Tras cuatro años congeladas por la pandemia, las regulaciones europeas vuelven con una mayor flexibilidad adaptada a la situación de cada país
La Unión Europea implementa las nuevas reglas fiscales diseñadas para limitar la deuda y el déficit de los Estados miembros. Después de cuatro años en pausa debido a la pandemia, estas regulaciones regresan con una adaptación más flexible a las circunstancias particulares de cada país, publicadas en el Diario Oficial de la UE.
La revisión de las reglas fiscales abarca tanto el reglamento sobre los brazos preventivo y correctivo como la nueva directiva sobre los requisitos para los marcos presupuestarios de los Estados miembros. El objetivo principal de esta reforma es reducir gradual, realista y sosteniblemente los ratios de deuda y déficit, al tiempo que se protegen las inversiones en áreas estratégicas como la digitalización, la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la seguridad.
Cada Estado miembro deberá presentar sus planes nacionales antes del 20 de septiembre de 2024, mientras que la Comisión Europea proporcionará una trayectoria de referencia para aquellos países con deuda pública superior al 60% del PIB o déficit público por encima del 3% del PIB, como es el caso de España.
Estas medidas también fomentarán reformas estructurales e inversiones públicas para promover el crecimiento sostenible, permitiendo a los Estados miembros solicitar una extensión del período de ajuste fiscal hasta un máximo de siete años, siempre y cuando realicen reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el crecimiento económico.
Para garantizar el cumplimiento, se aplicarán normas de salvaguardia a los países con exceso de deuda, requiriéndoles reducir su deuda anualmente en un porcentaje específico de acuerdo con su nivel de endeudamiento.
Del mismo modo, si el déficit de un país supera el 3% del PIB, deberá reducirse durante los períodos de crecimiento hasta alcanzar un nivel del 1,5% del PIB, con el fin de crear un margen de maniobra para condiciones económicas adversas.
Estas nuevas disposiciones no solo buscan mantener la estabilidad financiera en la UE, sino también promover un crecimiento sostenible y equitativo en toda la región, adaptándose a los desafíos del panorama económico actual.