Hoy: 11 de febrero de 2025
En las últimas horas han ocurrido dos cosas a las que no estamos acostumbrados. Una es saber que por primera vez los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha quedado en 1.84 euros tras la reciente subida, tendrá que tributar por IRPF en la declaración de la renta. La otra es asistir en directo a una ‘pelea’ entre miembros del mismo Gobierno contrarios o partidarios de la medida.
Los hechos sucedieron en la sala dedicada a las ruedas de prensa en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros. Comparecían la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, que siempre está, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que no es habitual pero que esta vez sí estaba porque se anunciaba la subida del SMI hasta los 1.184 euros mensuales por catorce pagas.
La noticia le hacía a la vicepresidenta muy, muy feliz, porque le ha costado lo suyo sacarla adelante, pero el gesto se le torció cuando un poco antes por la prensa y en el Consejo de Ministros tuvo noticia de que desde ahora el salario mínimo tributará por IRPF. Díaz lamentó ante los periodistas la falta de comunicación con el Ministerio de Hacienda que tutela la pizpireta María Jesús Montero. Dijo «falta de comunicación» pero quería decir falta de cortesía, de educación, de compañerismo político y de malos modos.
El cabreo del quince iba por haberse enterado de esa forma, que tiene toda la razón porque ha sido un feo enorme por parte de sus socios de Gobierno socialistas, y por la decisión de que se tribute. En la rueda de prensa, y refiriéndose a la vicepresidenta Montero y al resto del Gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz manifestó que la pregunta no es si subir o bajar impuestos, sino quién tiene que pagar impuestos y sentenció: «La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo».
Decía esto porque minutos antes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le pedía públicamente a la titular de Trabajo que haga «pedagogía fiscal» porque «todo no se resuelve con una bajada de impuestos». Para Hacienda, lo que no pueden hacer las fuerzas progresistas y de izquierdas es estigmatizar los impuestos.
Y en ese sorprendente encontronazo y disparidad de criterios en el mismo Gobierno, Díaz recalcó que una peluquera tributa al 17,5%, mientras que una gran corporación lo hace al 3,8%. Del mismo modo, ha recordado que en España el 85% de la recaudación del IRPF proviene de las nóminas de los trabajadores y ha cargado contra «el regalo fiscal» a los «rentistas», que podrán desgravarse el 100% del IRPF si alquilan sus viviendas según el índice de referencia. «Lo que queremos es que quien más tiene aporte más y desde luego las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año sean exentas como lo han sido hasta ahora en nuestro país», ha enfatizado Yolanda Díaz en un texto que recoge Europa Press.
Tan mal pintaban las cosas que tuvo que meter baza la portavoz Pilar Alegría para recordar que, lo que se recauda, va en beneficio de mejorar las políticas y servicios públicos. «Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso», ha subrayado.
Desde el Ministerio de Hacienda defienden que, con este incremento, «la mayor parte de trabajadores que ganan el SMI seguirán sin sufrir retenciones por el IRPF». Al mismo tiempo, el Ejecutivo asegura que la minoría que pueda sufrir una retención pagará muchos menos impuestos que los que pagaría con el IRPF vigente con el Partido Popular.
En concreto, según los cálculos de los expertos para la subida del SMI, solo a un 20% de los perceptores de este salario se le aplicarán las retenciones del impuesto sobre la renta tras la última subida, lo que suponen casi medio millón de trabajadores. Todo dependerá, eso sí, de la situación personal y familiar de cada contribuyente.