Nuevo revuelo judicial tras cuestionar la vicepresidenta Teresa Ribera la profesionalidad del juez García Castellón

Las entidades reclaman que en un Estado de Derecho es incoherente que se acuse a un juez de prevaricación

En los últimos meses las organizaciones judiciales no ganan para disgustos por las actuaciones del Gobierno socialista, siempre a cuenta del procés y del independentismo catalán.

Esta vez han sido las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera la que ha cuestionado al juez García Castellón por sostener este último su convencimiento de que en las actuaciones de Puigdemont y otros miembros del Tsunami Democratic se cometieron actos terroristas.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) lamentan las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera en las que critica al juez de la Audiencia Nacional que instruye ‘Tsunami’, Manuel García Castellón, por su “querencia” a pronunciarse en “momentos políticos sensibles”.

En concreto, la APM, mayoritaria de la carrera judicial, ha sostenido que “no es de recibo” en un Estado de Derecho que un miembro del Ejecutivo “acuse veladamente a un juez de prevaricar”. Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han pedido al Gobierno que respete la labor de los jueces, y han recordado que los tiempos de la Justicia no dependen de los jueces.

Así reaccionan tres de las cuatro asociaciones judiciales después de que este viernes la vicepresidenta Ribera afeara la actuación del juez a cargo de la instrucción de la causa de Tsunami Democrátic, que ha ratificado su decisión de enviar el procedimiento al Tribunal Supremo para que se investigue al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras 10 personas por presuntos delitos de terrorismo.

“Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles”, asegura Ribera en declaraciones a TVE.

Comunicado emitido por la APM

La APM ha trasladado que le produce “una enorme tristeza que desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de lawfare y de judicialización de la política”.

Añade que, en una democracia plena, “las decisiones de los jueces se acatan y se cumplen y, cuando no se está de acuerdo con su contenido, se recurren cumpliendo los trámites legales”.

“Lo que resulta inaceptable es este ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes tiene las más altas responsabilidades políticas, tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y, en definitiva, los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho, la única garantía de la convivencia pacífica en nuestro país”, apunta.

Los pronunciamientos judiciales obedecen a actuaciones procesales

Por su parte, Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, ha incidido en que “los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política”. En este sentido, ha explicado que los pronunciamientos de un juez en una resolución judicial obedecen a actuaciones procesales de las partes y “no surgen por arte de magia”, sino que “España es un Estado de Derecho y las resoluciones judiciales se recurren”.

Oliva ha asegurado que los comentarios de la vicepresidenta Ribera “están desprestigiando al país” al entender que “señalar a los jueces solo genera desconfianza en la ciudadanía”, por lo que ha pedido “respeto” al Poder Ejecutivo.

En la misma línea, Fernando Portillo, de FJI, afea la “querencia” de los políticos a “protestar cuando las decisiones judiciales no les convienen, o por contenido, o por momento, o por ambas cosas”.

Asimismo, recuerda que “los tiempos de los procesos judiciales no dependen de los jueces”. En el caso del procedimiento relativo a Tsunami Democràtic, recalca que lleva años investigándose y que “lo que no se puede hacer es acomodar su tramitación a los intereses políticos de nadie según el momento, parando cuando no vaya a molestar a ningún partido y acelerándose cuando convenga a otros”.

Sobre el reciente auto de García Castellón, explica que “si la Fiscalía no hubiese recurrido la decisión inicial del juez, este no se habría tenido que pronunciar justo en este momento”. “Lo que no pretenderá nadie es que el juez no resuelva un recurso de la Fiscalía a la espera de que termine la tramitación de la ley de amnistía”, ha apuntado Portillo en declaraciones a Europa Press.

En todo caso, para el portavoz de FJI “sobran” los “señalamientos públicos, y menos por decisiones que no son en absoluto definitivas”.