En un escrito relata que la información en poder de la Fiscalía Anticorrupción y del Gobierno a través del Ministerio del Interior y el CNI, ha sido filtrada y utilizada políticamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para justificar la Ley de
La documentación presentada para acreditar la legalidad de los objetos, incluyendo actas notariales y facturas de compra, resultó ser falsa o insuficiente