La juez de Andorra pide a España los audios de Villarejo

Fuentes jurídicas próximas a los accionistas afirman que los hermanos Cierco no han mantenido ningún contacto con el comisario y que, por tanto, jamás se le hizo encargo alguno

La jueza de instrucción de Andorra que investiga las coacciones de la policía patriótica a la Banca Privada de Andorra (BPA) ha solicitado a la Audiencia Nacional que le envíe las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que dio en exclusiva FUENTES INFORMADAS. Estas revelan a la extorsión a la que fue sometida esta entidad. Asimismo, la juez quiere saber si el comisario recibió algún encargo de los expresidentes y accionistas mayoritarios de la BPA, los hermanos Cierco.

La Audiencia Nacional, y en concreto el juez instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, está a la espera de que el Ministerio Fiscal se pronuncie al respecto antes de decidir si accede a la solicitud del país vecino. Es decir, que primero el fiscal de, en su caso, el «visto» y luego el juez de la Audiencia Nacional resolverá.

Los audios descubiertos por FUENTES INFORMADAS, revelan que desde el Ministerio del Interior se dio instrucciones al agregado de la Embajada de España en Andorra para que comunicara a los hermanos Cierco que debían de darle las cuentas de líderes independentistas a cambio de no intervenir la BPA.

El agregado de la Embajada avisó al CEO de la BPA que la entidad sería intervenida (como así sucedió) si no le facilitaban las cuentas bancarias de varios líderes secesionistas. Entre ellos, la familia Pujol y Oriol Junqueras.

La policía patriótica, en el marco de llamada operación Cataluña, hizo estas y otras gestiones. Tal y como figuran en los audios dados a conocer por FUENTES INFORMADAS, con el objetivo de reventar por dentro el movimiento independentista.

Fuentes jurídicas ignoran si los audios solicitados por la juez de Andorra rezan ya en el sumario o si, por el contrario, se encuentran entre los que aún no se han podido desencriptar por parte de la policía y que forman parte del arsenal de grabaciones que decomisó en 2017 Asuntos Internos en casa del comisario Villarejo.

En esos audios se atisba que el ideólogo y encargado de la ‘Operación Cataluña’ y la vía andorrana de esa trama, fue el exjefe de Asuntos Internos de la policía, Marcelino Martín Blas.

Los audios se difundieron por este periódico el 31 de mayo, 12 de julio y 3 de agosto pasados. Todos ellos recogen con nitidez las extorsiones sufridas por los accionistas de la BPA para que les dieran las cuentas de los Pujol.

Querellas de los accionistas de la BPA

La juez de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, investiga distintas querellas formuladas por los accionistas de la BPA. Dichas querellas contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; y el de Hacienda, Cristóbal Montoro. Además de varios miembros de la cúpula policial española de la época, por la denominada Operación Cataluña.

Se investigan presuntas extorsiones, coacciones y chantaje por parte de la policía patriótica en 2014. Dichas prácticas estarían dirigidas a responsables de BPA para conocer por presuntas «vías ilegales» información bancaria de líderes secesionistas. La juez, tras la información de este periódico, decidió reactivar las querellas y citó como imputados a Rajoy y a los otros dos ministros.

Pero Rajoy se opuso a la citación y acudió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidiendo inmovilizar su llamamiento. Recientemente, el tribunal madrileño le ha denegado su petición y ha dado luz verde a los interrogatorios. Acepta así la comisión rogatoria emitida por la jueza para que se comunique a Rajoy, Fernández Díaz y Montoro su condición de investigados por estas querellas.

Sin embargo, no toda la documentación en audios del comisario está en los autos que se siguen en la Audiencia Nacional. Muchos de ellos están encriptados y se ignora qué informaciones -audios- serán las que finalmente se le faciliten a la juez andorrana.

Por su parte, el tribunal explicó que el hecho de aceptar la comisión rogatoria no podía confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. Esto se debe a que los magistrados dejaron claro que el auxilio judicial tiende, esencial pero no exclusivamente, a notificarles el inicio de un procedimiento. Además de «garantizar una situación de igualdad ante la ley».

Respecto a la petición sobre si los hermanos Cierco hicieron algún encargo al comisario Villarejo, fuentes jurídicas cercanas a los hermanos lo niegan. Aseguran que estos no han mantenido ningún contacto con el comisario y que, por tanto, jamás se le hizo encargo alguno.