La posición consensuada a 27 sale adelante con la única oposición expresa de España
La Unión Europea (UE), a través de sus 27 ministros de Justicia, acuerda la que será su posición negociadora de la reforma que establece penas mínimas comunes contra las mafias que trafican con personas, un endurecimiento de la normativa comunitaria que España comparte en el fondo pero contra la que se ha posicionado por considerar que diluye la cláusula que permite a los países no castigar penalmente a quienes socorren a migrantes por razones humanitarias.
La posición consensuada a 27 ha salido adelante con la única oposición expresa de España, si bien Alemania y Portugal también han señalado en el debate de ministros su desacuerdo con que la llamada “cláusula humanitaria” no se incluya en el articulado de la nueva norma sino que quede relegado en el preámbulo, sin el mismo valor legal.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avisado en el debate público que han mantenido los ministros en Bruselas de que si la referencia a la cláusula humanitaria se queda en los considerando, como propuso la Comisión Europea en su propuesta inicial y respaldan ahora los 27, la UE enviará un mensaje político que creen puede ser “preocupante”.
La cláusula en cuestión ya existe en la legislación comunitaria existente desde 2002 para aclarar que determinada asistencia a los migrantes irregulares, en concreto cuando se trata del apoyo a familiares o para cubrir necesidades básicas, puede no ser considerado constitutivo de delito penal de tráfico de migrantes.