Las autoridades de Kenia imputan a unas cien personas por la muerte de más de 400 miembros de una secta cristiana

La Fiscalía recalca que hay base suficiente para juzgar a 95 sospechosos por una lista de cargos entre los que figuran asesinato y agresión, entre otros

Las autoridades de Kenia han presentado una batería de cargos contra unas cien personas por la muerte de más de 430 miembros de una secta cristiana que ayunaron hasta la muerte en Shakahola (sur) siguiendo órdenes de su líder, quien figura entre los principales acusados.

Tras un análisis exhaustivo de las pruebas, la Fiscalía keniana ha recalcado que hay base suficiente para «juzgar a 95 sospechosos» por una lista de cargos entre los que figuran asesinato, homicidio, agresión, participación en actividad criminal, radicalización, facilitación de la comisión de un acto terrorista y posesión artículos conectados a delitos que recaen bajo la Ley de Prevención del Terrorismo.

Asimismo, ha presentado cargos por violaciones de la Ley del Niño, la Ley de Prevención de la Tortura y la Ley de Educación Elemental por «someter a un niño a torturas» y «violar el derecho de un niño a la educación», según un comunicado publicado en su página web.

Está previsto que el líder de la secta, Paul Mackenzie, y otros 30 acusados sean los primeros en comparecer este miércoles ante el Alto Tribunal de Malindi, tras lo que el resto de imputados serán trasladados y juzgados en grupos, dependiendo de los cargos presentados contra ellos, según ha informado el diario keniano The Star.

El ayuno hasta la muerte

Los principales líderes de la secta instaron a los adeptos a practicar el ayuno hasta la muerte bajo la promesa de que se encontrarán con Jesucristo en una nueva vida. El presidente de Kenia, William Ruto, ha descrito a Mackenzie como un «terrible criminal», mientras que su Gobierno anunció que convertirá el bosque en un «memorial nacional» para las víctimas.

Por su parte, el ministro de Interior de Kenia, Kithure Kindiki, consideró la masacre de Shakahola como «la peor brecha de seguridad en la historia del país», aprovechando la ocasión para anunciar que el Gobierno «impulsará reformas legales para controlar a los predicadores deshonestos que abusan de las escrituras sagradas para dañar a sus seguidores y adoctrinarlos mediante el extremismo religioso».