La querella del novio de Ayuso se admitirá a trámite pese a la campaña del fiscal para que sea rechazada

Álvaro García y la junta de fiscales de sala, convocada para este miércoles, no lograrán frenar la investigación sobre la patente de corso que exhibió la FGE ante el correo reservado manipulado por Miguel Ángel Rodríguez

ERNESTO EKAIZER / EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Fuentes jurídicas aseguraron anoche que la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitirá a trámite la querella presentada por Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, contra dos fiscales de Madrid.

Celso Rodríguez Padrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el ponemante de la querella, dará luz verde, según ha podido saber El Periódico de Catalunya, a la tramitación dada la relación circunstanciada de los hechos descritos, los cuales presentan la apariencia de un presunto delito de revelación de secretos de un particular – presuntos delitos fiscales cometidos por González Amador- por parte de funcionario público y de acceso, apoderamiento, utilización y difusión pública de datos personales en perjuicio de su titular (ambos por parte de los fiscales querellados).

La fiscal que debía supervisar las actuaciones de esta querella, Almudena Lastra, fiscal superior de la Fiscalía del TSJM, anunció enseguida su abstención, habida cuenta de que se negó, el miércoles 13 de marzo, a ejecutar la orden del fiscal general del Estado, Álvaro García, de publicar un comunicado en el que se resumían las actuaciones fiscales -el caso no estaba judicializado todavía- en el procedimiento contra González Amador. Dicho comunicado se empezó a hacer público parcialmente la medianoche de ese miércoles y se difundió al completo el jueves 14.

Al abstenerse Lastra, por tanto, la supervisión sobre la querella de González Amador quedó a cargo del teniente fiscal del TSJM, Carlos Ruiz de Alegría.

El fiscal general del Estado también anunció su abstención ya que participó activamente en la tramitación del comunicado “maldito” publicado el jueves 14 de marzo, y delegó en su número 2, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde.

La querella tocó por turno a la fiscal del TSJM María de la O Silva, a quien la sala civil y penal del TSJM – que decidirá sobre la admisión o no de la querella para iniciar las diligencias de investigación- dio traslado para que presentara su informe.

La fiscal estudió el asunto y pidió al TSJM que ordenara la diligencia clave: que la Fiscalía entregase todos los correos de que dispuso para el comunicado. El TSJM le otorgó un plazo breve.

Pero he aquí que la línea de la FGE ya estaba fijada en un recurso que ya presentado ante una denuncia por revelación de secreto elevada en la Audiencia de Madrid por el Colegio de Abogados de Madrid. El argumento: no hay delito de revelación de secreto.

La jefa de la secretaria técnica de la FGE, Ana León, por un lado, y la teniente fiscal Sánchez Conde, intentaron persuadir de ello a la fiscal Silva a quien citaron. Silva pidió a su superior Ruiz de Alegría que le acompañase.

La sorpresa: los dos fiscales querellados -Julián Salto, a cargo de la investigación de los delitos fiscales de González Amador y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez- estaban esperándoles.

Los “invitados” expresaron sentirse incómodos bajo la presión que suponía la presencia de los dos compañeros sobre los que debían pronunciarse. Y hubo sin los afectados otras dos reuniones para debatir. Con gran tensión.

Tanto Silva como Ruiz Alegría, según fuentes jurídicas, advirtieron que no se daba el más mínimo margen para hacer alguna diligencia a fin de elaborar un informe solvente sobre la querella, como la que había propuesto la fiscal. En eso venció el plazo dado por el TSJM para entregar el informe de la fiscal, quien solicitó una ampliación. La nueva fecha: este jueves 25 de abril.

Y ante la posición infranqueable de aquí no ha delito. Silva invocó, pues, la prerrogativa de convocar a una junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo por considerar improcedente la orden de informar de entrada contra la admisión a trámite de la citada querella.

Esa junta extraordinaria, que en principio cuenta con 28 fiscales, es la que se reunirá este miércoles para discutir el asunto y después de oírla, habiéndose abstenido el FGE, la teniente fiscal Sánchez Conde decidirá.

La querella elaborada por el abogado Gabriel Rodríguez Ramos analiza minuto a minuto la génesis del “comunicado maldito” del 14 de marzo de 2024. En el relato se omite deliberadamente el hecho que desencadena la intervención de Álvaro García con toda su artillería: la filtración de un correo que intentó manipular el jefe de gabinete de la presidenta Díaz Ayuso.

En efecto, fue Miguel Ángel Rodríguez quien difundió el miércoles 13, para “acabar” con el caso, un correo interno en el que la Fiscalía se mostraba dispuesta a negociar un acuerdo con Carlos Neira, exinspector fiscal y abogado de González Amador. Parecía, pues, que la iniciativa era de la Fiscalía y no de Neira-González Amador. Y Rodríguez agregaba a mano que ese acuerdo lo habían parado desde “arriba” [ de la Fiscalía o las autoridades]. Ese pacto en gestación para cerrar los ejercicios 2020 y 2021 incluía aceptar por el novio de Ayuso dos delitos de fraude fiscal, falsedad, ocho meses de cárcel y el pago de 520.000 euros.

El fiscal general del Estado desoyó la prudente y coherente propuesta de la fiscal superior de Madrid el miércoles 13 de marzo, quien se disponía a publicar simplemente que la filtración del correo realizada por Rodríguez estaba manipulada, era inveraz que la propuesta de pacto procediera de la Fiscalía. Y punto. Por eso Lastra se apartó de la orquesta de García y le hizo saber que no haría publicar un comunicado como el que deseaba su jefe. Al parecer, éste le contestó por wasapp ya que se encontraba ocupado.

El FGE vio en la filtración del correo por parte del jefe de gabinete de Díaz Ayuso la patente de corso para “entrar a saco en el goloso tema de Ayuso”, según una fuente fiscal consultada.

Hay que entender esa entrada en el contexto político-judicial de la primera quincena de marzo. El 21 de febrero se levantaba el secreto de las actuaciones en el caso de las comisiones por ventas de mascarillas de Koldo García, el secretario-chófer-arreglador del entonces ministro José Luis Ábalos y llovían las noticias en la primera quincena de marzo. Aflorar el caso de las mascarillas del facturero-comisionista novio de Ayuso, ¿se podía pedir más?

Es probable que la desesperación de Rodríguez llevase a filtrar el correo reservado del abogado de González Amador en el que tergiversaba la negociación con el fiscal Salto, pero se convirtió, de hecho, en la cáscara de plátano sobre la cual resbaló el fiscal general Álvaro García, “entrando a saco” con su comunicado, proyectando la sombra de una duda, ¿solo una?, incluso, sobre la filtración de la primera noticia relacionada con los delitos fiscales el 11 de marzo.

Celso Rodríguez Padrón (Ourense,1962), que lleva casi 36 años en la carrera judicial, será el ponente de la querella y si se admite a trámite, como han asegurado a este periódico, será también el instructor de la investigación.

El informe que salga de la discusión y votación en la junta de fiscales de sala de este miércoles no es vinculante para el FGE o, en este caso, para la teniente fiscal. García, que no estará presente por haberse abstenido, está dispuesto a conseguir la una mayoría y seguir con su “no” a la querella, incluso cuando sabe que será admitida a trámite por los jueces.

Y como ya ha ocurrido en el caso Stampa (el fiscal Ignacio Stampa que fue apartado por García y su antecesora Dolores Delgado del caso Tándem-Villarejo al vencer su comisión de servicios) sus huellas en este nuevo caso aflorarán más pronto que tarde.