La Fiscalía pide seis años de cárcel para Ignacio González por los contratos del campo de golf del Canal de Isabel II

El expresidente madrileño y otras cuatro personas se sientan desde el martes en la Audiencia Nacional por dos adjudicaciones

Según Anticorrupción, una empresa de familiares de González se benefició de al menos 504.780 euros de fondos públicos. Habría intermediado sin necesidad en dos contratos del ente público.

La Audiencia Nacional juzga desde este martes al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a otras cuatro personas. Se les acusa de presuntas irregularidades en dos contratos del Canal de Isabel II vinculados a su campo de golf. Es la pieza 2 del ‘caso Lezo’.

Junto a González están acusados el director gerente del Canal entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y tres socios de la empresa receptora de las adjudicaciones, TCT: José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Los dos últimos son hermano y cuñado del expresidente.

La Fiscalía Anticorrupción pide para todos seis años de prisión como presuntos autores de cohecho y como cooperadores necesarios, además de una multa de 550.000 euros.

Un modificado sin nueva licitación

Según el escrito de conclusiones provisionales los hechos parten de 2002. Ese año el Canal firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Madrid para abrir al uso público varias instalaciones. Convocó un concurso para construir la cubierta del tercer depósito.

En junio de 2004, la dirección del Canal, en manos de De Miguel y de González, entonces vicepresidente de la Comunidad, habría impulsado un modificado de ese concurso para beneficiar a familiares de este último. La Fiscalía sostiene que, por los cambios sustanciales, debió convocarse una nueva licitación.

Los acusados habrían acordado adjudicar directamente el modificado a Dragados, con la condición de que subcontratara a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, conocida como TCT. Sus socios eran Clemente, el hermano y el cuñado de González, que ocultaron su titularidad mediante personas interpuestas, según Anticorrupción.

El Consejo de Administración aprobó la adjudicación directa el 19 de julio de 2006, tras la intervención de González y De Miguel.

Tres millones de euros en subcontratas

El 15 de junio de 2006, antes de la adjudicación formal, Dragados subcontrató a TCT. Según la Fiscalía, los socios de esta empresa habían pactado en secreto con Dragados subir un 47 % el importe. El primer contrato, de 160.204,79 euros, era para un hoyo de prueba.

Cuatro anexos posteriores, entre agosto de 2006 y febrero de 2007, elevaron el total a 3.067.864,83 euros.

TCT se fundó en 2003 y no incluyó proyectos deportivos hasta 2008. Para Anticorrupción, carecía de capacidad para ejecutar esos trabajos, así que los subcontrató a Onlygolf Planning and Design y a Fieldturf España, con una comisión del 8 % por intermediar.

La Fiscalía calcula que TCT facturó a Dragados 3.257.039 euros en 13 facturas y pagó 2.876.010,16 euros a esas dos empresas. La diferencia, 381.029 euros, sería el beneficio de una intermediación innecesaria.

Repartos con siglas en lugar de nombres

Entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, según el escrito, los acusados se repartieron parte de los beneficios con un plan documentado. El hermano de González, oculto bajo las siglas ‘PG’, habría recibido 101.348 euros en 20 entregas en efectivo. El cuñado, ‘JJC’, 94.425 euros en once. A Clemente, ‘JCM’, le habrían correspondido 71.199 euros.

Los pagos se habrían justificado con facturas de sociedades instrumentales, según Anticorrupción.

El segundo contrato: el mantenimiento del césped

En 2006, el Canal adjudicó la gestión de las instalaciones deportivas del tercer depósito a una unión de empresas formada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras. Esta creó Green Canal Golf, que firmó la concesión en 2007.

Poco después, esa sociedad subcontrató a TCT el mantenimiento del césped durante cinco años, por 9.875 euros al mes. Ese mismo día, TCT lo subcontrató a Onlygolf por 7.941 euros mensuales. Según el Ministerio Fiscal, obtuvo así unos 124.000 euros solo por intermediar.