La Justicia de Andorra es un ‘cachondeo’: los jueces son elegidos para seis años por los mismos políticos a los que deben fiscalizar

Una juez valiente, Stéphanie García, resuelta a destapar la intrahistoria de por qué Andorra facilitó información falsa a España para intervenir la BPA -entonces el banco más solvente de Europa- y no del AndBank, el de las ‘puertas giratorias’ y los ‘diamantes de sangre’ del exministro Jordi Cinca

El Principado de Andorra es peculiar. Lo es en su forma de Estado, en sus instituciones con tufo feudal, en su laxo y opaco sistema financiero y en su sistema político.

La política andorrana ha venido siendo tradicionalmente dominada por unas cuantas familias que hoy manejan los seis partidos que concurren a las elecciones (las últimas reminiscencias feudales duraron hasta la Constitución de 1993, que reconoce al pueblo andorrano como soberano único).

Esas familias en un par de generaciones han pasado de ser unos payeses que vivían de una economía de subsistencia, completada por el contrabando de tabaco y otros productos, a constituir poderosos clanes financieros que dirigen conglomerados comerciales y, sobre todo, bancarios.

Un coprincipado ‘missing’

Su gobierno es un coprincipado parlamentario, siendo el legislativo unicameral el Consejo General de Andorra, integrado por 28 miembros elegidos cada cuatro años, siendo habitual que ostenten la mayoría los partidos conservadores, encabezados por miembros de aquellas familias o sus corifeos.

El poder judicial culmina en un Tribunal Constitucional de cuatro miembros. Dos de ellos son elegidos por los copríncipes o jefes del Estado, a saber el obispo de Urgel y el presidente de la República francesa (¿se imagina el lector que en España la mitad de los miembros del Tribunal Constitucional fueran nombrados por el Rey?) y los otros dos por el Parlamento.

El Tribunal Superior de la Justicia de Andorra, equivalente al Tribunal Supremo, entiende de asuntos civiles, penales y administrativos y está integrado por un presidente y 8 magistrados designados por el Consell Superior de la Justicia, equivalente al Consejo General del Poder judicial español.

Ese Consell Superior de la Justicia lo integran 5 miembros, designados, entre “andorranos conocedores de la administración de justicia” (sic.), uno por cada copríncipe, otro por el síndico general (presidente del Parlamento), otro por el jefe del Gobierno y el quinto y último por los jueces y magistrados (¡¡¡y luego, la UE dice que el sistema de designación de los miembros del CGPJ español debía reformarse para que sus 12 miembros de procedencia judicial fueran elegidos por jueces y magistrados!!!).

Por cierto, “conocedores de la administración de justicia” es un concepto jurídico absolutamente indeterminado que permite nombrar a quien se quiera (un delincuente multirreincidente es, sin duda, perfecto “conocedor” de la administración de justicia, de la que es habitual usuario).

A su vez, el Consell Superior de la Justicia nombra a los jueces por un “mandato renovable de seis años” entre personas tituladas en Derecho.

Es decir, los jueces andorranos no son permanentes y por lo tanto no puede afirmarse, como hace la Constitución del Principado, que sean independientes (se supone que se les renovará en el cargo, muy bien remunerado, por cierto, si son dóciles al Consell, dominado por los jefes del Estado y los políticos).

La perenne sombra política

Por su parte, los fiscales son nombrados también por el Consell Superior de la Justicia “a propuesta del gobierno” (aquí ya se pierde cualquier intento de enmascarar una pretendida independencia), con mandatos renovables por seis años (docilidad canina asegurada) entre personas que reúnan las condiciones para ser nombradas jueces.

En suma, el Título VII de la Constitución andorrana articula un sistema judicial que nada tiene de independiente ni imparcial y que tiene todas las condiciones para que sus miembros se sometan en su actuación al capricho y a los intereses de los líderes políticos y económicos que siguen practicando, bajo una leve capa de modernidad, el feudalismo en el pacífico, plácido y aparentemente civilizado país de los Pirineos.

¿Se puede pensar que unos jueces así nombrados van a controlar al Gobierno? Más bien es el Gobierno quien controla su actuación y en función de cómo de servil haya sido su desempeño los renovará o no en su cargo o los promoverá a uno superior.

A los miembros de la Comisión de Venecia se le pondrían los pelos como escarpias si tuvieran ocasión de examinar el caso andorrano.

Pues bien, como, afortunadamente, los sistemas políticos en los que todo se pretende tener atado y bien atado tienen sus fallas, una valiente magistrada andorrana, Stéphanie García, se ha empeñado en investigar el turbio caso de la Banca Privada de Andorra (BPA), de cuya intervención este y otros medios han venido informando con detalle desde hace años.

Esta entidad, la más solvente de Europa (con una filial en España, el Banco de Madrid, de reconocida solidez), fue víctima de una conspiración por parte de la llamada “policía patriótica” organizada por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, por entender que en ella depositaban fondos los independentistas catalanes. 

Presuntamente, donde los secesionistas Pujol, Mas, Junqueras (y ese mago del dinero negro y sucio, producto de comisiones y otras coimas, que era el ex-Rey Juan Carlos I) confiaban sus fondos era en AndBank, otra entidad bancaria andorrana, la de las puerta giratorias.

Mientras que la BPA era propiedad de la familia Cierco, unos inmigrantes españoles que llegaron a prosperar por su trabajo en el Principado, Andbank, como el Crèdit Andorrà, pertenecen a aquellas familias originarias del Principado.

Es decir, con pedigrí, que en dos generaciones y merced a su habilidad para combinar negocios y política, se han convertido, bajo la cómplice aquiescencia de los copríncipes (el prelado de Urgel y el presidente de la República francesa), que las han dejado hacer, en los nuevos señores feudales del país.

Jordi Cinca Mateos era ministro de Finanzas del Principado por el partido Demócratas por Andorra hasta 2019, y mano derecha del que fuera Jefe del Gobierno Toni Martí (era su delfín y preconizado sucesor), cuando tuvo lugar la operación contra la BPA).

Con datos falsos que proporcionó a España el Gobierno de Andorra (lo dice el ex gobernante español Francisco Martínez) y la propia policía patriótica, el Gobierno de Rajoy lanzó una falsa denuncia al Fincen, organismo del Tesoro norteamericano encargado de prevenir el lavado y blanqueamiento internacional de fondos, que en 2015 emitió un informe de precaución sobre la BPA que propició su intervención en Andorra y la del Banco de Madrid en España).

Con una dilatada carrera política (portavoz del gobierno y diputado), Jordi Cinca, el de los diamantes de sangre, que hoy controla el Fondo de Reserva de Jubilaciones (FRJ) o Fondo Soberano de Pensiones del Principado, combina hábilmente, como es habitual entre la casta que domina Andorra, la política y los negocios, aunque no siempre de manera intachable.

Aunque el Fincen se retractó de su informe una vez conocida la falsedad de las acusaciones que lo motivaron, Cinca, como ministro de Finanzas, se apresuró a intervenir la BPA en marzo.

Con ello se enmascaraba tanto la irregular actuación del Gobierno español encabezado por Rajoy, Montoro y Fernández Díaz -Gobierno que ya cubría las primeras acusaciones que empezaban a acosar a Cinca por su relación con los diamantes de sangre de Sierra Leona, a través del caso Orfund incoado en un Juzgado de Instrucción de El Prat- como la condición de paraíso fiscal del Principado-

Y, sobre todo, además de evitarse investigar a Andbank (protegiendo así al emérito campechano Juan Carlos), se expulsaba del sistema bancario andorrano a una entidad que competía con evidente éxito con el de las familias tradicionales.

Presuntamente involucrado en el tráfico de lingotes de oro y diamantes de Costa de Marfil, Mali, Liberia y Sierra Leona, desde Sierra Leona a Barcelona y a la Seo de Urgel y desde allí al Principado  (donde el metal era fundido para venderlo a joyerías -el comercio de joyas es uno de los atractivos de Andorra-), y también en el turbio asunto de los papeles de Panamá a través de la sociedad Mariette Holding, abierta a través del bufete Mossack Fonseca, de la que entre 1999 y 2000 fue apoderado único, Jordi Cinca llegó a ser accionista y director general de la mercantil Orfund (en la que también tuvo participación Tita Cervera, baronesa Thyssen)-

Este y otros medios han indicado que, junto a otras sociedades, esa sociedad canalizaba al mercado europeo los diamantes de sangre que los rebeldes del Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona (FRU) obtenían haciendo trabajar como esclavos en su extracción a miembros de la población civil. Sujetos a toda clase de malos tratos, homicidios, lesiones y mutilaciones, hambre, violaciones, etc..

Negocio lucrativo

A cambio de esos diamantes Orfund, a través de las mercantiles instrumentales NACI (Negocio África-Costa de Marfil), Blue Stone y Fofana Trading, creadas al efecto en Costa de Marfil y Liberia, proporcionaba los recursos financieros que servían a los rebeldes del FRU para abastecerse de armas y municiones con las que mantener la cruel guerra civil que sufrió Sierra Leona entre 1991 y 2002.

Naturalmente, las ganancias obtenidas por Orfund eran exponencialmente superiores a lo que por esos diamantes pagaba a los autores de aquella barbarie.

En especial al presidente de Liberia Charles Ghankay Taylor (que actualmente extingue en una cárcel británica la pena de 50 años de prisión impuesta por el Tribunal Especial de Sierra Leona en 2013) y su mano derecha Alhaji Sekou Fofan, presidente de Blue Stone.

Razones oscuras contra la BPA

La investigación de las razones que dieron lugar a la irregular intervención de la BPA, atribuyéndole operaciones sobre las que existen pruebas abrumadoras de su falsedad y su fabricación ad hoc por aquella policía patriótica española, ha permitido, por ahora, no centrar la atención en Andbank (primitiva Banca Reig, fundada por la familia Rivas).

Óscar Rivas ha llegado a ser el presidente del Gobierno de Andorra, del que en los años 90 del pasado siglo fue Secretario Jordi Cinca, siendo el actual presidente de Andbank Oriol Rivas, hijo de Óscar.

Es decir, política y banca queda en familia, mientras Cinca salta hábilmente de una a otra para servir y servirse.

También el MoraBanc, entidades bancarias andorranas a través de las que existen fundadas sospechas de que Orfund y otras mercantiles presuntamente canalizaron y blanquearon los cuantiosos beneficios obtenidos del execrable comercio de los diamantes de sangre de Sierra Leona.

La jurisdicción penal andorrana para nada ha seguido una investigación en relación a estos abyectos hechos presuntamente constitutivos de crímenes de guerra, imprescriptibles a tenor de los artículos 8.2 y 29 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Andorra, por cierto, debutó como participante en una conferencia internacional en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios celebrada en Roma en 1998 en la que se aprobó ese Estatuto, tratado en el que el Principado es Parte y en cuyo Preámbulo figura una frase introducida a propuesta del representante andorrano)-

Sin embargo, la valerosa magistrada García, que tan meritoriamente insiste en investigar (con escasa colaboración de España, por cierto) el caso de la BPA y la intervención en él de la policía y el Gobierno español y andorrano, ha tenido el coraje de citar a Jordi Cinca (además de a exmiembros del Gobierno español como Rajoy, Montoro y Fernández Díaz y al ex-comisario Villarejo) como testigo en las diligencias que instruye.

El político, financiero y empresario andorrano Cinca tendrá que comparecer el próximo 4 de noviembre ante la magistrada García en calidad de testigo. Tiene la obligación de contestar y decir la verdad a cuantas preguntas se le formulen, no solo por Stéphanie García, sino por el ministerio fiscal.

Aunque es de imaginar que este, dado el sistema de selección de los fiscales andorranos, no osará inquietar al hasta ahora intocable e inatacable prócer deponente.

Pero sería la ocasión, y tal vez las partes acusadoras la aprovechen, para inquirir del testigo su relación con Andbank, sobre todo durante su desempeño en el ministerio de Finanzas, y su eventual conocimiento de los fondos depositados por Orfund en esta y otras entidades bancarias andorranas.

Naturalmente, sin autoincriminarse, y si tal fuera el caso suspendiendo la declaración la juez y otorgándole la condición de investigado o imputado, tal vez como autor mediato (el “hombre de atrás” o “autor de escritorio”) de crímenes de guerra perpetrados en Sierra Leona y, como tales, imprescriptibles.

La justicia andorrana, dada su estructura y el procedimiento de designación de sus miembros a que se ha hecho referencia al principio, es obvio que está en manos, como todo el poder de ese microestado, de determinadas familias cuyos capos (que unas veces ostentan cargos políticos y otras dan el salto, o los compatibilizan, con puestos directivos en entidades financieras y comerciales de este refugio fiscal) han sido hasta ahora intocables, pues la estructura política y judicial está descaradamente estructurada para proporcionarles la más absoluta impunidad.

Salvo que el stablishment andorrano haya dado ya por amortizado a Cinca y lo deje caer para ejemplificar una independencia judicial y una limpieza del sistema que permita seguir tirando un tiempo y manteniendo ese trampantojo político-económico que es el Principado y que tan jugosos réditos procura a las familias que manejan este burdo cotarro.

Pero tal vez la investigación de la magistrada García abra una vía de agua en este aparentemente insumergible acorazado, haciendo prevalecer la justicia sobre la impunidad. Aunque, es cierto, se arriesga a que la mafia política no prorrogue su mandato de seis años.

No estaría demás que intervinieran en este asunto los copríncipes, el obispo de Urgel (el joven, pío y docto Josep-Lluís Serrano Pentinat, que tal vez deba dedicar algún instante más a pensar en los 70.000 muertos, centenares de miles de heridos y mutilados, miles de mujeres y niñas violadas, millones de desplazados y otras atrocidades ocurridas en la guerra civil de Sierra Leona).

Y en tantos otros sufrimientos que las sumas procedentes del Estado cuya cojefatura encarna contribuyeron a ocasionar y prolongar.

Y lo mismo debería hacer el presidente de la República francesa (el siempre inquieto y luchador por los derechos humanos Emmanuel Macron, que no debe olvidar los sufrimientos de que fue víctima su patria a manos de los nazis y el expolio que muchos compatriotas sufrieron a manos de ocupantes y colaboracionistas).

Deberían intervenir para sacar a la luz la podredumbre que, bajo una apariencia de placidez, calma y prosperidad, se esconde desde hace tiempo en Andorra de la mano de oscuros intereses y puertas giratorias.

¿Qué garantías tienen los andorranos de que sus jueces les darán la razón si esta es contraria a los intereses de sus políticos? Se juegan ser renovados en sus cargos. Y una justicia neutra ha de ser totalmente independiente, no supeditada… ¿Qué opinarán los copríncipes?

[La frase, la justicia es un cachondeo, es mítica en España. La popularizó el ex alcalde de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pedro Pacheco]