El Partido Popular ha informado de que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha comunicado su decisión de darse de baja como afiliado de la formación. El anuncio se produce apenas unas horas después de que el Comité de Derechos y Garantías del PP acordara abrir un procedimiento de información interna sobre el caso que implica al exministro. Con la renuncia ya oficial, dicho procedimiento queda ahora en suspenso, según indicaron desde la dirección del partido.
La salida de Montoro llega justo un día después de que un juez de Tarragona decretara su imputación por, presuntamente, haberse beneficiado de su cargo para impulsar leyes que favorecían a clientes del despacho Equipo Económico (EE), una firma que él mismo fundó antes de ocupar su puesto en el Gobierno.
De acuerdo con el auto judicial, la causa investiga una red en la que estarían involucradas 28 personas físicas y seis jurídicas. Se les atribuye la posible comisión de siete delitos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude contra la administración pública, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental.
La investigación apunta a que Montoro habría mantenido vínculos indirectos con las decisiones legislativas que, desde su cartera, beneficiaron económicamente a determinadas empresas del sector de gases industriales. Estas compañías habrían estado representadas por el citado despacho durante los años en que él ocupó responsabilidades en el Ejecutivo.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del PP, Juan Bravo, ha contrapuesto la presunta corrupción que afecta al PSOE con la causa por la que se ha imputado al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, asegurando que en esta última no hay nada de «prostitutas» o «colocación de amigas».
«Si hacemos un análisis amplio, yo creo que ustedes aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen», ha afirmado al ser preguntado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, por el exministro, que ha sido imputado por presuntamente beneficiar a empresas de gases industriales cuando estaba en el Gobierno.
Después de reafirmar en varias ocasiones «el respeto máximo a la justicia y a los fiscales» y hacer un llamamiento a «dejarles trabajar» -como no hace, según su opinión, el PSOE-, Bravo ha recordado que «esta causa ya fue archivada anteriormente».
Además, ha cargado contra el Gobierno porque tras siete años en Moncloa no ha cambiado las leyes que habría presuntamente modificado Montoro para beneficiar a empresas de gases industriales. «¿Son conscientes de que muchas de esas normas a día de hoy siguen vigentes? Entonces, si eran tan malas, ¿por qué hoy siguen vigentes?», ha cuestionado.
Bravo ha señalado que «a diferencia de lo que pasa hoy» con el Ejecutivo, que saca adelante leyes con reales decretos «saltándose todos los controles», lo de Montoro «fue una ley de presupuestos, por lo que hemos conocido», que pasó «todos los controles internos dentro de la Administración», incluyendo informes del Consejo de Estado y siendo votado en el Congreso.