Podemos advierte de las posibles consecuencias penales del protocolo antiaborto de Castilla y León

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Uno de los portavoces de UP, Jaume Asens, en el debate sobre el estado de la nación | Fuente: Congreso de los Diputados.

Asens detalla que están estudiando las vías jurídicas y administrativas para impedir este plan, aunque ha destacado que la posibilidad de intervenir competencias autonómicas por parte del Ejecutivo estatal

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha advertido en rueda de prensa de las posibles consecuencias penales del protocolo antiaborto que planea Castilla y León, a tenor del nuevo redactado del artículo 172 del Código Penal que persigue actos intimidatorios y coercitivos a mujeres que quieran interrumpir su embarazo. 

Además, durante su intervención ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que «salga de su silencio y «dé la cara», sobre todo si aspira a optar a la Presidencia del Gobierno, para decidir si «está con Vox» o con los derechos de las mujeres, máxime cuando el partido dirigido por Santiago Abascal ha avisado hoy de la posibilidad de romper el Ejecutivo regional si no se aplica las medidas ‘provida’ en esta región. 

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Asens ha detallado que están estudiando las vías jurídicas y administrativas para impedir este plan en Castilla y León, aunque ha destacado que la posibilidad de intervenir competencias autonómicas por parte del Ejecutivo estatal, mediante el artículo 155 de la Constitución, debe ser el «último recurso» y «no puede banalizarse» su uso. 

No obstante, el dirigente de En Comú Podem ha advertido que este plan puede incurrir en un delito tras la reciente reforma del Código Penal, que castiga de tres meses a un año de prisión situaciones que obstaculicen el ejercicio del derecho al aborto para quien acose a mujeres mediante actos «molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad», según la nueva definición de este tipo penal. 

Por tanto, ha advertido tanto a PP como a Vox que existe esa posibilidad de ir a la vía penal ordinaria, no solo al ámbito del Tribunal Constitucional, en función del contenido preciso del protocolo. Y en este punto Asens ha desgranado que quieren ir a los tribunales, citando la opción del recurso al tribunal de garantías, pero no ha confirmado si será por denuncia penal, a la espera de estudiar el articulado específico de este protocolo antiaborto. 

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