Los jueces y fiscales de España avisan a Bruselas del impacto de las acusaciones de ‘lawfare’ en la Justicia

Los informantes han sido la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

Al menos dos asociaciones de jueces y dos de fiscales han avisado con motivo de la cuarta reunión con la Comisión Europea para evaluar el Estado de Derecho en España, del impacto de los aforamientos y las acusaciones de lawfare en la percepción de «politización de la Justicia» que tiene la sociedad.

En concreto, han sido la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) quienes han advertido de que los «ataques» a miembros del Poder Judicial y las acusaciones de lawfare hacia jueces y fiscales por parte de políticos «minan gravemente la confianza en la judicatura»

Sobre este extremo, han insistido en que «es inadmisible que los jueces y fiscales sean llamados al Parlamento en comisiones parlamentarias que tienen por objeto investigarlos».

Respecto a los aforamientos, han asegurado que «constituyen un régimen privilegiado de enjuiciamiento para políticos que acentúa la percepción de politización de la Justicia».

Asimismo, han denunciado que «las puertas giratorias entre política y Justicia» son también «un grave problema en España». Sobre este asunto, han incidido en que «mientras la Constitución dice que el régimen de incompatibilidad debe asegurar la total independencia, la legislación que favorece el billete de ida y vuelta es problemática desde el punto de vista de la separación de poderes y de la necesaria independencia de los jueces y los fiscales en el fondo y en la forma».

En el marco del comunicado difundido este martes, han advertido a su vez de la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene el mandato caducado desde diciembre de 2018, algo que «tiene un impacto significativo en la percepción pública de la independencia judicial y en el funcionamiento de los tribunales debido a la imposibilidad de cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los tribunales».

Jubilaciones en la judicatura

Las asociaciones firmantes también han recordado que «el Greco (Grupo de Estados Contra la Corrupción) reclama desde el año 2013 que los vocales jueces del Consejo sean elegidos por los jueces» y han defendido que «la promoción profesional de jueces y fiscales basada en sistemas de nombramiento discrecional, poco transparentes, afecta a la confianza de la sociedad en el poder judicial y en la Fiscalía».

Al margen, han aprovechado para señalar que, «a pesar de que se prevé que en diez años se jubilará un tercio de la carrera judicial«, «no existe planificada ninguna medida para hacer frente a la falta de jueces».

Así las cosas, han insistido en que llevan «décadas» pidiendo medidas para «despolitizar la Justicia» y medios personales y materiales «sin que los gobiernos de uno u otro signo quieran solucionar estos graves problemas». «No hay Estado de Derecho sin un poder judicial independiente y con medios», han apuntado.