La dramática historia de Tommouhi: 2,5 millones tras haber estado 18 años preso por error

La equivocada condena que persigue a la ministra Robles cuando era juez. 30 años después, el Supremo declara inocente a Tommouhi y el Estado deberá indemnizarle

La indemnización de 2,5 millones de euros que acaba de reconocer el Tribunal Supremo a Ahmed Tommouhi vuelve a poner el foco sobre una de las historias más sorprendentes y dolorosas de la Justicia española.

La historia de Tommouhi no es solo la de un hombre que pasó cerca de dos décadas en prisión por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones que nunca cometió. Es también la historia de un sistema que tardó más de 30 años en corregir un error que fue dejando señales por el camino.

Ahmed Tommouhi llegó a España desde Marruecos a principios de los años noventa para trabajar como albañil. Poco después fue detenido en el marco de una investigación sobre varias agresiones sexuales ocurridas en Cataluña. La principal prueba contra él fueron las ruedas de reconocimiento realizados por algunas víctimas, que lo señalaron como uno de los autores.

Aquellos testimonios tuvieron un peso enorme. Hay que recordar que en aquella época las pruebas de ADN estaban mucho menos desarrolladas y no tenían la relevancia que poseen hoy en día. Las identificaciones visuales seguían siendo una de las herramientas más utilizadas en muchas investigaciones. Aun así, existían muestras biológicas que se fueron incorporando a los procedimientos.

Eso ocurrió en el caso de Tommouhi, donde empezaron a aparecer elementos que no encajaban con la versión que había sustentado las condenas. Los avances científicos permitieron realizar análisis genéticos cada vez más precisos y comenzaron a surgir contradicciones difíciles de explicar.

El punto de inflexión llegó en 1997. Los análisis de ADN comenzaron a señalar a otro hombre distinto como responsable de algunos de los hechos por los que Tommouhi había sido condenado. De repente, la historia daba un giro inesperado: mientras la ciencia apuntaba en otra dirección, las condenas contra Ahmed se mantenían firmes.

Y ahí es donde aparece una de las mayores paradojas de este caso.

Desde finales de los años noventa existían pruebas biológicas que cuestionaban seriamente la culpabilidad de Tommouhi. Sin embargo, aquello no provocó una revisión automática de la sentencia condenatoria por parte del Tribunal de Barcelona, en el que estaba Robles.

Durante años, la sensación fue la de un caso atrapado entre dos realidades: una científica, que cada vez generaba más dudas sobre la autoría de los hechos, y otra judicial, que permanecía inmóvil.

Finalmente, tras 18 años de prisión, el Tribunal Supremo analizó las pruebas de ADN, revisó la sentencia de Barcelona y puso en libertad a Tomouchi.

Pero si la historia de Ahmed Tommouhi es dura, la de Abderrazak Mounib resulta todavía más trágica.

Mounib también fue condenado dentro de aquella misma cadena de investigaciones y defendió siempre su inocencia. La diferencia es que nunca llegó a ver el desenlace. Murió en prisión en el año 2000, mucho antes de que las revisiones posteriores terminaran desmontando el caso.

Mientras Tommouhi pudo escuchar décadas después cómo el Supremo anulaba las condenas que pesaban sobre él, Mounib nunca tuvo esa oportunidad.

La reciente sentencia que reconoce la indemnización añade además un detalle especialmente llamativo. Según el Supremo, una prueba biológica incorporada al procedimiento inicial no fue valorada por el tribunal que dictó la condena. Es decir, no se trata de una evidencia descubierta veinte o treinta años después, sino de una prueba que ya formaba parte de la causa. Estaba dentro del expediente judicial. Y, sin embargo, fue ignorada por completo a la hora de construir la condena.

Una de las sentencias, dictada en 1992 por la Audiencia Provincial de Barcelona cuando la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, presidía dicha sección, envió a Ahmed Tommouhi a prisión.

Ahora, la pregunta ya no es únicamente por qué la revisión de la condena tardó tantos años en llegar. La verdadera pregunta es cómo es posible que durante décadas existieran pruebas biológicas que corroboraban la inocencia de Tommouhi y, aun así, quedaron fuera del razonamiento jurídico que llevó a condenar a un hombre que acabaría pasando casi 20 años entre rejas.

¿Pesó más el reconocimiento visual de las víctimas que las evidencias científicas? ¿Se infravaloró el valor de la genética forense? ¿O simplemente se produjo un error judicial que el sistema no quiso corregir durante años?

Tommouhi era inocente y estuvo 18 años preso hasta que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisó su condena en 2023 y lo absolvió.

Lo que sí parece indiscutible es el resultado final. Treinta años después, el Estado reconoce el daño causado por una condena que terminó siendo anulada y deberá indemnizar a Ahmed Tommouhi con 2,5 millones de euros. Pero el caso deja una profunda reflexión: a veces los errores judiciales no sobreviven porque falten pruebas, sino porque nadie consigue que las pruebas adecuadas sean escuchadas cuando deberían.

Y en esta historia hubo un hombre que vivió lo suficiente para ver reconocido ese error; pero otro, Abderrazak Mounib, murió esperando que llegara ese día.