El operativo se ha realizado sobre las 10:00 horas tras aprobarse la orden del juez Hurtado
La Guardia Civil ha procedido esta mañana al registro del despacho de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, para intervenir documentos, dispositivos y correos electrónicos. La medida responde a la instrucción del juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, quien investiga un supuesto delito de revelación de secretos, en el que figura como denunciante Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Según el auto judicial, emitido el martes, el magistrado Hurtado ha autorizado el registro para asegurar la intervención de documentos en formato papel o digital que estén directamente relacionados con el caso. La orden también permite la incautación del teléfono móvil del fiscal general y de otros dispositivos electrónicos que puedan aportar evidencias a la investigación.
Durante el operativo, efectuado en torno a las 10.00 horas, la Guardia Civil obtuvo acceso a diversas cuentas de correo electrónico y perfiles en redes sociales de García Ortiz, en un proceso que las fuentes jurídicas aseguran está ya completado.
Defensa legal y acusaciones personadas
Esta misma mañana, el juez Hurtado emplazó al fiscal general a nombrar un abogado que lo represente en el procedimiento para evitar posibles situaciones de indefensión. En el auto, el juez subraya que, a diferencia de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien está representada por la Abogacía del Estado, García Ortiz aún no cuenta con representación.
Por el momento, fuentes fiscales han señalado que la defensa del fiscal general del Estado será asumida por la Abogacía del Estado, aunque el juez ha requerido una confirmación oficial al respecto.
Manos Limpias está tras la acusación
Dentro de la misma resolución, el juez Hurtado también dio traslado a las acusaciones populares personadas en la causa, entre las que figuran Fundación Foro Libertad y Alternativa, el sindicato Manos Limpias, el Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Según el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se les ha concedido un plazo de cinco días para pronunciarse sobre su posible agrupación.
En cuanto a las diligencias solicitadas por la acusación particular de González Amador, así como la suspensión cautelar de García Ortiz en sus funciones, el juez Hurtado ha pospuesto su decisión a una resolución aparte que se emitirá próximamente.