Los Mossos cometieron el «error judicial» por no verificar que los okupas ya no estaban

La negligencia se debió a una falta de comunicación entre el Juzgado de Instrucción 5 de Barcelona y el Juzgado de Instrucción 4, situados a apenas unos metros de distancia

El pasado 8 de septiembre, FUENTES INFORMADAS adelantaba una historia digna de las mejores novelas policíacas. Un grupo de Mossos d’Esquadra allanaba la vivienda que, según creían, constituía el cuartel de operaciones de ‘Los Manolos’, un clan de narcotráfico perseguido por la justicia de Barcelona.

Allí encontraron a Jordi Rojo y a su familia, los legítimos propietarios del inmueble, a quienes, según el propio Jordi, apalearon «hasta en 50 ocasiones» antes de desvalijar la casa, que dejaron «hecha unos zorros».

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha arrojado este jueves algo de luz sobre el episodio. Los magistrados entienden que, evidentemente, se produjo una equivocación en la manera habitual de proceder, pero dicho error no emanó de la Justicia, sino de los propios agentes, quienes no verificaron la identidad de los residentes antes de irrumpir en la vivienda.

No obstante, si se cargan ambos platos de la balanza, lo cierto es que el tribunal también tiene una parte considerable de responsabilidad. Los Mossos actuaron acatando las órdenes del Juzgado de Instrucción 4, quien dio luz verde para iniciar la operación sin constatar antes la decisión con su vecino, el Juzgado de Instrucción 5, quien era conocedor de que los buscados narcotraficantes ya no se encontraban en el piso.

En definitiva, tanto el Poder Judicial como la Policía han incurrido en un error cuyas consecuencias ha terminado pagando la prole de Jordi. «Mi hijo mayor tiene hoy 8 años pero todavía recuerda cuando los Mossos d’Esquadra tiraron abajo la puerta de nuestro piso de Adrià del Besòs, y a mí me golpearon y me pusieron las esposas. Después de aquello, cuando mi hijo veía a un mosso o a un guardia urbano por la calle me decía, ‘mira, papa, los ladrones que entraron en nuestra casa’. Y se agarraba a mí con fuerza», cuenta a Confilegal.

El origen del «error»

El cabeza de familia desgranó al completo a este periódico su versión de los hechos. «La casera nos subió la cuota de 600 a 900 euros. La verdad es que estábamos haciendo el ‘pringao’. Nos fuimos a vivir con mi suegra durante un tiempo. Fue entonces cuando decidimos recuperar la casa de mis padres, en la que yo había vivido toda la vida, hasta que me casé. Pensaba que la tenía mi hermano, con el que había perdido el contacto». Su hermano la abandonó sin previo aviso y la propiedad pasó a ser ocupada poco después de su marcha.

Cuando Jordi atravesó el umbral del que sería su nuevo hogar, se dio de bruces con el supuesto clan dedicado al narcotráfico. Jordi reconoció haber presentado una denuncia por delitos leves contra los okupas, que, según relata, lo increpaban a través de WhatsApp. Al escuchar su testimonio, la magistrada del Juzgado de Instrucción 5, Marta Forcada Noguera le devolció la posesión del apartamento el 23 de junio de 2020.

Tan solo ocho días después tuvo lugar el desliz. El 30 de junio, el magistrado Noales Tintoré, sin contemplar la resolución anterior, ordenó la redada que serviría para arrestar a la banda de traficantes. Unos traficantes que ya no estaban allí.

Fue la abogada Aranzazu Fernández Menéndez quien dio carpetazo al asunto al presentar una reclamación de indemnización por daños y perjuicios, que justificó con un «funcionamiento anormal de la Administración de Justicia». La compensación podría ascender a los 9.000 euros.

La víctima califica el episodio de «una cagada en toda regla» y a día de hoy se encuentra a la espera de ser retribuido.