Peinado presiona a Moncloa: no enviar las agendas de Begoña Gómez y su asesora podría ser desobediencia

Busca, en definitiva, trazar un marco comparativo que permita valorar el rol de la asesora investigada

El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a dirigirse a Moncloa con un mensaje claro: necesita las agendas de Begoña Gómez y de su asesora, Cristina Álvarez, y las necesita ya. Según advierte, la falta de respuesta o de justificación podría derivar en un posible delito de desobediencia. Esta advertencia, recogida en una nueva providencia, refleja la tensión creciente entre el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid y la Presidencia del Gobierno, a la que el magistrado ha solicitado la documentación en varias ocasiones.

Lo que reclama Peinado no es menor. Busca esclarecer si los movimientos, reuniones, viajes y actividades de ambas, especialmente cuando coincidían, tenían carácter personal o profesional, y si alguna de estas actuaciones puede estar vinculada a las actividades investigadas. Para ello, ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el análisis de estas agendas.

Pero el requerimiento no se queda ahí. El juez también ha pedido todos los antecedentes sobre cómo se han nombrado tradicionalmente a los asistentes de los cónyuges de los presidentes del Gobierno: qué funciones desempeñaban, cómo se estructuraban estos puestos y cuántos asistentes había al mismo tiempo. Busca, en definitiva, trazar un marco comparativo que permita valorar el rol de la asesora investigada.

Además, insiste en obtener datos salariales actualizados de Cristina Álvarez, junto a sus documentos administrativos: nóminas, complementos, costes sociales o cualquier variación contractual. Y solicita información detallada sobre todos los viajes que haya realizado con cargo a fondos públicos, incluyendo el uso de coche oficial, chófer o personal a su cargo, según Europa Press.

Una investigación que se amplía y un contexto político delicado

La investigación no solo afecta a la esposa del presidente Pedro Sánchez y a su asesora. Peinado también mantiene como investigados al empresario Juan Carlos Barrabés y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en una causa compleja que abarca posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción entre particulares, intrusismo, apropiación indebida y malversación.

Cada nuevo requerimiento judicial incrementa la presión sobre Moncloa, que debe decidir entre acelerar la entrega de la documentación o explicar por qué no lo ha hecho hasta ahora. En un contexto político especialmente sensible, el aviso de Peinado añade un elemento más de tensión institucional.

El avance de la causa depende ahora de la respuesta que dé Presidencia del Gobierno. Lo que parece claro es que el juez quiere seguir adelante con todas las garantías y con toda la información. Y su advertencia final, la posibilidad de un delito de desobediencia, deja claro que no está dispuesto a tolerar más retrasos.