La Policía implica a otros cinco guardias civiles en los seguimientos ilegales con balizas y desbarata la coartada de los imputados

“Es falso todo, esa baliza es ilegal. Yo soy el más ilegal de los ilegales. De hecho, a este que vamos a detener ya le detuvimos, nos había quitado dos balizas”, asegura en un audio uno de los guardias investigados

La situación procesal de los seis guardias civiles del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil en Madrid investigados por colocar balizas ilegales en vehículos de supuestos delincuentes sin orden judicial es cada vez más comprometida.

El brigada del instituto armado Sergio B. M, responsable del equipo cuyo trabajo está siendo cuestionado, se acogió a su derecho a no declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 54 de Madrid, que analiza las irregularidades cometidas por este grupo en el marco de una investigación contra el narcotráfico que, a su vez, instruye el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

La declaración de los otros cinco miembros del grupo ante el citado juzgado quedó aplazada. Los agentes han solicitado ser asistidos por abogados del Estado, que se les asignarán si se entiende que la defensa se circunscribe a actuaciones derivadas del “ejercicio legítimo de sus funciones”.

El silencio del brigada en sede judicial llega después del informe técnico de la Policía Nacional encargado por el juez Pedraz, y que desmonta por completo la estrategia de defensa seguida hasta ahora por el guardia Sergio B. M. en la denominada Operación Bali 23.

Un DNI inventado

Según ese informe, este equipo de guardias, tal y como reconoció el propio agente en los audios que constan en el sumario, incurrieron en numerosas prácticas irregulares: colocaron dispositivos de seguimiento a un investigado por narcotráfico sin que conste autorización judicial y pretendieron enmascararlo utilizando la identidad de una persona que había perdido o al que habían sustraído el DNI.

El 12 de julio de 2023 se hicieron públicas unas grabaciones en las que Sergio B. M. admitía ante su interlocutora la irregularidad de sus prácticas: “Es falso todo, esa baliza es ilegal. Yo soy el más ilegal de los ilegales. De hecho, a éste que vamos a detener ya le detuvimos, nos había quitado dos balizas”.

Hablaba abiertamente sobre las personas a las que investigaba: “(Dice) que nosotros somos super ilegales, que le metemos balizas ilegales, que nos inventamos seguimientos… Cosas que son verdad. Qué se la hemos liado. ¡Vamos que si se la hemos liado! ¡Les hemos hecho de todo! Pero es que si no, a esta gente, ¿cómo les pillas?”, se preguntaba con naturalidad.

Dos semanas después de trascender esos audios, el guardia civil se dirigió al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que instruye esa causa por narcotráfico, defendiendo su trabajo en la conocida como Operación Águila Frozen y negando la veracidad de sus propias palabras: “Cuantas manifestaciones vertidas por el Suboficial que suscribe en el marco de los audios utilizados para la publicación de los artículos de prensa, son temerariamente falsas”.

Según Sergio B.M., todo sería un invento que respondía a una estrategia policial conocida solamente por él mismo en la que habría hecho afirmaciones “burdas, inverosímiles y falsas”.

La misma contundencia utilizaba su superior, Abel M. S. para respaldarle: “Las instrucciones existentes es que por la Unidad Orgánica de Policía Judicial UOPJ únicamente sean utilizados medios técnicos de dotación y con la preceptiva resolución judicial, amén de la instalación por razones de urgencia y oportunidad y la posterior ratificación judicial, circunstancias de sobra conocidas por el Oficial jefe que suscribe y que puede asegurar se cumplen de manera estricta, garantizando con ello que se cumple la normativa vigente sobre estos aspectos”.

Querella contra el medio de comunicación

Igualmente descartaba “por completo el haber proporcionado el dispositivo ilegalmente colocado al que aludía una información periodística”.

El brigada llegó a querellarse contra el medio y el periodista que lo publicó en primer lugar y contra la persona que le grabó por la publicación de esas informaciones. La querella no fue admitida a trámite.

Ahora, la exhaustiva investigación llevada a cabo por la Policía Nacional adscrita a la Audiencia Nacional hace que las afirmaciones del brigada, tanto en ese escrito como posteriormente en sede judicial, sean difícilmente sostenibles.

“Han sido diversos patrones conductuales los que hacen poner en evidencia la vinculación de (los
agentes de Guardia Civil) Sergio B. M. A. G. C, A. V. R, R. C. A, J. A. G. P, y E.C. S.” con las dos balizas de Madrid y en Costa del Sol”, concluyen los investigadores en el marco de la pieza separada de investigación tecnológica -encargada por Pedraz antes de que se inhibiese (en lo relativo a las acciones de los guardias civiles) en favor de los juzgados de instrucción de Madrid en octubre de 2023.

La finalidad era averiguar quién estaba detrás de las balizas halladas en dos vehículos de una persona
que estaba siendo investigada.

Datos relevantes

La investigación policial desarrollada para determinar quién se encontraba detrás de
esas balizas dio lugar a la Operación Bali 23.

Se habían hallado dos dispositivos: uno de tan solo 30 gramos en una moto Kawasaki Ninja y otro en los bajos de un Audi A3. Del primero de ellos, una baliza de la marca Invoxia, cuyo funcionamiento depende de una aplicación bajo suscripción, no se han obtenido datos, pues la marca, con sede en Francia, no ha colaborado a pesar de los reiterados intentos de los investigadores.

Vía muerta

Sin embargo, sigue habiendo hilo del que tirar, hay distintos móviles que interactúan con la SIM de la baliza. Y el posicionamiento del móvil que activó y comanda la baliza, aunque desconozcan la identidad del portador, es rastreable.

Hay otro número de teléfono, a nombre de una mujer, cuyos posicionamientos también resultan llamativos a los investigadores por coincidir con el teléfono que activó la baliza. Su verdadero usuario es el marido de esta mujer, A. G. C, un guardia civil. El número que comanda la baliza, coincide a su vez en tiempo y espacio con el teléfono móvil a nombre de R. C. A, otro miembro del instituto armado.

Un exhaustivo análisis de los datos en el que tiene un papel determinante el Grupo de Análisis Técnico Táctico de la Policía Nacional permite fijar hasta 12 puntos de interés para la investigación: saben que
quienes interactúan con la baliza, pasan bastante tiempo en Tres Cantos, sede de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Madrid; Colmenar, Majadahonda y zonas de Fuencarral/El Pardo, Valdemarín y Las Tablas, en la capital.

La madeja se empieza a desenmarañar cuando los agentes de la Policía empiezan a establecer conexiones: el número de R. C. A. contacta en momentos que resultan claves con J. A. G. P.

“Por el momento y duración de la llamada, esta persona pudiera estar encartada en los hechos de las presentes”, deducen los investigadores, que comprueban como esta sim se sitúa también junto a otras de interés. Advierten, además, que estas tarjetas se encuentran en los entornos donde se compran y activan
las tarjetas bajo una identidad fraudulenta.

Así, identifican hasta 10 líneas telefónicas vinculadas a distintas personas, “algunos de los cuales que podrían ser necesarios para el uso, explotación y utilización de la baliza”. De ellos, destacan 6: se trata del
brigada Sergio B. M. y de otros miembros de la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil. “Todas estas líneas de teléfono operan de una manera prácticamente simultánea en fecha, lugar y hora”, subrayan.

En cambio, la baliza encontrada en el otro vehículo del mismo investigado ha arrojado multitud de datos relevantes. El dispositivo tenía en su interior una tarjeta SIM vinculada a un móvil con otra. El titular es José, un hombre que reside en Madrid a cuyo nombre hay otras dos SIM más.

Todas fueron compradas en dos locutorios de Colmenar Viejo los días 23 de enero, 29 de marzo y 3 de abril de 2023.

La tarjeta de la baliza se activó desde un móvil el 29 de marzo de 2023. Con una mínima indagación, averiguan que José es una persona a la que le han sustraído el DNI en varias ocasiones y que no ha pisado Colmenar Viejo en años.

La policía descarta en ese momento que este hombre tenga nada que ver con los hechos investigados y se inclina porque alguien ha comprado las SIMs a su nombre, una “práctica habitual de algunos delincuentes a la hora de conseguir tarjetas prepago con titularidad fraudulenta”.

Decenas de veces, en enero, abril y mayo de 2023, el móvil de los agentes se encuentra en la misma zona que la baliza. El agente R. C. A. coincide 14 veces con la baliza y 26 con el terminal que comanda y A .G. C se encuentra 17 veces en la misma zona que el dispositivo de geolocalización y 58 junto al teléfono desde el que se controla.

“No puede tratarse de simples casualidades la coincidencia de los investigados con las zonas, días y horas tanto de la baliza como de la comanda”, concluye la policía, que resalta la clara “connivencia entre ellos”. En este sentido, “entre los números de teléfono investigados se aprecian multitud de conexiones o eventos telefónicos de algún tipo”; por ejemplo 237 entre J. G. P y R. C. A; 285 entre R. C. A y A. G. C. y 223 entre R. C. A. y el brigada Sergio B. M.

Además, tienen relaciones con otros números, dos de ellos a nombre de la Dirección General de la Guardia Civil. Gracias al tráfico de datos, la policía detecta otra posible baliza en la Costa del Sol,
concretamente en Marbella, Málaga.

“Se pone de manifiesto que todas estas líneas de teléfono operan de una manera prácticamente simultánea en fecha y hora conectándose los lugares Colmenar Viejo, Costa del Sol y Estadio Santiago
Bernabéu”, señalan los policías, que identifican los móviles de los agentes de la Guardia Civil en diferentes emplazamientos en el centro y norte de Madrid: Ventas, Salamanca o Majadahonda, Aravaca, Montecarmelo; y luego en Málaga: en Marbella, San Pedro de Alcántara y Puerto Banus.

Los agentes destacan el control que los guardias civiles tenían de los investigados cuando explican que el 10 de mayo los guardias agentes habrían viajado a Estepona, Málaga, incluso seis horas antes de que llegase el objetivo al que seguían.

La policía no solo se basa en los datos ofrecidos por las compañías telefónicas y los análisis técnicos de posicionamiento, sino que refuerzan y contrastan sus informaciones con datos de los libros de hospederías de las bases de datos policiales. Constan hospedajes en Marbella, Estepona y Puerto de Santa María de cinco miembros del equipo de Sergio B. M.

En los audios desvelados, el brigada comentaba detalles de las balizas con su interlocutora, una chica vinculada al fallecido Borja Villacís y otras personas investigadas. “Si pita es porque se ha movido (…) Tengo tres, si el tío se mueve pita”, explicaba, mientras ofrecía detalles de localizaciones que coinciden con las señaladas por la policía en su informe.

“Han sido diversos patrones conductuales los que hacen poner en evidencia la vinculación de Sergio B. M., A. G. C., A. V. R., R. C. A., J. A. G. Py E. C. S.” con las dos balizas de Madrid y en Costa del Sol, concluye la Policía Nacional.

Gracias al trabajo detrás de la Operación Bali 23, se puede afirmar también que los nombres pronunciados por el brigada en la conversación grabada corresponden a miembros del equipo y que no eran falsos o inventados como él sostuvo posteriormente.

Cuando el juez acordó la diligencia solicitada por las defensas de los investigados para saber si los nombres de pila coincidían con los mencionados, Abel M. S, el superior de Sergio B. M respondió – el 17 de octubre de 2023- que no podía revelar esa información amparándose en la Ley de Secretos Oficiales.

La Fiscalía, que ha cambiado de criterio a lo largo de esta investigación, sostuvo el 6 de junio de 2024 que “la actividad atribuida a Sergio B.M, por la que se ha realizado deducción de testimonio, no implica
al resto del equipo de investigación”. El análisis policial realizado ahora apunta en
sentido contrario.

Nuevas imputaciones

Del oficio que la Policía ha remitido a Santiago Pedraz y que este, a su vez, ha enviado al juzgado de la plaza de Castilla, se infiere la posibilidad de que todos o algunos los agentes puedan ser investigados por la presunta comisión de delitos más allá de contra la intimidad.

Dado que, según el informe, se utilizó documentación falsa de una persona a la que habían sustraído el DNI para comprar las tarjetas SIMs necesarias para los seguimientos irregulares, podrían ser investigados por un delito de falsedad documental. Además, teniendo en cuenta la participación coordinada de los
investigados en los hechos investigados y la organización y estructura para llevar a cabo actos delictivos, no es descartable que se solicite que sean investigados por pertenencia a grupo criminal.

Las defensas, que desde el principio criticaron que la investigación se estaba llevando a cambio con una “falta de imparcialidad” que les resultaba evidente, cuestionaron también determinados seguimientos y vigilancias que, en palabras de S. B. M., eran “inventados”.

Está acreditado que había actas de seguimiento, por ejemplo, la del 5 de mayo de 2020, firmadas por agentes que supuestamente estaban, simultáneamente, en una vigilancia dentro de un vehículo en movimiento y en la sede policial en Tres Cantos, realizando consultas informáticas o tomando declaración a testigos del caso 8M.

Según las defensas de los investigados por la Guardia Civil, también se pudieron “verificar graves incoherencias en la redacción del atestado, como afirmar en un acta de vigilancia que determinada persona, en el mes de mayo titulaba un vehículo del que solo fue su propietario meses después, lo que claramente pone de manifiesto que la vigilancia no se realizó y que su falsa acta se redactó con suma torpeza a posteriori”.

Algunos de esos seguimientos incluían imágenes de Google Maps, en vez de fotografías tomadas durante un seguimiento. Esto sucedía, por ejemplo, en los seguimientos del los días 5, 11, 21, 29 de mayo de 2020.

A instancia de la representación de las personas investigadas en la causa que sigue en la Audiencia Nacional, el magistrado Santiago Pedraz ordenó el 8 de enero de 2024 que se rehiciese el atestado eliminando las imágenes del interior de garajes, pues según la doctrina del Constitucional, dichas imágenes vulneran el derecho fundamental a la intimidad.

Once meses más tarde, ese atestado se ha presentado con algunas de las imágenes de garajes, que las defensas han vuelto a solicitar, el 21 de noviembre, que se expurguen, y sin los seguimientos cuya veracidad había sido puesta en tela de juicio.

Han desaparecido. Es algo que resulta difícil de comprender para los abogados de los investigados, después de la contumaz defensa que los agentes de la Guardia Civil hicieron de los mismos.