Hoy: 15 de octubre de 2024
Nacionalistas vascos, catalanes y Sumar aprietan el acelerador de cara a la investidura para la presidencia del Gobierno de España. A menos de un mes del intento del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha vuelto a postergar a Vox; tras su “provechosa” conversación telefónica de este miércoles con el lehendakari y el encuentro fallido con Pedro Sánchez.
El candidato ‘popular’ ha aplazado ‘sine die’ su inevitable reunión con Santiago Abascal, pese a que ambas formaciones gobiernan en coalición varias comunidades autónomas y tienen pendiente decidir si forman ejecutivo en Murcia o repiten elecciones autonómicas.
La actual coyuntura política favorece los reclamos nacionalistas debido a la incapacidad de PSOE y PP para pactar una alianza estratégica en favor de España. Carencia que alimenta los afanes del nacionalismo periférico y su influencia política.
El líder de Junts, Carles Puigdemont, enfrió este jueves el optimismo del bloque de izquierda de cara a la investidura, aclarando que “no hay ninguna negociación en marcha” ni una propuesta de amnistía, que también reitera ERC.
Puigdemont asegura que “no hay ninguna negociación en marcha” ni propuesta de amnistía en la mesa, similar a la presentada en 2021 y que la Mesa del Congreso inadmitió a trámite por inconstitucional; tesis que asumió entonces el PSOE.
Quince días después del acuerdo para la Mesa del Congreso, la catarata de especulaciones como pretendidas informaciones, llevan a conclusiones erróneas, que habrá que aclarar pronto, aseguró el expresidente de la Generalidad de Cataluña en un tuit, donde reconoció conversaciones con diferentes grupos políticos, pero aclaró que vienen de la anterior legislatura.
Pero Puigdemont aprovechó el tuit para generar expectativas sobre un anuncio que hará el 5 de septiembre, cuando Junts fijará el marco de la posible negociación, durante una intervención a las 11:00 horas desde Bruselas, de la que solo adelantó que desvinculará la reciente disolución del Consejo de la República catalana con la negociaciones para formar gobierno.
Los partidos a la izquierda del PSOE, con Sumar a la cabeza, creen haber encontrado un encaje legal a la amnistía para Puigdemont y los suyos, argumentando que la Constitución no prohíbe expresamente amnistiar, incluso llegan a hablar de “limbo jurídico” y aluden al artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como una vía para la amnistía sin tocar la Constitución.
El citado artículo expresa textualmente: “Serán tan sólo objeto de artículos de previo pronunciamiento las cuestiones o excepciones siguientes: La de declinatoria de jurisdicción; la de cosa juzgada; la de prescripción del delito; la de amnistía o indulto; la falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea necesaria, con arreglo a la Constitución y a Leyes especiales”.
Sumar y demás partidos defensores del empleo del artículo 666, sostienen que contempla la amnistía como excepción para no afrontar un juicio. Pero juristas de diferentes tendencias recuerdan que ya es asunto juzgado y ven mejor encaje a un indulto; opción que rechaza de plano Puigdemont, pese a que muchos de sus compañeros ya fueron indultados por el gobierno de Pedro Sánchez.
Los promotores de la amnistía carecen de los votos necesarios para hacerla constitucional
Aunque la postura del bloque de izquierda es conceder la amnistía, no podrá hacerlo mediante una reforma de la Constitución, que supondrían, como mínimo, una mayoría de tres quintos de la Cámara Baja.
La suma total de los partidos que se han manifestado a favor de amnistiar a Puigdemont y los suyos no alcanza los 210 diputados necesarios, lo que impediría tramitarla por vía de reforma constitucional. Solo con los votos en contra del Partido Popular y Vox (170 escaños), quedaría rechazada por el Congreso.
Ante estos escollos, EH Bildu ha sido tajante: “No interesa a nadie la repetición electoral. Será difícil investir a Sánchez, pero saldrá adelante”, aseguran fuentes de la formación abertzale, conocedora de la postura inflexible de Junts de perdón y olvido para sus condenados o generales en diciembre.
El PNV renuncia a reformar la Constitución
El lehendakari Íñigo Urkullu pidió este jueves una “reinterpretación” de la Constitución y abogó por una cumbre territorial para el encaje de las singularidades catalanas, gallegas y vascas, que definió como nacionalidades, en una tribuna en el diario El País.
Urkullu replantea “la necesidad de una Convención Constitucional” para debates como la amnistía o el modelo de Estado, pero con el límite de no reformar la Constitución para lo que se necesita una mayoría cualificada en ambas cámaras legislativas y un probable referéndum de ámbito español y no regional.
La meta del PNV consiste en avanzar hacia una “España plurinacional” que amplíe el autogobierno de Euskadi, pero también los de Galicia y Cataluña, y que reconozca a las tres nacionalidades históricas la “capacidad de decidir”.
La convención defendida por el PNV se realizaría de forma bilateral, en términos de lealtad entre el Estado y territorios y en aras de buscar una “actualización” del modelo territorial, que Urkullu pone sobre la mesa en medio del debate sobre la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica.
El PSOE considera “legítima” la propuesta del lehendakari, pero aclaró que no es la suya, por boca del ministro de la Presidencia en funciones. Mientras Pilar Alegría, portavoz socialista, recordó que el modelo territorial de España ya “está refrendado”.
La iniciativa del lehendakari se publica un día después de una conversación de media hora con Núñez Feijóo, a quien remitió a Sabin Etxea para negociar un probable apoyo a su investidura, fijada para el 27 de septiembre por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.