La crisis del Consejo General del Poder Judicial

El asedio a la independencia judicial en el sistema democrático

«La justicia que se ensaña con el inocente para dar ejemplo, no es justicia, es un sacrificio pagano en un altar de leyes.» Doctor Crisanto Gregorio León

La captura política de la cúpula judicial

El panorama institucional español se enfrenta a un fenómeno de erosión silenciosa que amenaza con transformar el órgano de gobierno de los jueces en una extensión de las mayorías parlamentarias de turno. No nos hallamos ante una simple demora administrativa en la renovación de sus cargos, sino ante una estrategia de bloqueo que vulnera el espíritu de la separación de poderes. Como catedráticos, observamos con rigor técnico cómo la interinidad prolongada despoja de legitimidad las decisiones de un Consejo que debería ser el escudo de la judicatura y no un campo de batalla para el reparto de cuotas de poder. Esta parálisis no solo afecta a la alta política, sino que proyecta una sombra de duda sobre la imparcialidad de todo el sistema, enviando un mensaje devastador a la sociedad: que la justicia puede ser gestionada bajo criterios de oportunidad partidista en lugar de principios de excelencia y mérito profesional.

El colapso operativo por la ausencia de nombramientos

La imposibilidad legal de realizar nombramientos en las plazas vacantes de los altos tribunales está provocando un estrangulamiento sin precedentes en la celeridad de los procesos. Decenas de vacantes en el Tribunal Supremo y en las audiencias territoriales permanecen desiertas, lo que se traduce en una acumulación de expedientes que compromete el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. Esta situación, lejos de ser un daño colateral, constituye una forma de desatención estatal hacia el ciudadano, quien ve cómo sus litigios —ya sean laborales, civiles o contenciosos— se dilatan en el tiempo por una carencia de personal que el poder político se niega a solventar. Como docentes, denunciamos que esta precariedad institucional es un ataque directo a la eficacia del derecho, convirtiendo la administración de justicia en una maquinaria lenta y desbordada que pierde su capacidad de respuesta ante los conflictos del mundo real, dejando al justiciable en una intemperie procesal injustificable.

La desvirtuación del mérito en la elección de los vocales

Resulta imperativo rescatar el sentido ético de la función pública para que el acceso al Consejo General del Poder Judicial no dependa de la afinidad ideológica, sino de una trayectoria profesional intachable y una probidad académica reconocida. El sistema actual ha derivado en una mecánica de intercambio de favores que asfixia la carrera judicial, donde los jueces más brillantes y comprometidos con la independencia se ven postergados frente a perfiles que aseguran la docilidad ante el mando político. Desde la universidad, sostenemos que la majestad de la ley exige jueces que no deban su cargo a la benevolencia del legislador, sino a su propio esfuerzo y capacidad técnica. La regeneración democrática pasa por devolver la voz a la magistratura en la elección de sus representantes, blindando la institución contra el sectarismo que hoy la atenaza y restaurando la confianza en que el gobierno de la justicia se rige por la ciencia del derecho y no por el cálculo de la urna.

El impacto en la seguridad jurídica y el orden civil

Cuando el máximo órgano judicial es percibido como un rehén de la política, la seguridad jurídica deja de ser un pilar sólido para convertirse en un terreno movedizo. La incertidumbre sobre la estabilidad de los criterios judiciales y la politización de los debates institucionales generan un clima de desconfianza que ahuyenta la inversión y desmoraliza a los operadores jurídicos. Como juristas de larga data, advertimos que la paz social se asienta sobre la certeza de que las reglas del juego son iguales para todos y que no están sujetas a la interpretación de un órgano condicionado. El desorden en la cúpula judicial se filtra hacia abajo, creando una sensación de arbitrariedad que debilita el respeto por la ley y fomenta el cinismo ciudadano frente a las instituciones. Proteger la independencia del Consejo no es defender un privilegio gremial, sino asegurar que el contrato social no se rompa por la injerencia de quienes deberían ser los primeros en acatar el equilibrio constitucional.

La necesidad de un retorno a la pureza constitucional

El futuro de nuestra convivencia en libertad exige que el Poder Judicial recupere su estatus de poder soberano, libre de tutelas y de presiones mediáticas o gubernamentales. La palabra del Profesor Universitario debe ser un baluarte de resistencia frente a la normalización de la anomalía institucional. Es urgente promover una reforma que impida que el bloqueo se convierta en una herramienta de presión, garantizando que el órgano de gobierno de los jueces se renueve con la cadencia que marca la ley y bajo criterios de estricta neutralidad. La formación de los nuevos abogados debe nutrirse de este compromiso con la independencia, entendiendo que sin una justicia fuerte e independiente, los derechos fundamentales son meras declaraciones de intenciones sin fuerza ejecutiva. Solo mediante la restauración de la autoridad moral y técnica de nuestros tribunales podremos garantizar que España siga siendo un Estado de Derecho donde la ley sea la única medida de la justicia y la libertad sea un patrimonio seguro para todos los ciudadanos.

«Una justicia que depende de la voluntad política no es justicia, sino un instrumento de dominio que degrada la dignidad del ser humano.» Doctor Crisanto Gregorio León

Doctor Crisanto Gregorio León

Profesor Universitario