Dos capitanes desmontan el relato oficial sobre la ‘operación Encrochat’: los guardias extrajeron datos “en vivo” sin orden judicial

La supuesta captura ilegal de datos de un ‘macroservidor’ europeo ha afectado a más de 5.000 españoles

Un capitán de la Guardia Civil destinado en el puerto de Valencia ha acreditado en sede judicial que hubo acceso en tiempo real a conversaciones encriptadas obtenidas en la operación Encrochat.

Una actuación a gran escala que permitió a las fuerzas de seguridad acceder a un servidor de Internet y extraer de él, sin autorización judicial, datos de usuarios implicados en delitos de diferente índole.

En esta operación se extrajeron conversaciones de ese servidor que han implicado a personas de distintos países europeos en hechos delitos con la intención de que sean juzgados por ellos en sus países.

El problema es que esta actuación policial carecía de cobertura judicial al menos en su inicio. Y así lo han ratificado dos capitanes de la Guardia Civil que trataron esos datos en España tras serles remitidos desde Europa.

117 kilos de cocaína

El agente, hoy capitán de la Guardia Civil, que instruyó el caso que permitió incautar 117 kilos de cocaína en las instalaciones portuarias de Valencia, refuerza lo ya afirmado por otros miembros de la UCO, también de la Guardia Civil.

Estos admitieron ante la Audiencia Nacional, donde se lleva un caso procedente de Encrochat, haber analizado en vivo conversaciones privadas de alrededor de cinco mil usuarios de Encrochat en España. Es decir, sin ninguna cobertura judicial.

Todo ello ocurrió antes de que se emitiera la correspondiente Orden Europea de Investigación (OEI) y de la recepción oficial del disco duro que contenía mensajes de contenido delictivo.

Además, las intervenciones masivas no se limitaron a Encrochat: también afectaron a SkyECC, un sistema de comunicaciones similar que abrió la puerta a numerosas causas penales que, de otro modo, difícilmente habrían prosperado por falta de pruebas.

Hasta el momento, ni la autenticidad ni la integridad de los mensajes ha podido certificarse, tal como han constatado diversos peritos en los juzgados que llevan temas relacionados.

La Guardia Civil espiaba Encrochat en directo y ocultaba el origen de las pruebas

En su declaración, el citado capitán afirmó al abogado Julio Sánchez que él participó directamente en la obtención de datos de Encrochat durante la fase activa del hackeo europeo al servidor liderado desde Francia.

Señaló que accedieron a información “en tiempo real” entre abril y junio de 2020. Estas palabras coinciden con las del entonces teniente al mando del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO (D05252Y).

De las manifestaciones de los agentes se desprende que no solo leían conversaciones en directo, sino que también podían seleccionar los terminales a espiar, incluidos los de trabajadores del puerto.

Gracias a esta información privilegiada, realizaron numerosas incautaciones de droga sin revelar en los atestados que la fuente de los datos era Encrochat y que no había cobertura judicial.

Reconocer el origen habría implicado admitir vulneraciones de derechos fundamentales de los acusados y un incumplimiento grave de la praxis policial, al diseñar coartadas para ocultar la procedencia real de la información.

A esto se suma un matiz jurídico relevante: la Directiva 2012/13/UE, en su artículo 7, obliga a facilitar al detenido todos los materiales esenciales para preparar su defensa, incluidos aquellos necesarios para cuestionar la legalidad de su detención o de la intervención policial.

Sin embargo, en estos casos nunca se incluyó en los atestados que la información procedía de accesos en vivo a Encrochat, impidiendo que los investigados conocieran la base real y fraudulenta de las operaciones.

El caso paradigmático del puerto de Valencia

La primavera de 2020 coincidió con una intensa actividad policial en el puerto de Valencia, que se saldó con numerosas incautaciones de estupefacientes.

Llama la atención el volumen de droga intervenida, especialmente en un periodo de fuerte caída del tráfico marítimo mundial debido a la pandemia.

En la mayoría de estas operaciones participaron conjuntamente dos unidades que rara vez coinciden en Valencia: la UDYCO 43 (Policía Nacional) y la UCO Drogas (Guardia Civil).

Normalmente sus colaboraciones en Valencia son excepcionales. Sin embargo, durante los meses en que, según los testimonios, tuvieron acceso directo a Encrochat, estas intervenciones conjuntas se multiplicaron de manera inusual.

Lo más llamativo no es solo la coincidencia, sino la forma de trabajar.

En las investigaciones de narcotráfico, el procedimiento habitual implica meses de seguimiento y recopilación de pruebas antes de incautar la droga.

En este caso, parecía ocurrir al revés: ya conocían qué contenedor (lo leyeron en Encrochat, pero sin autorización del juez) llevaba la sustancia, pero necesitaban detener a alguien in fraganti para justificar la operación. La identificación del resto de la organización ya habría sido obtenida previamente a través de Encrochat.

Además, las operaciones se ejecutaban en plazos extremadamente breves, a veces de apenas unos días. Es prácticamente imposible que dos unidades distintas coincidan por azar en intervenciones tan rápidas y tan específicas. La única explicación coherente es el uso compartido de una misma fuente de información.

Argumentos débiles para operaciones milimétricas

Los primeros informes policiales justificaban estas actuaciones mediante supuestas “informaciones externas” recibidas simultáneamente por ambos grupos.

Sin embargo, las explicaciones pronto empezaron a mostrar inconsistencias: eran demasiado vagas y cambiaban de caso en caso.
Algunas veces se hablaba de hallazgos casuales; otras, de precintos sospechosos o pistas anónimas.

En ciertos atestados se mencionaba un informante, algo que no se comparte entre unidades, mientras que en otros se aludía a la DEA. En muchos casos, la explicación resultaba poco creíble: “precintos mal colocados” en contenedores ubicados a gran altura.

El patrón era evidente: justificaciones formalmente correctas pero insuficientes para explicar operaciones tan precisas y coordinadas. La paradoja final: en todos los procedimientos la prueba principal eran los mensajes de Encrochat, precisamente aquello que nunca aparecía en los informes judiciales originales.

El deber de decir la verdad para evitar el falso testimonio

Algunos agentes de la UCO han alegado que existían códigos internos que ordenaban ocultar temporalmente el origen de la información a la autoridad judicial. Pero el conflicto interno era evidente.

Por un lado, la ley prohíbe ocultar al juez instructor la procedencia real de los datos. Por otro, la Guardia Civil tenía la obligación de actuar frente a alertas que permitían interceptar grandes cantidades de droga en un puerto estratégico.

Ahora, sin embargo, en sede judicial y bajo juramento, los agentes están obligados a relatar exactamente lo sucedido para no incurrir en falso testimonio.