Jueces para la Democracia demanda que vuelva el examen escrito y anónimo para acceder a la carrera

La institución informa que la “inminente puesta en marcha de los tribunales de instancia” es un “momento ideal” para incrementar la planta judicial “en aquellos lugares donde se detectan déficits estructurales

El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, ha reclamado al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una ambiciosa convocatoria de plazas judiciales y fiscales, como complemento imprescindible al proyecto de ley de impulso de las carreras judicial y fiscal. La iniciativa legislativa, según Rodríguez, contempla mejoras necesarias, pero corre el riesgo de quedarse corta sin un refuerzo estructural de personal.

Desde JJpD se valora positivamente que el proyecto contemple medidas como el rango legal para las becas, la recuperación de una prueba práctica escrita y anónima para el acceso a la judicatura, y la posibilidad de preparación pública en el Centro de Estudios Jurídicos. Sin embargo, Rodríguez advirtió que estas reformas, aunque acertadas, no podrán desplegar su efecto transformador si no van acompañadas de una convocatoria de “varios cientos de plazas durante al menos una década”.

El portavoz subrayó que España arrastra un “déficit endémico” de jueces, agravado por el envejecimiento del cuerpo judicial, las jubilaciones anticipadas y la escasa oferta pública de plazas. Aprovechar el contexto de la inminente puesta en marcha de los tribunales de instancia sería, en su opinión, una oportunidad estratégica para ampliar la planta judicial, incluso en órganos como el Tribunal Supremo.

Además, Rodríguez defendió los avances que incorpora el proyecto de ley, como la ampliación de la Comisión de Ética Judicial, la democratización de las elecciones internas o la reorganización del Ministerio Fiscal. A pesar de reconocer que existen aspectos mejorables, insistió en que el texto representa un progreso notable respecto al sistema actual.

Frente a las movilizaciones anunciadas por otros sectores judiciales, Rodríguez fue tajante al afirmar que la norma “no vulnera la independencia judicial” ni justifica huelgas o paros. JJpD no participará en estas protestas, y sugiere centrarse en implementar las reformas pendientes —como la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal— con la inversión adecuada y un refuerzo de personal que garantice una justicia eficaz, ágil y al servicio de la ciudadanía.