La gerente del PSOE señala a Cerdán como responsable de los pagos investigados en el caso Leire Díez

Ana María Fuentes niega ante el juez haber emitido facturas falsas y sitúa el origen de los encargos en el exsecretario de Organización socialista

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, declaró este miércoles como investigada ante la Audiencia Nacional. Según su versión, fue el exsecretario de Organización Santos Cerdán quien ordenó los encargos y los pagos vinculados a la trama del caso Leire Díez.

Ante el juez instructor, Santiago Pedraz, Fuentes negó haber emitido facturas presuntamente falsas. Una de ellas se dirigía al despacho vinculado a Ismael Oliver, exabogado del asesor Koldo García. La otra estaba a nombre de Jacobo Teijelo, letrado del propio Cerdán y también imputado.

Según fuentes jurídicas, la gerente sostuvo que su función se limitaba a la gestión económica del partido. Afirmó que no supervisaba esos encargos, que describió como servicios de asesoría jurídica ordenados por Cerdán.

Tras su comparecencia, declaró Ismael Oliver, también imputado en la causa. La investigación indaga en una supuesta trama para desbaratar los procedimientos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. Habría estado liderada por Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

El encargo sobre Koldo García que nunca se cobró

Oliver explicó que Díez lo contactó para estudiar las comparecencias ante la comisión parlamentaria sobre la llamada Operación Cataluña. Situó ese encargo dentro de la asesoría jurídica que el partido necesitaba, dada la cantidad de causas judiciales que le afectaban.

El abogado añadió que, tras varias reuniones con Díez, esta le insinuó que sería el PSOE quien pagaría la defensa de Koldo García. Aseguró, sin embargo, que nunca llegó a cobrar por ese trabajo.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sospecha que el PSOE recurrió a empresas de Oliver y del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías. Con ellas, según la UCO, se pagaron 43.225 euros a Díez. Según su informe, se interpusieron varias sociedades para hacerle llegar fondos con origen en el partido.

Los investigadores detectaron al menos cinco pagos en una cuenta bancaria de Díez. Cuatro de ellos fueron transferencias de 4.000 euros cada una, hasta sumar 16.000 euros entre junio y septiembre de 2024. Procedían de la empresa Zaño Sociedad Consultora, ligada a Zarrías. El quinto pago, de 27.225 euros, salió de la sociedad Oliver Gruppe.

La responsabilidad de la gerente, según el juez

Santiago Pedraz asumió toda la causa después de que el primer instructor, Arturo Zamarriego, le remitiera su parte de la investigación. En un auto, apuntó a la responsabilidad indiciaria de Fuentes. La sitúa al menos como presunta cómplice y, en todo caso, como posible autora de un delito de falsedad en documento mercantil.

Según la UCO, Fuentes habría sido la encargada de falsear dos notas de encargo profesional. Habría actuado bajo las directrices de Cerdán y con la intermediación de Díez. Una de esas notas se firmó con el despacho de Oliver y la otra con Jacobo Teijelo.

Los investigadores describieron el propósito de esos documentos con claridad: «Ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados».

Una pieza separada sobre los pagos a Díez

La UCO sostiene además que las cuatro nóminas que Leire Díez recibió de la consultora de Zarrías eran, en realidad, un método distinto. Servían para canalizarle dinero procedente del PSOE.

El pasado mes de julio, Pedraz abrió una pieza separada centrada en los pagos que presuntamente realizó el partido a la exmilitante. En ella investiga la posible comisión de delitos relacionados con la corrupción.

El magistrado también reclamó información bancaria sobre más de 80 cuentas vinculadas a la causa. Entre ellas figuran seis del PSOE. También hay cuentas de Oliver, de Teijelo, de las sociedades Oliver Gruppe Estudio Jurídico y Oliver & Partners, y de Zarrías y su consultora.