El presidente del CGPJ y Tribunal Supremo usará su “muñeca” entre el 8 y el 13 de septiembre para pactar el nombramiento de los dos magistrados que corresponde a dicho órgano junto a los dos que designará el Gobierno de Pedro Sánchez
El presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, cuenta con quince votos -tres más que la mayoría de tres quintos necesarios (12) – para cumplir, entre los próximos 8 y 13 de septiembre, con la obligación constitucional -aplazada desde el 12 de junio pasado- de nombrar a dos magistrados para sustituir a los magistrados caducados del Tribunal Constitucional, Santiago Martínez-Vares (conservador) y Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente (progresista). Con ellos y los dos que, a su vez, nombrará el Gobierno en sustitución del actual presidente, Pedro González-Trevijano (conservador) y Antonio Narváez (conservador) se abrirá una nueva etapa: la de la mayoría del sector progresista en el TC. Tras la toma de posesión se procederá a elegir, según obliga la ley, a los nuevos presidente y vicepresidente, respectivamente.
La paradoja es que el presidente y los vocales del CGPJ que van a elegir a los dos nuevos magistrados del TC son, a su vez, miembros cuyos mandatos están caducados desde hace tres años y medio, es decir, desde diciembre de 2018. Estos vocales ya caducados hace tres años y medio van a designar a los magistrados caducados el 12 de junio pasado que cumplirán en septiembre tres meses con sus plazos vencidos. Si se comparan ambas caducidades podría llegarse a la conclusión de que tampoco es para tanto.
Pero sería una lectura errónea. Porque estas caducidades están provocadas. El Poder Judicial es un campo de batalla en el que una derecha, el Partido Popular, que ya no gobierna desde junio de 2018, mantiene intacta -y renovada para sus intereses en ciertos estamentos- la estructura de mando anterior. Una expresión mucho más que simbólica del tratamiento de okupa que esa derecha ha dado a Pedro Sánchez desde el triunfo de la moción de censura y la consolidación en España de un Estado judicial.
Ante la renovación y al advertir que el presidente Lesmes ya no puede seguir adelante con el bloqueo del PP, la derecha, desesperada por la pérdida próxima de posiciones en el TC y en el CGPJ, ha empezado con sus bombitas inocuas de última hora: los bulos. Es el presentimiento de que ya nada más que enredar puede hacerse ante la imparable renovación.
El primero por orden de aparición es el referido al magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, miembro de la mayoría del tribunal del caso Gürtel primera época, cuya sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, describía que el PP fomentó “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional mediante la manipulación de la contratación pública central autonómica y local”.
Según el mensaje que repiten los “pastores”, medios de comunicación, a su “ganado”, los vocales del CGPJ, el magistrado De Prada es uno de los dos que va a nombrar el Gobierno para sustituir a uno de los dos vencidos. Ya vetado en 2018 par ser vocal del CGPJ en 2018, Pedro Sánchez lo habría “resucitado” ahors para nombrarle en el TC.
Es un bulo.
El Gobierno, como ya ha hecho en otras ocasiones, nombrará magistrados a catedráticos de diferentes especialidades. Nombrar jueces o exministros es meterse gol en propia. Porque deberían abstenerse en votaciones importantes, con lo cual la mayoría progresista quedaría menguada o debilitada. Se podrá argumentar que a Pedro Sánchez no le importa, como ha demostrado con la exministra de Justicia, Dolores Delgado, a quien nombró fiscal general del Estado. Pero ha escarmentado en carne propia.
Un nuevo bulo coloca en el centro de la escena – imaginaria- al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel Marchena, quien habría “renunciado” a entrar en el TC, lo que a su vez crearía un problema porque gozaría – según la invención- de amplio apoyo dentro del CGPJ. Dicha renuncia, se dice, mantendría el bloqueo los dos nombramientos en el CGPJ.
Toda la construcción carece de sentido. Porque Manuel Marchena (63 años) no tiene interés alguno en incorporarse a un TC de mayoría progresista, ni un número importante de vocales del CGPJ están por la labor tras la experiencia de 2018, ni el PP, y esto es relevante, tiene incentivo alguno para sugerir que abandone la presidencia de la Sala Segunda, que se ocupa de enjuiciar a los miembros del Gobierno y a muchos aforados. Porque su sustituto no sería esta vez un conservador sino el magistrado Andrés Martínez Arrieta.
¿Para qué? ¿Para estar en minoría varios años? ¿Para tener que abstenerse en cuestiones relevantes como de las cuales fue ponente en la sentencia de 2019 sobre el procés? ¿O en el caso de las sentencias pendientes en los recursos de amparo contra la sentencia del Supremo sobre el diputado canario Alberto Rodríguez y contra su expulsión del Congreso de los Diputados, resuelta por la presidenta Meritxell Batet después de mantener contactos con Marchena, miembro del tribunal que le condenó a 45 días de inhabilitación, que terminarán en una decisión de privarle de su escaño? ¿Le serviría a la próxima minoría conservadora un voto menos en cuestiones relevantes?
Pero también está la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En noviembre de 2018, cuando Marchena se preparaba para acometer un proyecto que fracasó para él en 2013 -ser presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ-, la negociación secreta entre el exministro Rafael Catalá y la ministra Dolores Delgado, para nombrar a Marchena conoció un quiebro al filtrarse que el presidente de la Sala Segunda era la persona pactada, una vía de agua para abortar su candidatura.
Pero, además, después llovió sobre mojado. Para explicar a los senadores -ávidos de venganza contra la entonces reprobada Dolores Delgado- por qué valía la pena el acuerdo, el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea escribió un texto que el portavoz del Senado, Ignacio Cosidó, envió por whatsapp a toda su bancada. En él se presumía de que poner a Marchena suponía poner “un presidente excepcional…y además controlando la Sala Segunda [del Supremo] desde detrás y la sala del 61 [la que es presidida por el presidente del Supremo y decide sobre temas de gran relevancia] Ha sido una jugada estupenda”.
Si tan importante era para el PP “controlar la Sala Segunda desde detrás”, ¿por qué ahora va a dejar de controlarla desde “delante”?
Marchena, tras explotar la bomba, emitió un comunicado en el que anunciaba su decisión de “no ser incluido para el caso en el que así fuera considerado entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial”.
No es que el magistrado estuviera “entre los candidatos”. Era el candidato tapado ya pactado. Y para ello había prestado su acuerdo en secreto a Catalá quien la propuso a Delgado. Ya estaba todo atado. Marchena abandonaría la presidencia de la Sala Segunda y ello suponía renunciar a la presidencia y ponencia en el tribunal del procés.
La filtración de su nombre primero y el whatsapp García Egea-Cosidó dinamitaron el segundo intento por parte de Marchena para acceder al puesto. Por tanto, no renunciaba a lo que, en realidad, ya no tenía después de la explosión.
Ahora, el bulo circulante también sostiene que Marchena ha “renunciado” a lo que tampoco tenía a mano en este caso, incluso sin estar interesado en ello: es decir a entrar en el TC.
Por otra parte, también es tradición que el sector conservador elija un hombre que ha sido presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la organización de magistrados conservadores. Ocurrió en 2004 con la nominación del magistrado Ramón Rodríguez Arribas y volvió a ser así en 2013 con el de Santiago Martínez-Vares, quien, incluso, estaba ya jubilado.
Uno de los candidatos del que se habla es precisamente el magistrado de la Sala II del Supremo, Pablo Llarena, por haber sido presidente de la APM. Claro que sí entrase en el TC debería abstenerse en los recursos del procés, asunto que ha instruido.