Colombia, Marruecos y Venezuela acaparan más de la mitad de las solicitudes de regularización

13 de octubre de 2026
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Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registros. | EP

Los tres países suman el 51 % de las 1.174.978 peticiones registradas, según el Gobierno en respuesta a varias preguntas del Partido Popular

Una respuesta parlamentaria del Ejecutivo revela que las personas de origen colombiano, marroquí y venezolano presentaron el 51 % de las solicitudes del proceso de regularización extraordinaria.

Colombia lidera la clasificación con el 25,9 % de las peticiones, seguida de Marruecos, con el 13,3 %, y de Venezuela, con el 11,8 %.

Completan las diez primeras nacionalidades Perú (8,8 %), Honduras (4,8 %), Paraguay (3,8 %), Argelia (3,4 %), Senegal (2,9 %), Pakistán (2,5 %) y Argentina (2,3 %).

Los datos figuran en la contestación del Gobierno a una batería de preguntas de los populares sobre el desarrollo del proceso.

Datos que aún no existen

El Partido Popular pidió conocer cuántas solicitudes se han rechazado y cuántas órdenes de expulsión, devoluciones o procedimientos de retorno se han suspendido.

También preguntó por los expedientes de personas que habían solicitado antes protección internacional o asilo, y por los de quienes están en prisión en España.

El Ejecutivo responde que, a 21 de septiembre, no disponía de esa información, porque la tramitación siguió abierta hasta el día 30 de ese mes.

Sin cifras sobre fraude

En otra batería de preguntas, los populares quisieron saber cuántos expedientes presentaban indicios de fraude documental, falsedad en la residencia o uso de documentos obtenidos de forma irregular.

El Ministerio del Interior asegura que no conoce esa cifra. Explica que la tramitación corresponde a la unidad de extranjería que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Si se detectan indicios de falsedad, añade el Gobierno, se comunican a las secciones de la Policía Nacional especializadas en fraude documental y en redes de inmigración. Estas informan de inmediato a la Fiscalía.

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