Moix propone 1.000 euros de sanción para la fiscal García Cerdá

El promotor de la acción disciplinaria concluye el expediente contra la fiscal que llevaba el caso secreto del antiguo bufete de Cristóbal Montoro por ordenar una diligencia que no se ha podido probar

ERNESTO EKAIZER / EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

1000 euros. ¿The end? El promotor de la acción disciplinaria del Ministerio Fiscal Manuel Moix ha finalizado su pliego de cargos contra la fiscal Carmen García Cerdá, integrante de la Fiscalía Anticorrupción, en la que propone una sanción de 1.000 euros por desobedecer a su jefe, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, en las diligencias de investigación del antiguo bufete de Cristóbal Montoro, Equipo Económico, un procedimiento que se lleva el juez Rubén Rus Vela, titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona.

Moix rechazó abstenerse como pedía García Cerdá a raíz de un enfrentamiento que mantuvieron en 2017, con motivo de la entrada y registro en el Canal de Isabel II para investigar al entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, una diligencia a la que Moix, nombrado en aquellas fechas fiscal Anticorrupción, se opuso. El fiscal General del Estado, Álvaro García, respaldó el argumento de Moix de que no existía razón para abstenerse.

Carmen García Cerdá, acompañada de letrado prestó declaración ante Moix, y negó haber desobedecido a su jefe Luzón, en el sentido de haber ordenado alguna diligencia en el procedimiento en el que carecía de potestad para ello. Luzon puso en conocimiento de la fiscal jefa de Inspección Fiscal, María Antonia Sáinz Gaite, los hechos, que terminaron en la esfera del promotor de la acción disciplinario, un cargo creado en 2022 y en el que el fiscal general del Estado, García, propuso en noviembre de dicho año al Consejo Fiscal el nombramiento de Moix.

La prohibición fue el resultado de diferencias entre García Cerdá y Luzón que se saldaron a favor del segundo en una junta de fiscales de la Fiscalía Anticorrupción celebrada en septiembre de 2023.

El caso de Montoro-Equipo Económico lleva bajo secreto sumarial casi cinco años y ha probado ser un procedimiento de alto voltaje político porque se refiere a las relaciones de dicho bufete con Montoro e informaciones sobre personalidades públicas relevantes.

Tras apoyar la mayoría de la junta de fiscales a Luzón -con varios votos a favor de García Cerdá y al menos un voto particular de la fiscal Concha Sabadell-, el fiscal jefe prohibió a la fiscal seguir haciendo diligencias sobre una parte de los procedimientos que se llevan en el juzgado de Tarragona, en particular el caso de Equipo Económico, que quedó a cargo del número dos de Anticorrupción, Antonio Romeral.

A oídos del fiscal Luzón llegó la información de que García Cerdá había dado, presuntamente, instrucciones a un integrante de los Mossos de Escuadra que participan en las diligencias y sobre las que tenía vedado intervenir tras la citada junta de fiscales de septiembre pasado.

Con todo, García Cerdá ha negado los hechos cuando fue interrogada por Moix. Su conversación con el mosso en cuestión ni habría sido iniciativa suya ni impartió instrucción alguna. Y en cualquier caso la conversación afectaba a la parte del procedimiento que sigue bajo su intervención.

Tampoco el miembro de los Mossos que actúa en calidad de policía judicial confirmó la versión de que García Cerdá le había dado instrucciones en la conversación verbal mantenida.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece en sus artículos 61 y 66 las faltas en las que pueden incurrir los miembros de la carrera en el ejercicio de sus funciones. Las faltas graves, como la que se imputa a García Cerdá -desobedecer a su superior jerárquico- se sancionan “con multas de 300 euros a 3.000 euros” (artículo 66.2).

García Cerdá tiene todavía plazo para presentar su pliego de descargo antes de que adopte la decisión el fiscal general del Estado.

En todo caso, las amenazas que se airearon al comienzo del procedimiento de sancionarla por una falta “muy grave”, con posible suspensión, traslado forzoso o separación del cargo se ha quedado en la multa, que podrá ser recurrida, caso de que el FGE mantenga el criterio de Moix, en la vía contencioso-administrativa.