado, pues, la presidencia del Tribunal Militar Central.

No lo hizo, en cambio, cuando tuvo la posibilidad de desempeñar el puesto de vocal togado de forma interina: había muchos asuntos pendientes. No era atractivo. No hay que olvidar que Barrada ha estado casi tres años y medio sin desempeñar de manera efectiva un destino (“sin mover un dedo”, según fuentes de Defensa). Junto a él ha solicitado esa presidencia una general auditor.

“La guinda de este paripé se produjo en junio de 2022, cuando a propuesta de Robles el Consejo de Ministros acordó conceder al general Barrada Ferreirós, “en relación a los méritos y circunstancias que concurren” la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, que distingue individualmente, señalan los citados medios, “a los oficiales generales condecorados por la realización de acciones y hechos”, afirman.

Y añaden: “O bien la prestación de servicios de destacado mérito o importancia relacionadas con la Armada, en concreto, méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos efectuados durante la prestación de las misiones o servicios encomendados a las Fuerzas Armadas o relacionados con la Defensa”.

La citada Gran Cruz lleva anexo, además, el tratamiento de Excelencia.

Fuentes jurídicas ironizan que las acciones y hechos o la prestación de servicios de destacado mérito o importancia relacionadas con las Fuerzas Armadas o con la Defensa que ha podido desempeñar en este tiempo Barrada “desde su domicilio, no pudieron ser otras que haber permanecido en inmersión o desaparecido durante un año entero sin acudir a su destino ni prestar servicio alguno”.

Durante ese año y el siguiente, según fuentes militares, el general consejero togado Antonio Afonso (al que, tras su cese, le ha sido concedido un destino por la ministra Robles para conservar sus retribuciones) era conocedor de que se estaba cometiendo un posible delito de abandono de destino y no puso término a la situación ni la denunció.

En derecho eso es equiparable a una infracción penal de dejar de promover la persecución de delitos de la competencia de la jurisdicción militar del artículo 80 del Código Penal Militar.

Según estos medios, “a cualquier militar que se ausenta o falta de su destino por más de tres días se le instruye un procedimiento judicial y se le suele condenar a una pena de prisión de tres meses y un día a dos años, precisamente por miembros de los tribunales militares que Barrada pretende ahora encabezar presidiendo de pleno derecho, no interinamente, el máximo órgano judicial militar”.

Absentismo laboral

Se da la circunstancia, según ha desvelado TheObjective, de que, en este año 2024 ha sido designado director del Curso de Alta Gestión Administrativa y de la Organización, que imparte el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Lo ha elegido la Ministra “en comisión de
servicio” por un período de seis meses “o hasta que se le asigne el destino que pudiera corresponderle” (por ejemplo, la presidencia del Tribunal Militar Central).

Este puesto en el CESEDEN fue, como recogía TheObjective, “un invento y un bluf total, en palabras de un responsable del área jurídica del ministerio, de la actual secretaria de Estado, Amparo Valcarce, hace dos años, para mantener en activo -y con el mismo sueldo- a Jerónimo Domínguez Bascoy, otro general jurídico en la reserva que ahora pasa a retiro”.

Según fuentes jurídicas de Defensa el general auditor Domínguez Bascoy también procede (todo es casual, según afirman con sorna las tales fuentes) del antiguo cuerpo jurídico de la Armada.