La gestión de las mascarillas durante la pandemia está bajo la lupa de al menos cinco tribunales

La Fiscalía sostiene que hay indicios suficientes para concluir que existe «una organización criminal» con «conciertos previos» que se dedicó a conseguir la adjudicación de contratos

La gestión de las mascarillas durante la pandemia del coronavirus continúa bajo la lupa de al menos cinco tribunales, cuatro años después de que se declarara el primer estado de alarma en marzo de 2020. La Audiencia Nacional, la Fiscalía Europea, un juzgado de Las Palmas y tres de Madrid están investigando posibles casos de comisiones irregulares en las adjudicaciones de contratos, delitos contra la Hacienda Pública por parte de empresarios, así como malversación o delitos contra los trabajadores por parte de la Administración.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que el número de investigaciones podría ser mayor, ya que algunas causas podrían estar siendo instruidas de manera confidencial, como sucedió hasta ahora con el conocido como ‘caso Koldo’, que implica a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Contexto del ‘caso Koldo’

La Audiencia Nacional está investigando a siete personas, incluyendo a Koldo García, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias relacionados con la contratación de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia.

La Fiscalía argumenta que hay indicios de una organización criminal dedicada a obtener contratos públicos, con Koldo García presuntamente recibiendo pagos para facilitar estas adjudicaciones y ocultar los ingresos.

Se ha señalado que Koldo adquirió bienes por valor de hasta 1,5 millones de euros poco después de las adjudicaciones a una empresa llamada Soluciones de Gestión.

Los contratos investigados fueron otorgados por Puertos del Estado, ADIF y la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, así como por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Baleares, sumando un total de 51.998.434 euros.

Anticorrupción ha enviado cinco de estos contratos a la Fiscalía Europea debido a que implican fondos europeos.