¿Qué pasa en las prisiones españolas?

Los numerosos casos denunciados por Fuentes Informadas siguen sin ceses ni dimisiones

Durante los últimos días este periódico ha publicado varias noticias en las que queda en evidencia el funcionamiento de los protocolos internos en las prisiones españolas en cuanto a la asistencia y el trato que reciben los reclusos. No de todas, es cierto, pero sí de algunas en las que todavía están por ver las medidas para corregir los errores y la asunción de responsabilidades en la dirección. De momento nadie ha dimitido ni ha sido relevado de su cargo. Y debería.

Recordarán nuestros lectores la terrible historia del profesional sanitario que se quitó la vida tras sufrir acoso y vejaciones por parte de dos de sus compañeras del área de Enfermería y por el propio director de la prisión de Alcalá-Meco, al que le parecía que tenía «mucha pluma». Detrás de ese caso está la condición sexual de la víctima: homosexual.

En otro caso hemos conocido un hecho terrible: la muerte de un interno al que la puerta de su celda le atrapó la cabeza y murió tras permanecer durante una hora sin que nadie lo liberase. La alarma que indica incidencias en el cierre de puertas saltó, pero nadie comprobó nada. El muerto era un guardia civil de edad avanzada.

Hemos sabido también que un interno permaneció semanas con horribles dolores de estómago porque sufría un cáncer que en la prisión no le diagnosticaron al no hacerle la pruebas necesarias, y en las últimas horas de nuevo Fuentes Informadas desvela que un interno de Alcalá Meco ha estado meses con dos costillas rotas, ‘hecho polvo de dolor’, y sin que le atendiesen los médicos del penal. Tramitó 15 escritos y quejas desde que ingresó el pasado mes de junio. La lista de casos imposibles de creer por lo atroces que son es larga y cruel.

Leo el comentario de un lector al final de una de estas crónicas: “La realidad supera la ficción”, y se me ponen los pelos de punta. No es posible que estas barbaridades se den en una sociedad democrática como la española, donde se supone que existe un sistema penitenciario que cumple con los derechos humanos y la ley. Se supone. Se sabe que el Ministerio de Justicia está al tanto de estos hechos, pero de momento no hay dimisiones ni ceses. Y debería.