La Fiscalía se ha pronuniado después de que esta semana el TSJ madrileño acordara conceder la medida cautelarísima solicitada por el expresidente del Gobierno
La Fiscalía de Madrid ha mostrado su oposición a la petición del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de paralizar de forma cautelar la comisión rogatoria que libró Andorra con la intención de interrogarle a raíz de la querella presentada en el Principado por la ‘Operación Cataluña’. FUENTES INFORMADAS ha dado cobertura a esta causa aportando varios audios y documentos de interés.
Según ha informado Europa Press, el Ministerio Público ha informado este miércoles de que ha remitido ya un escrito al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid en el que ha comunicado su oposición a suspender cautelarmente el auxilio judicial reclamado por Andorra.
La Fiscalía se ha pronunciado después de que esta semana el TSJ madrileño acordara conceder la medida cautelarísima solicitada por Rajoy y diera traslado a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal para que informaran antes del jueves. Transcurrido ese plazo, se resolverá sobre la medida cautelar.
Según ha precisado la Fiscalía, el argumento de Rajoy de que se han vulnerado sus derechos fundamentales lo que “realmente” encubre es un juicio sobre la actuación del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid y la Audiencia Provincial.
La defensa del exlíder del PP alegó que había visto vulnerado sus derechos porque el juzgado, al dar trámite a la citada rogatoria, no realizó el “previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional”.
Aunque la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón al considerar que dicho juzgado debía haber estimado sus recursos contra la comisión rogatoria de Andorra, precisó que no podía admitir sus recursos de queja porque la juez ya había actuado y dado respuesta al Principado. Así las cosas, avaló el auxilio judicial brindado a las autoridades andorranas.
La querella de Andorra
La Justicia de Andorra investiga a los tres excargos del Ejecutivo por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer “mediante vías ilegales” información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras.
En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conocer “mediante vías ilegales” una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana” de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.
La jueza Stéphanie Garcia que instruye la causa relativa al fragmento andorrano de la ‘Operación Cataluña’, en una providencia del 23 de mayo de 2022 a la que tuvo acceso FUENTES INFORMADAS, designó a un equipo de la unidad policial especializada en delitos económicos y financieros para “hacer todas las investigaciones oportunas” con el fin de “esclarecer la verdad” sobre el caso que afecta a la Banca Privada d’Andorra (BPA) como perjudicada por coacciones. Asimismo, se conoció que algunos de los imputados, entre ellos, el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, se personaron en la causa.
De este modo, Stéphanie Garcia, titular de la Sección Especializada de Instrucción nº 2 de la Justicia de Andorra, encomendó prestar “funciones de auxilio judicial” a ese equipo policial especializado. Así, la jueza instructora, en cumplimiento de las Comisiones Rogatorias Internacionales remitidas a principios de junio del 2022 a España, dio luz verde a la policial judicial de delitos económicos y financieros de Andorra para que contactara con cualquier policía extranjera, y en concreto, se refería especialmente a “los cuerpos judiciales españoles”.
Recientemente, las defensas de Rajoy, de Fernández Díaz y de Montoro alegaron que habían visto vulnerados sus derechos porque el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, al dar trámite a la citada rogatoria, no realizó el “previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional”.
La Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón al considerar que dicho juzgado debía haber estimado sus recursos contra la comisión rogatoria de Andorra. La Audiencia, sin embargo, matizó que no podía admitir sus recursos de queja porque la juez ya había actuado y dado respuesta al Principado, por lo que finalmente avaló el auxilio judicial brindado a las autoridades andorranas.