La otra vuelta de tuerca a la justicia (fallida) de Feijóo. El Estado Judicial español (parte I)

Aunque este es un asunto que parece, solo digo parece, no interesar a los ciudadanos, sería bueno que vayan sabiendo esto: el fracaso de Alberto Núñez Feijóo en ocupar La Moncloa supondrá -si no se repiten elecciones y obtiene en ellas, junto con Santiago Abascal, la mayoría absoluta- el naufragio de su plan para dar otra vuelta de tuerca al Estado Judicial Español controlado, salvo el Tribunal Constitucional, por la derecha.

Empezamos, pues, esta serie del verano del ´23 por ese fracaso.

¿Qué plan tenía -tiene- Feijóo? ¿Cuál es su política judicial?

Aunque parezca cosa de iniciados, el objetivo estratégico del presidente del Partido Popular y su círculo de asesores de confianza, consiste en anular, todavía con mayor eficacia, la independencia del poder judicial y ponerla en manos del poder económico, a través de los grandes despachos de abogados.

Una de las medidas más relevantes que pensaba poner en práctica inmediatamente Feijóo – “devolver” la función de nombrar a jueces y magistrados- era precisamente eso. El actual CGPJ iba a reconquistar; gracias a esa medida, el control de los nombramientos de todos (diecisiete) los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España, por un lado. Y de todos los nuevos magistrados del Tribunal Supremo que deben ocupar las vacantes (veintidós) pendientes de ser designados y de tomar posesión.

¿Qué suponía esto?

Lisa y llanamente, en román paladino: condicionar la doctrina constitucional durante décadas.

¿Por qué?

Feijóo prometía, aparte de devolver las funciones para hacer esos nombramientos, cambiar el sistema de elección del CGPJ, plan que requería tiempo. Para aprobar una nueva ley orgánica del Poder Judicial. Eso suponía no menos de nueve meses o un año.

Mientras tanto, se mantenía indefinidamente al CGPJ caducado y mutilado que existe en la actualidad. Este Consejo, conocido como el gobierno de los jueces debe tener veinte miembros (consejeros) a los que se une el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside (artículo 122 de la Constitución). Fue elegido por cinco años a primeros de diciembre de 2013.

En noviembre de 2018, el presidente del PP, Pablo Casado, (5.047.040 votos, 20,99%, 89 escaños) propuso al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, (6.792.199 votos, 28,25%, 120 escaños) nombrar a Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, para presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ. Marchena, consultado para hacer esta propuesta por el exministro de Justicia Rafael Catalá -que llevó la negociación con la ministra de Justicia, Dolores Delgado- dio su luz verde. Sánchez aceptó. Entonces Casado, con una cifra exigua de diputados, hizo el pacto con Sánchez. Se pusieron de acuerdo en el nombre de Marchena y el PP no propuso cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ, Ambos no reunían la mayoría de 3/5 (210 diputados) exigida para modificar ciertas leyes, en este caso la ley orgánica del poder de 1985, vigente con modificaciones sobre el sistema de elección de los consejeros.

El pacto naufragó al filtrarse el nombre de Marchena

Desde entonces, el PP puso como pretexto que, con el procedimiento vigente, cuyas últimas modificaciones se hicieron en los gobiernos de Aznar y de Rajoy, no apoyaría la renovación del CGPJ caducado. Desde la UE se exhortó a hacer los nombramientos con el sistema actual y luego, en todo caso, cambiar el sistema de elección. En este proceso, el gobierno consideró que un CGPJ caducado ya no podía seguir haciendo nombramientos. Εl Senado aprobó en marzo de 2021 la ley, apoyada por la mayoría de la investidura de Sánchez, que anuló esa facultad. Feijóo pareció entrar más tarde en razón y cuando el pacto para la renovación estaba sobre la mesa, el presidente del PP giró de posición y rechazó firmar el acuerdo porque el Gobierno eliminaba del delito de sedición en el Código Penal.

Lo que queda del CGPJ de 2013 (sin su presidente, Carlos Lesmes, que dimitió en octubre de 2022) y otras bajas (por jubilación de Rafael Fernández Valverde y ahora de Rafael Mozo; fallecimiento de Victoria Cinto y dimisión de Concepción Sáez) debía, pues, según el plan Feijóo, realizar todos los nombramientos pendientes.

Son alrededor de 100. Todos altos cargos y magistrados del Supremo. En otros términos, como ya se ha apuntado, los magistrados que van a dirigir la justicia durante la próxima década. Unos nombramientos al número impresionante durante el reinado del Zar Lesmes (el gran seleccionador de jueces)

Ya circulaban, en las últimas semanas previas al 23-J, listas de amigos de los actuales vocales conservadores del CGPJ. “Algunos nombres daban miedo” apuntó la fuente judicial a El Periódico.

El plan suponía un ataque a la Constitución. Porque entregaba las facultades de gobierno del Poder Judicial a un órgano que tiene una duración tasada de cinco años. Entregarle por ley esas facultades a un órgano que prácticamente duplicado ese mandato -en diciembre será exactamente el doble- no responde al mandato constitucional.

Porque, además, las bajas producidas han alterado los equilibrios profesionales, establecidos por la Constitución, de doce jueces y ocho juristas.

Las bajas han afectado más a los jueces, que son los que se jubilan, y menos a los abogados, que hoy son los que de hecho han pasado a mandar mucho más en el Consejo. Y son ellos quienes se preparaban para hacer los nuevos nombramientos cuando supieron que Feijóo les concedería este enorme poder.

Tres son hoy hombres fuertes del CGPJ: su nuevo presidente en funciones desde el 19 de julio pasado, Vicente Guilarte (letrado-director de la Asesoría Jurídica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España; José María Mario Macías ( socio del bufete Cuatrecases Gonçalves Pereira desde 2005) y Enrique Lucas (director de la oficina de Bilbao del bufete Gómez-Acebo & Pombo). Representan a los grandes despachos de abogados.

“Un juez que falle a favor de los consumidores y en contra de los bancos, puede despedirse de llegar al Tribunal Supremo”, señalo una fuente judicial consultada acerca del plan de Feijóo.

Y por fin, el equilibrio ideológico, que pretende defender la Constitución, también se ha roto. Entre los vocales progresistas del CGPJ se han producido tres vacantes por lo que la mayoría conservadora sigue siendo absoluta, sin reflejar los cambios electorales de 2019.

En definitiva: ha fracasado el intento de Feijóo de otorgar la facultad constitucional de nombramientos de los altos cargos judiciales a lo que ya son los “restos” del viejo CGPJ. Ello hubiera se configurado una nueva composición de la justicia española absolutamente deslegitimada, ajena al modelo constitucional, y entregada a los grandes bufetes de abogados.

(La solución en la siguiente entrega, el sábado 12 de agosto)