Hoy: 22 de noviembre de 2024
La popularidad y el liderazgo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han visto aumentados tras el registro del FBI a su mansión de Mar-a-Lago (Florida). Así lo ha revelado una encuesta realizada por NBC News, que dejaba ver que al menos un 43% de la población estadounidense suscribe la versión del magnate y pide que cesen las investigaciones sobres sus presuntos delitos.
Si bien es cierto que estas cifras reflejan una minoría, la cadena televisiva también apunta que el episodio “ha unido más que nunca al Partido Republicano”, que ha cerrado filas en torno al que fuera su líder. Asimismo, The Washington Post ha destapado que el empresario de Queens ha llegado a facturar hasta dos millones de dólares en apenas dos días gracias a las campañas donativas de denuncia impulsadas por su gabinete de prensa.
Sin embargo, aunque todo parezca indicar que Trump está saliendo beneficiado de la polémica, la realidad es que la pelota descansa ahora en su tejado. El pasado lunes, The New York Times publicó que el material sustraído de la Casa Blanca durante su mandato presidencial se cifraba en al menos 300 documentos, que se habrían sido recuperados por el Ejecutivo de Estados Unidos en tres tandas.
La primera corrió a cargo de los Archivos Nacionales, encargados de custodiar material histórico. La segunda fue entregada al Departamento de Justicia y, en tercer lugar, el FBI se hizo con los archivos restantes durante la “redada” del pasado 10 de agosto.
A pesar de conocer esta información, el equipo de Trump ha presentado una demanda e insiste en que los documentos fueron incautados de forma ilegal atendiendo a una orden judicial “demasiado amplia” que habría violado derechos constitucionales.
El texto de la demanda también solicita hacer pública dicha orden, aunque los abogados del expresidente le instan a que ande con pies de plomo. Si la orden judicial viera la luz, Trump sería consciente de los indicios que acreditan los presuntos delitos por los que se le imputa, a saber: obstrucción a la justicia, destrucción de documentos y violación de la ley de espionaje.
La Justicia estadounidense califica estos delitos como “muy graves”, por lo que la publicación de la orden podría perjudicar al empresario, que se vería obligado a dejar de interpretar el papel de víctima que tantos beneficios le ha reportado hasta el momento.
La estrategia del equipo de Trump pasa por apelar al privilegio presidencial -algo similar, salvando las distancias, a la inviolabilidad del rey-, que le concedería inmunidad tanto en su período como inquilino de la Casa Blanca como en su actual etapa “pospresidencial”. Según informa USA Today, el empresario ya ha empleado este mismo método en tribunales durante más de 30 años en demandas en casinos, sus resortes de golf, disputas sobre su marca registrada, casos de contratos de trabajo y difamación en medios.