Las extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias

El abogado del cantante dice que no tiene «noticia formal» de la querella y recuerda que ya se declaró la falta de la jurisdicción española

Las dos extrabajadoras que acusaron al cantante Julio Iglesias de presuntas agresiones sexuales y abusos laborales han presentado una querella ante la Audiencia Nacional, según ha informado la organización Women’s Link.

Las denunciantes, identificadas como Rebeca y Laura, solicitan que se investiguen presuntos delitos de explotación laboral y violencia sexual que habrían tenido lugar en 2021 en las propiedades que el artista posee en Bahamas y República Dominicana.

Desde la organización jurídica que las acompaña sostienen que el cantante habría aprovechado su «posición de poder» y la situación de vulnerabilidad de las empleadas para «captarlas, trasladarlas y alojarlas» en sus residencias bajo un clima de intimidación constante, sometiéndolas supuestamente a agresiones sexuales continuas y a condiciones laborales degradantes.

Por su parte, el abogado del artista, José Antonio Choclán, ha indicado a Europa Press que no tienen «noticia formal» de que se haya presentado la querella. «En todo caso ya se declaró la falta de la jurisdicción española. No podemos decir mucho más», ha zanjado respecto a un procedimiento que surge tras una investigación periodística previa publicada por elDiario.es y Univisión Noticias.

Falta de jurisdicción española

La presentación de esta querella se produce después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional acordara a principios de año archivar las diligencias previas al apreciar la «falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia» para conocer de hechos presuntamente cometidos en el extranjero, concediendo en su momento la condición de testigos protegidos a las afectadas.

Pese al anterior archivo fiscal, la representación legal de las demandantes argumenta que los tribunales españoles sí tienen competencias amparándose en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados internacionales ratificados por España en materia de derechos humanos. Al respecto, la directora ejecutiva de Women’s Link, Jovana Ríos Cisnero, ha subrayado que «el Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada».

La investigación periodística acumulada durante tres años recoge testimonios de una quincena de exempleadas que habrían desempeñado labores domésticas y profesionales para el artista entre los años 1990 y 2023. Las querellantes actuales, una empleada de hogar y una fisioterapeuta, aseguran haber sufrido episodios de tocamientos, insultos, presiones y vejaciones físicas y verbales en un entorno de acoso continuado.