La Audiencia Nacional ordena a la UCO entregar el material incautado a Leire Díez para su revisión

El juez busca filtrar la documentación incautada en los registros para separar la información relevante para la investigación de los datos ajenos a la causa

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha pedido a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que remita el material incautado en los registros realizados en el domicilio de Leire Díez. Con esta decisión, el magistrado pretende revisar toda la documentación y realizar un expurgo de la información.

En concreto, el juez quiere separar los documentos que sí guardan relación con la investigación de aquellos que no tienen relevancia para la causa. De esta forma, el procedimiento judicial podrá centrarse únicamente en los elementos que puedan aportar pruebas.

Los registros se llevaron a cabo en diciembre de 2025 en varias viviendas relacionadas con la investigada. Durante esas actuaciones, los agentes de la UCO recopilaron documentos, dispositivos electrónicos y archivos digitales. Ahora, el juez quiere analizar ese material con mayor detalle.

Además, este proceso también busca proteger información privada o datos personales que no estén vinculados con la investigación. Así, el tribunal podrá garantizar que solo se utilicen los documentos necesarios para esclarecer los hechos.

Todo este procedimiento se desarrolla dentro de una causa que permanece bajo secreto de sumario. La investigación analiza posibles irregularidades en contratos relacionados con empresas públicas vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Una investigación sobre presuntas comisiones en contratos públicos

La investigación judicial gira en torno a supuestas comisiones ilegales en contratos públicos. En diciembre de 2025, las autoridades detuvieron a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar.

Sin embargo, tras pasar a disposición judicial, el tribunal decidió dejarlos en libertad con medidas cautelares. Entre ellas figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

Según los investigadores, los tres habrían participado en un grupo denominado “Hirurok”. Este supuesto entramado habría intervenido en distintos expedientes administrativos. Para ello, los implicados habrían aprovechado sus contactos y su influencia en determinados ámbitos públicos.

Además, los investigadores sospechan que el grupo obtuvo más de 700.000 euros en comisiones vinculadas a varias operaciones relacionadas con entidades públicas.

Por otra parte, la defensa de Leire Díez presentó en enero de 2026 un recurso para solicitar el levantamiento del secreto de sumario. En ese documento, los abogados afirmaron que la investigada colaboró desde el primer momento con la investigación. Según explicaron, entregó voluntariamente documentos, dispositivos electrónicos y claves de acceso.

Mientras tanto, la causa sigue abierta. El análisis del material incautado puede resultar clave para esclarecer los hechos. Por ello, el juez quiere revisar cuidadosamente la documentación antes de incorporarla definitivamente al procedimiento.

En los próximos meses, el tribunal deberá evaluar las pruebas reunidas. Solo entonces podrá determinar si existen responsabilidades penales en las presuntas irregularidades investigadas.