La Fiscalía pide al Supremo mantener la inhabilitación de Junqueras por malversación agravada pese a la nueva reforma del Gobierno

En su escrito de alegaciones los fiscales sostienen que solo se deben rebajar las penas a los condenados por el delito de sedición y no a los juzgados por malversación con la entrada en vigor de la nueva reforma penal

Los fiscales del ‘juicio del procès’ han pedido este miércoles que el Tribunal Supremo, que juzgó los sucesos del 1 de octubre de 2017, mantenga la condena de 13 años de inhabilitación a Oriol Junqueras, el exvicepresident de la Generalitat y dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ello se desprende de su escrito de alegaciones a raíz de de la revisión que los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo deben llevar a cabo de esta sentencia debido a la reforma penal ejecutada por el Gobierno que derogó la sedición -sustituida por el ilícito de desórdenes públicos agravados- y modificó la malversación introduciendo un tipo agravado.

Los fiscales encargados del caso, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena piden directamente no revisar en modo alguno las condenas impuestas a Junqueras (13 años de cárcel e inhabilitación), además de a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12 años de cárcel e inhabilitación) por delitos de malversación y sedición.

En cambio, respecto a los cinco condenados que lo fueron solo por sedición -la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (11 años y 6 meses), los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull (10 años y 6 meses), así como los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (9 años)- sí pide rebajas, según ha informado Europa Press.

“La derogación de la sedición no supone una despenalización”

El Ministerio Público explica que “la sedición como delito complejo abarcaba y absorbía en su injusto típico tanto la fuerza y violencia que fueron empleadas, como los desórdenes públicos y el incumplimiento de las resoluciones judiciales”, por lo que sostienen que “su derogación no supone una despenalización”.

“La consecuencia no puede ser otra que un nuevo juicio de tipicidad, a modo de ‘resurrección o vuelta a la vida’ de los preceptos preteridos, mediante la aplicación de aquellos tipos penales menos graves que no se aplicaron por la absorción en el tipo penal más grave y complejo de la sedición”, arguyen.

Así, interesan 9 años y 2 meses de inhabilitación para Forcadell: 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por el delito de desórdenes públicos, y 1 año y 8 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de desobediencia.

En el caso de Forn y Rull solicitan una pena de 8 años y 2 meses de inhabilitación (6 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por el delito de desórdenes públicos, y 1 año y 8 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de desobediencia).

Y para los Jordis -el exlíder de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez y el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart- los fiscales reclaman una pena de 5 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de desórdenes públicos.