La Fiscalía Europea destapa una trama de fraude de IVA y blanqueo de 27,9 millones vinculada a Víctor de Aldama

La investigación reconstruye una red de sociedades pantalla en Portugal que habría servido para mover y devolver a España fondos procedentes de empresas de hidrocarburos

Víctor de Aldama aparece entre las personas señaladas en una investigación de la Fiscalía Europea sobre una presunta trama de fraude de IVA y blanqueo de capitales que habría movido alrededor de 27,9 millones de euros a través de una compleja red de empresas españolas y portuguesas. El caso se ha tramitado en Madrid bajo el procedimiento FEU 89/2026.

El funcionamiento de la presunta red aparece detallado en un decreto firmado el pasado 20 de julio por la fiscal europea delegada Olga Muñoz Mota. El documento reconstruye un circuito financiero que habría permitido trasladar importantes cantidades de dinero desde España hasta Portugal para posteriormente devolver parte de esos fondos a territorio español. Algunas operaciones llegaron incluso a pasar por cuentas situadas en China y Reino Unido, además de otros países.

El expediente llegó a la delegación española de la Fiscalía Europea el 8 de junio procedente de Portugal. Las autoridades lusas investigaban los movimientos desde 2023 después de que varias entidades bancarias detectaran operaciones sospechosas y emitieran las correspondientes alertas relacionadas con un posible blanqueo de capitales.

Según la investigación, entre 2022 y 2024 alrededor de 19 sociedades españolas vinculadas al sector de los hidrocarburos transfirieron unos 27,9 millones de euros a diferentes compañías portuguesas. Entre las empresas españolas figuran Canary Islands Fuel Company, Salamanca Fuel Center, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000.

El dinero se enviaba a sociedades portuguesas como Labirinto da Bruma, Detalhes Adequados, Cálculo Corrente, Cifracrobática, Diálogo Erudito, Aristogiraffe, Atmosferaudaz y Aroundpages. Las transferencias aparecían formalmente vinculadas a operaciones de suministro de combustible.

Sin embargo, las pesquisas apuntan a que estas compañías portuguesas no desarrollaban una actividad económica real que justificase los movimientos. Varias no habrían presentado facturas ante la Hacienda portuguesa pese a recibir cantidades millonarias y tampoco constaban operaciones en el sistema VIES del IVA intracomunitario. Los investigadores sostienen que estas sociedades habrían servido como estructuras instrumentales para canalizar el dinero y facilitar su posterior regreso a España.

El recorrido de los fondos no siempre era directo. El dinero podía pasar por varias sociedades antes de regresar a cuentas españolas. La investigación recoge incluso dos operaciones en las que determinadas cantidades terminaron en una cuenta de la compañía china Jiahe Wanji Mining Limited, abierta en Standard Chartered Bank, antes de volver a Portugal y posteriormente a España.

De los casi 28 millones analizados, aproximadamente nueve millones habrían regresado a cuentas españolas. Otros tres millones terminaron en brókeres de criptomonedas situados en Reino Unido y una cantidad similar fue distribuida entre países como Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay. En Portugal llegaron a bloquearse hasta 13 millones de euros, de los cuales 11,8 millones permanecen embargados.

El decreto identifica a Nuno Miguel Santos Luvas, José Manuel Recio Hernandes, Juan Catalán Béjar y Víctor Gonzalo de Aldama Delgado como personas que habrían facilitado la utilización de las sociedades portuguesas investigadas.

En el caso de Aldama, el documento lo sitúa como accionista único de Atmosferaudaz Unipessoal y recoge también su vinculación con las sociedades españolas MTM 180 Capital y Logística Comercial Montelimar. Las cuatro cuentas bancarias de Atmosferaudaz habrían recibido alrededor de 7,4 millones de euros entre 2022 y 2023 procedentes de varias empresas españolas del sector de los hidrocarburos.

Parte de esos fondos se habría destinado posteriormente al pago de vehículos y arrendamientos, además de realizarse transferencias hacia sociedades españolas. La investigación también detecta movimientos desde otras compañías portuguesas hacia cuentas personales de personas relacionadas con el entramado.

Pese a las cantidades investigadas y al carácter internacional de las operaciones, la Fiscalía Europea ha concluido que no tiene competencia para continuar con el procedimiento. El organismo considera que el supuesto delito fiscal que originó los fondos se habría cometido íntegramente en España y que, por tanto, no concurren las condiciones necesarias para mantener la causa bajo su jurisdicción.

El caso regresará así a la justicia española. La Audiencia Nacional ya investiga desde antes a la misma presunta organización dentro de las Diligencias Previas 147/2024. Ese procedimiento analiza una estructura empresarial relacionada con el sector de los hidrocarburos que habría funcionado entre 2020 y 2024.

La investigación española eleva considerablemente la dimensión económica del caso. Según recoge el decreto de la Fiscalía Europea, la red investigada habría provocado un perjuicio aproximado de 182 millones de euros a la Hacienda Pública mediante presuntos delitos de fraude de IVA, falsificación documental y blanqueo de capitales.

Por este motivo, la Sala Permanente número 11 de la Fiscalía Europea acordó el pasado 2 de julio enviar las actuaciones a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, plaza número 5. Allí se incorporarán al procedimiento que ya está abierto en España, junto con los fondos que permanecen embargados en Portugal, para continuar con la investigación.