La Ley de Memoria examinará violaciones de derechos humanos hasta 1983

La Ley de Memoria Histórica que pretende aprobar el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha provocado un gran malestar entre la oposición, especialmente en la bancada del PP, que ve esta ley como un ataque directo a la etapa de la Transición española. Asimismo, el ala derecha del PSOE ha reaccionado negativamente a la ley, que se encuentra en trámite parlamentario preparada para ser enviada al Senado.

Una de las principales polémicas que ha suscitado la nueva ley es la creación de una comisión de expertos que estudiará supuestos casos de «vulneraciones de los derechos humanos perpetrados a personas que lucharon por la libertad y la democracia hasta 1983», fecha que coincide con el primer año del Gobierno socialista presidido por Felipe González. Según establece la normativa, en un principio la investigación la asumirá enteramente la fiscalía desde el año 1936 hasta 1978. Desde entonces y hasta 1983 será la comisión de dichos expertos quien estudie las presuntas vulneraciones contra los derechos humanos en la lucha por la consolidación de la democracia y los valores democráticos.

Sin embargo, la investigación contra los derechos humanos (1936-1983) parece haber caído como una bomba en el Partido Popular, pues aseguran «hacen saltar por los aires» la Transición. Uno de los más duros con la ley ha sido José María Aznar al afirmar que la misma «está hecha y pactada con terroristas». Por su parte, Felipe González se ha mostrado más cauto al respecto: «Cuando lo vea les diré, pero no me suena bien».

Entre los casos a examinar se encuentran el asesinato en 1980 de Yolanda González, líder estudiantil y militante comunista, perpetrado por el comando de extrema derecha Fuerza Nueva. La izquierda abertzale también espera que se se investigue el secuestro de Segundo Marey, a manos de los GAL en 1983; y el caso Lasa y Zabala, en referencia a los asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, llevados a cabo por miembros de la Guardia Civil pertenecientes a los GAL.

Por otra parte, la nueva Ley de Memoria Democrática condenará el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista, quedando ilegalizado el régimen de Francisco Franco. En este sentido, el Estado será quien dirija la búsqueda de los restos mortales de todas las víctimas de la contienda, sin importar el bando político al que pertenecieron, y asuma los costes de las exhumaciones.

Otra de las novedades que se incluye en la ley supondrá el fin del Valle de los Caídos tal y como lo conocemos, pues el Gobierno baraja la posibilidad de adjudicarle un nuevo nombre al monumento. Además, se eliminarán los títulos nobiliarios otorgados durante la dictadura franquista, además de la extinción de las fundaciones actuales que exalten y promuevan el régimen autoritario y la figura del dictador. En relación a esto último y en caso de incumplirse la norma deberán afrontar multas que pueden alcanzar los 150.000 euros.

La actual ley modificará la que en su momento impulsó el PSOE de José Luís Rodríguez Zapatero. «En 2007 no pudimos atender todas las cuestiones que la dictadura había dejado abiertas», ha afirmado el expresidente socialista, quien ha agregado la importancia que dicha norma tiene para resolver de una vez por todas «el tema fundamental de las familias que no saben todavía donde están sus seres queridos», concluyó Zapatero.

La nueva norma ha sido aprobada en el Congreso con 173 votos a favor, 159 en contra y las abstenciones de ERC -que en un principio se mostró contrario a la ley-, y EH Bildu.