La jueza rechaza el intento de la pareja de Ayuso de eludir el juicio

Considera que hay «indicios suficientes» de su implicación en los hechos investigados

La jueza Inmaculada Iglesias ha desestimado el recurso presentado por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Con él buscaba evitar ser juzgado por dos presuntos delitos fiscales y otro de falsedad documental, relacionados con un supuesto fraude cometido en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.

Papel de la jueza

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada confirma la decisión adoptada a finales de mayo de procesar al empresario. Y deja la causa a la espera de que se dicte el auto de apertura de juicio oral, siempre que así lo soliciten las partes implicadas.

La jueza argumenta que no se ha producido «ninguna indefensión» por haber denegado diligencias solicitadas por la defensa, al considerar que eran «innecesarias» e «inútiles» en la fase de instrucción, dado que existen:

«Indicios suficientes de participación de los investigados en los hechos imputados»

El auto señalaba también la continuación del proceso por la vía del procedimiento abreviado, basado en los informes de las inspectoras de Hacienda y en una extensa documentación administrativa. Cerca de 1.500 elementos que fueron tenidos en cuenta durante la investigación.

Entre las diligencias rechazadas, la defensa solicitaba incorporar una prueba pericial. Sin embargo, la jueza reprocha que esta no se hubiera propuesto en los casi quince meses que duró la instrucción. Añadió la magistrada:

«En el escrito de proposición de prueba denegada, se solicitan dos testificales para luego presentar un informe pericial, sin indicar siquiera una fecha aproximada de entrega. Es evidente que admitir esas diligencias hubiera supuesto una dilación indebida del procedimiento»

La denuncia de la Fiscalía

El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia del Ministerio Fiscal, basada en un informe de la Agencia Tributaria que apuntaba a «gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades«, gastos que «no se corresponden con servicios realmente prestados» y que, según el informe, se habrían utilizado para reducir el importe a pagar por el Impuesto de Sociedades en los años 2020 y 2021.

Dicho informe, recibido por la Fiscalía en 2022, se centraba en la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente. En él se identificaban indicios que apuntaban a dos posibles delitos contra la Hacienda Pública, al detectarse un fraude fiscal superior a los 120.000 euros.

Y un presunto delito de falsedad documental, por el uso de facturas falsas con el objetivo de reducir la carga tributaria.

Negativa a declarar

El pasado 24 de febrero, González Amador se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza, por consejo de sus abogados, a la espera de que se resolviera el recurso relacionado con la apertura de una pieza separada.

Pocos días después, la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se ampliara la investigación a posibles delitos adicionales no contemplados en la causa principal.

En una posterior comparecencia, el empresario explicó a la jueza los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó haberlos ocultado mediante una sociedad instrumental, como sospecha la Fiscalía.