El alcalde de Madrid fomenta la especulación al cobrar el SER los fines de semana: el alquiler de garajes en la capital, casi agotado

Martínez Almeida es el regidor que mintió al prometer antes de las elecciones que suprimiría el Madrid Central y que, al llegar al poder, lo amplió al doble

Pedro Sánchez prometió que construiría más de 180.0000 y no ha acabado ninguna. Solo ha conseguido encarecer exponencialmente este bien fundamental (la Constitución consagra el derecho a la vivienda), convirtiéndolo en inaccesible para cada vez más amplias capas de la población, especialmente los jóvenes.

Recientemente, el presidente Sánchez, acompañado de alguno de sus ministros, ha montado una performance para lanzar la llamada operación Campamento, con la que se pretende construir en Madrid 10.700 viviendas (más del 60% protegidas, públicas) en los solares de los antiguos cuarteles de la autovía de Extremadura.

Solo el comienzo de la operación Campamento acumula seis meses de retraso por la incompetencia del Gobierno, que, teniendo los solares a su disposición y el permiso municipal al efecto, no ha iniciado hasta ahora el proceso de demolición total de las viejas instalaciones militares.

Ese derribo es el paso previo a poder iniciar las obras de construcción de unas viviendas tan necesarias, mientras los precios de venta y alquiler alcanzan niveles estratosféricos.

La performance presidencial tenía por objeto presenciar el comienzo de la demolición del acuartelamiento Teniente Muñoz Castellanos, lo que se hizo entre las risotadas de los políticos socialistas asistentes, ataviados para la ocasión con casco y chaleco fluorescente, como si fueran a participar ellos en las tareas de desescombro.

Sánchez, con su comportamiento chulesco, ha ignorado la fundamental intervención que en el desbloqueo de la operación Campamento han tenido el Ayuntamiento y, sobre todo, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

Mientras que Díaz Ayuso ha hecho caso omiso a la desconsiderada actuación del sátrapa que dirige España en beneficio de sus más inconfesables intereses, el inefable José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, no ha podido controlar su enfado por no haber sido invitado al evento.

Ministros palmeros

Si estuvieron varios de sus palmeros en el Gobierno: los ministros Félix Bolaños y Patxi López. E Isabel Rodríguez, ineficaz titular de Vivienda.

Martínez-Almeida ha recordado a Rodríguez que, sin la memoria de gestión, el plan de saneamiento y el de gestión del agua, el Ayuntamiento no podrá aprobar el proyecto de urbanización.

Es decir, el alcalde, herido en su orgullo por una panda de indocumentados del Gobierno, amenaza ahora con más retrasos en unas obras cuyos primeros estudios se iniciaron hace casi cuarenta años y que se paralizaron en 1989.

Desde luego, la responsabilidad de aportar esa documentación es del Ministerio de Vivienda, que ha tenido meses y años para recabarla y prepararla, pero la amenaza de Martínez-Almeida incide, en definitiva, no sobre la ministra sino sobre los madrileños necesitados de satisfacer cuanto antes su vital necesidad de vivienda.

Sectores populares

Pero la operación Campamento interesa a sectores populares y de clase media. Martínez-Almeida cuida mucho lo urbanístico, especialmente cuando se trata de grandes proyectos dentro de la almendra central de la capital que brindan jugosas ganancias a grandes grupos inversores y a acólitos políticos.

Últimamente, como este medio ha tenido ocasión de informar, al Ayuntamiento le ha fallado estrepitosamente la turbia operación destinada a la construcción y concesión (para su explotación por el Real Madrid y tal vez otras mercantiles, durante 40 años) de dos aparcamientos subterráneos junto al estadio Santiago Bernabéu.

La concesión fue anulada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 30 de Madrid en mayo de 2024, al no considerar justificado el interés público de la operación, ya que, incumplía el planeamiento urbanístico y solo beneficiaba a particulares, en concreto al Real Madrid, y no al ayuntamiento y a los madrileños. Un chanchullo, sin duda.

La sentencia, que no tiene desperdicio, indica que el ayuntamiento ignoró (es decir, resolvió en sentido contrario) los informes de los funcionarios que advertían que los aparcamientos no se atenían al plan especial de urbanismo de 2017. Fue confirmada en octubre de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El tribunal reprocha al consistorio, entre otras cosas, no someter a audiencia pública el estudio de viabilidad económico-financiera tras efectuarse cambios significativos en el proyecto que incrementaban ¡¡hasta un 40%¡¡ el valor de la inversión respecto a lo aceptado originalmente y la incompatibilidad de la construcción con el plan especial. 

Las obras están suspendidas cautelarmente 

El único beneficiado por esta sospechosa operación era el Real Madrid, que a cambio de un miserable canon de 150.000 euros anuales a abonar al Ayuntamiento, obtendría en los años de duración de la concesión varios cientos de millones de euros en ingresos por la explotación de los aparcamientos. 

Y naturalmente, la operación, caracterizada por la flexible generosidad del ayuntamiento en la interpretación de la normativa urbanística, produciría pingues réditos no solo al club del poderoso Florentino Pérez, sino, además, a quienes ignoraron los informes de honrados funcionarios que advertían del irregular proceso.

Martínez-Almeida, tan celoso ahora de la legalidad en la operación Campamento, no parece que haya velado por el interés general de los madrileños.

El negocio de los aparcamientos de vehículos se ha convertido últimamente en Madrid en una verdadera fuente de escándalos.

Desde que a partir de primeros de 2026 Martínez-Almeida ha extendido el SER (Servicio de Estacionamiento Regulado), de modo que los fines de semana y noches ha de pagarse por aparcar, los tradicionales carteles de venta y alquiler de plazas de garaje que se veían con abundancia en portales del centro han desaparecido completamente.

La especulación y la subida de precios ha sido espectacular.

Igual que con las desatinadas políticas de Pedro Sánchez sobre alquiler de vivienda, las medidas del ayuntamiento de Martínez-Almeida en relación al SER han perjudicado gravemente a los madrileños que no disponen de aparcamiento en propiedad y que pretenden alquilar o, lo que ya resulta imposible por los inasumibles precios, comprar un aparcamiento.

Pero si la política de vivienda de Sánchez es propia de un gobierno de botarates dirigido por un narcisista, la del Ayuntamiento de Madrid parece meditada y dirigida a beneficiar a poderosos grupos de inversión nacionales y extranjeros para que obtengan altas rentabilidades del negocio del aparcamiento de vehículos.

Por un lado, quienes ya poseen grandes locales de aparcamientos van a poder incrementar los precios y obtener notorios beneficios los fines de semana con la extensión del SER.

Y, de otra parte, Martínez-Almeida suspendió hace años, incumpliendo promesas electorales, la venta de las plazas municipales de aparcamiento para residentes (PAR).

Tales aparcamientos están construidos bajo las vías públicas, construcción pagada, en su día, por los ciudadanos a los que se adjudicaron las plazas y a algunos de los cuales el Ayuntamiento de Ana Botella y Manuela Carmena se las vendió antes de que caducara la concesión.

Fuentes del Ayuntamiento afirman que hay grandes grupos empresariales (fondos-buitre nacionales y extranjeros) interesados en, cuando expiren los plazos de concesión administrativa a los vecinos adjudicatarios, hacerse en masa con esos gigantescos aparcamientos, para explotarlos comercialmente y por un largo plazo, a cambio de un canon ridículo al consistorio (como el previsto para los aparcamientos del Bernabéu).

Fondos buitres

Negocio redondo para esos fondos-buitre y, tal vez, para quienes con su anuencia o complicidad, les faciliten la operación en perjuicio de la generalidad de los madrileños.

El producto de la eventual venta de esos aparcamientos a los actuales concesionarios podría dedicarse a construir vivienda social, de la que tan necesitada está la capital.

Pero ahora, al parecer, se trata de otorgar una concesión a bajo precio y por un largo plazo renovable, a poderosos inversionistas.

El Ayuntamiento intenta dilatar todo lo posible la operación Campamento: hay que mantener artificialmente tensionados los precios de viviendas y aparcamientos, lo que puede ser fuente de golosas mordidas.