El juez Juan Carlos Peinado ha informado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que ha acordado transformar las diligencias para que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia ante un jurado popular.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a los tres a acudir a la sede judicial el sábado 27 de septiembre, a las 18.00 horas, para una comparecencia previa.
En la misma semana y mientras el prfesidente Pedro Sánchez está de viaje en Nueva York por la asamblea general de Naciones Unidas, dos importantes noticias golpean en su entorno más próximo: la decisión de la Audiencia de Badajoz de llevar a juicio a su hermano David por tráfico de influencias y malversación, y dejar en manos de un jurado popular la vista contra su esposa Begoña, también por malversación.
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha expresado este martes el «respeto» de su formación por la decisión de la jueza de abrir juicio oral a Alberto Gónzalez Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y ha dejado claro que este caso no es comparable con los que afectan al hermano de Pedro Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez. Además, ha señalado que es «humano» que la presidenta de la Comunidad de Madrid defienda a su novio.
Mientras, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que los magistrados Hurtado y Peinado son «dos casos claros de jueces que hacen política» y ha criticado que el segundo investigue a Begoña Gómez «para ver si se encuentra algo que pueda ser delictivo y juzgarla».
«Si tuviera que enseñarle a un estudiante de Derecho lo que es una causa prospectiva, le mostraría la instrucción de Peinado sobre Begoña Gómez. No es una causa en la que haya unos hechos delictivos de partida y se investiguen, sino que se investiga a una persona y su vida, su actividad para ver si se encuentra algo que pueda ser delictivo y por lo que juzgarla. Lo que se propone es sancionar a una persona concreta. Eso es una causa prospectiva de libro, de manual», ha asegurado este domingo el ministro.