Los tres principales sindicatos del sector público —UGT, CC OO y CSIF— han anunciado una concentración el próximo 30 de octubre frente al Ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, para exigir al Gobierno la apertura inmediata de negociaciones sobre un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos. Las organizaciones también convocarán movilizaciones en las subdelegaciones del Gobierno de todo el país. Si el Ejecutivo no responde, las protestas escalarán hasta una “gran concentración” en noviembre y una posible “huelga nacional” en diciembre.
En una nota conjunta, las tres centrales sindicales han dejado de lado sus diferencias para hacer frente común ante la “inacción del ministerio”. “Los problemas de los trabajadores se agravan cada día”, han advertido. Además de una subida de sueldos, reclaman la eliminación de las tasas de reposición, que limitan la creación de empleo público, y la reducción de la temporalidad, que afecta a miles de empleados del sector. Sin embargo, reconocen que la cuestión salarial es el eje central de su movilización.
Los sindicatos exigen al Ejecutivo “recuperar poder adquisitivo, mejorar las condiciones laborales y establecer un plan de empleo estable” para la Administración. Aunque aún no han definido una propuesta salarial común, coinciden en que el primer paso debe ser que el Gobierno convoque una mesa de diálogo y presente una oferta concreta. “Queremos negociar, pero primero tienen que sentarse”, señalan desde las organizaciones convocantes.
Desde CC OO, el coordinador del Área Pública, Lucho Palazzo, ha criticado duramente la falta de avances: “No es de recibo tener los salarios públicos congelados. Los sueldos en el sector privado están subiendo un 3,7% y nosotros seguimos igual”. Palazzo ha denunciado la “situación de abandono” que, según el sindicato, sufren los empleados públicos, y ha subrayado que “no se descarta ningún escenario de movilización” si el Gobierno no actúa.
Por su parte, UGT ha pedido al Ejecutivo que desbloquee la mesa de negociación. “Llevamos meses exigiendo una reunión con fecha, orden del día y compromiso por parte de Función Pública”, ha declarado Isabel Araque, secretaria de UGT Servicios Públicos. La dirigente sindical ha insistido en la necesidad de incluir cláusulas de revisión salarial en un nuevo acuerdo “para que los empleados públicos no sigan perdiendo poder adquisitivo”. Los sindicatos coinciden en que el tiempo se agota y que el conflicto podría escalar si el Gobierno no da una respuesta antes de final de año.