Gómez Iglesias se hizo pasar por miembro del CNI y pidió 300.000 euros a un empresario por mediar en la venta de una finca, a punto de ser liquidada por hacienda, a un hipotético comprador de Guinea Ecuatorial
El Tribunal ha condenado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias ‘El Pequeño Nicolás’, a tres años y diecisiete meses de prisión como responsable de un delito de usurpación de funciones públicas, y a dos años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular. La Sala, sin embargo, lo absuelve del delito de estafa por el que venía siendo acusado.
Gómez Iglesias se hizo pasar por un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy en una operación de compraventa de un inmueble. En una sentencia, a la que ha tenido acceso Fuentes Informadas, los magistrados de la Sección Séptima han considerado pertinente absolver a Gómez Iglesias del delito de estafa por el que fue acusado.
La sentencia llega después de que el pasado siete de noviembre el tribunal dejara visto para sentencia el juicio en el que ‘El Pequeño Nicolás’ negó haberse hecho pasar por un miembro del Gobierno para estafar al empresario, Javier Martínez de la Hidalga, en la venta de la finca ‘La Alamedilla’ en Toledo, tal y como sostuvo la Fiscalía en el escrito de acusación en el que reclamaba seis años de prisión para el joven.
En el juicio, la Fiscalía esgrimió que El Pequeño Nicolás se hizo pasar por un miembro del equipo de trabajo de la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría y como miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Así, mantuvo varias reuniones con el empresario en las que le persuadió del interés del Gobierno en ayudarle a vender la finca a algún comprador extranjero.
Según el Ministerio Público, Gómez Iglesias mencionó como posible comprador a una autoridad de Guinea Ecuatorial y llegó a pedir 300.000 euros a Martínez de la Hidalga en concepto de intermediación en la venta del inmueble.
Durante las negociaciones, ‘El Pequeño Nicolás’ tuvo conocimiento de que la Agencia Tributaria había dictado una propuesta de liquidación de 5 millones de euros contra el empresario y la sociedad Petraxarquia. El fiscal del caso consideró que Gómez Iglesias “con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico” se aprovechó de esta situación e ideó un plan para apoderarse de los activos financieros de Martínez de la Hidalga y de su esposa.