La reforma de la Ley de Mecenazgo se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2024

El objetivo principal es promover figuras como el micromecenazgo o la donación continuada y aumentar la participación de las inversiones privadas en este ámbito

El Real Decreto-Ley que reforma la Ley de Mecenazgo, en vigencia desde hace 21 años, entrará en vigor el 1 de enero de 2024, según lo estipulado en la publicación realizada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

El texto establece que la fecha efectiva para las disposiciones incluidas en el cuarto libro del texto corresponderá a las medidas destinadas a modificar la Ley de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo.

El objetivo primordial de estas medidas, como se destaca en el documento, es «mejorar los incentivos fiscales al mecenazgo, ya sea realizado por personas físicas, personas jurídicas o no residentes».

El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes el Real Decreto-Ley con las modificaciones para la Ley de Mecenazgo. Aunque la norma se presentó inicialmente como una proposición de Ley en la legislatura pasada, quedó en suspenso debido a la convocatoria de elecciones, y ahora el Ejecutivo optó por aprobarla bajo la figura de Real Decreto. A pesar de su publicación en el BOE, su validación en el Parlamento no alterará su entrada en vigor.

Refuerzo al mecenazgo: Incentivos fiscales y ajustes legales

Esta reforma se enmarca dentro del Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para Ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye aspectos relacionados con la Justicia, la Función Pública, el Régimen Local y el Mecenazgo. Su aprobación es esencial para el cuarto desembolso de los fondos europeos. De hecho, el Gobierno tiene previsto solicitar a la Comisión Europea una suma de 10.000 millones de euros.

Específicamente, la modificación se centra en ajustar la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo para impulsar esta práctica en todos los sectores económicos.

El objetivo principal es promover figuras como el micromecenazgo o la donación continuada y aumentar la participación de las inversiones privadas en este ámbito.

Con estas reformas, se busca aumentar los incentivos fiscales al mecenazgo, incrementando el porcentaje de deducción general del actual 35% al 40% tanto para donaciones realizadas por personas físicas como por personas jurídicas.

Además, se reducirá el tiempo necesario para realizar donativos a una misma entidad para acceder a un aumento adicional en el porcentaje de deducción, pasando de 4 a 3 años. Este incremento extra sería del 5% para personas físicas, alcanzando un 45%, y del 10% para las jurídicas, llegando al 50%, según fuentes gubernamentales.

Actualizaciones y exclusiones en la reforma del mecenazgo

El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, liderado por Félix Bolaños, también detalló que se incrementarán las cuantías de los micromecenazgos de 150 euros a 250 euros, y se actualizará la lista de actividades económicas que podrán beneficiarse de las deducciones en Sociedades. En este sentido, se incluirán acciones como la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social y actividades educativas para personas con altas capacidades, entre otras.

Sin embargo, se excluyó de la reforma de la Ley de Mecenazgo la equiparación del régimen fiscal de las confesiones religiosas, que había sido incluida en el texto pendiente de la legislatura pasada, según fuentes del Ministerio de Justicia.

En abril de 2023, el Ministerio de la Presidencia llegó a un acuerdo con las confesiones de notorio arraigo, como la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová, para igualar su fiscalidad a la de otras confesiones religiosas reconocidas en España.

Este acuerdo beneficiaría a 1,3 millones de fieles de estas religiones en el país. Sin embargo, a pesar de la aprobación en la comisión del Congreso, la ratificación en el Senado quedó pendiente debido a la convocatoria de elecciones.