Plus Ultra recibió 53 millones del Gobierno de Sánchez sin reunir ningún requisito y con deudas a la Seguridad Social

La aerolínea presentó certificados oficiales de estar «al corriente» mientras renegociaba deudas con la Seguridad Social desde 2017. Todo era mentira.

La imagen instalada durante los últimos años ha presentado a Plus Ultra como una compañía opaca, sostenida políticamente y vinculada desde el inicio al rescate millonario concedido durante la pandemia. Sin embargo, la cronología de la empresa cuenta algo bastante distinto. Esta compañía está imputada por el juez por haber recibido 53 millones del Gobierno de Sánchez sin reunir ningún requisito y por supuestas presiones de Zapatero.

Plus Ultra fue fundada en 2011 por Julio Martínez Sola, en plena crisis económica, y pasó varios años intentando entrar en un mercado especialmente duro como el de la aviación. No fue hasta julio de 2015 cuando consiguió el permiso que permite a cualquier aerolínea operar comercialmente: el Certificado de Operador Aéreo, conocido como AOC.

Ese escrito fue concedido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente entonces del Ministerio de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy, con Ana Pastor como ministra.

No se trataba de un simple trámite administrativo. El AOC acredita que una compañía cumple los requisitos técnicos, operativos y de seguridad exigidos para transportar pasajeros. Sin ese documento, una aerolínea no puede despegar.

Además, Plus Ultra obtuvo esa autorización bajo la normativa europea AIR OPS, el nuevo marco regulatorio implantado entonces en aviación civil y considerado especialmente exigente dentro del sector. Según distintas referencias aeronáuticas, fue una de las primeras compañías españolas certificadas bajo ese sistema.

De hecho, una de las grandes contradicciones del debate político es que mientras algunos sectores describen a Plus Ultra como una aerolínea inviable desde su origen, fue precisamente la administración del PP la que autorizó oficialmente su actividad aérea.

Ese antecedente no elimina las dudas económicas que ahora aparecen en la investigación judicial sobre el rescate de 53 millones de euros aprobado por la SEPI.

El procedimiento abierto en la Audiencia Nacional cuestiona si la empresa cumplía realmente las condiciones financieras necesarias para acceder al fondo público creado durante la pandemia y si existieron presiones políticas para facilitar la operación.

Pero incluso dentro del propio auto aparecen elementos que reflejan una realidad más compleja que la imagen de una empresa fantasma creada únicamente para captar dinero público.

La documentación remitida por la propia SEPI muestra que, cuando Plus Ultra presentó formalmente la solicitud de ayuda el 1 de septiembre de 2020, adjuntó certificados oficiales de la Tesorería General de la Seguridad Social que acreditaban que la compañía se encontraba al corriente de sus obligaciones y que no tenía deudas vencidas pendientes de pago. Pero era mentira.

Meses después, el informe elaborado por Deloitte para la SEPI reveló que la aerolínea mantenía una deuda aplazada con la Seguridad Social que acabó alcanzando los 451.954 euros y que arrastraba obligaciones pendientes desde 2017 hasta mayo de 2020. La empresa había solicitado distintos aplazamientos y reconsideraciones de deuda durante esos años para evitar tensiones de tesorería.

A ello se suma el análisis pericial incorporado a la causa, que concluye que la aerolínea ya se encontraba en causa de disolución antes de la pandemia, con problemas de insolvencia, falta de liquidez suficiente para operar con normalidad y con solo un avión operativo.

El propio sumario incorpora además conversaciones internas previas al rescate en las que directivos de la compañía debatían cómo seguir aplazando pagos a la Seguridad Social. En uno de esos mensajes, fechado en mayo de 2020, el director de Recursos Humanos advertía de que la Tesorería “nunca ha visto con buenos ojos varias reconsideraciones de deudas en el mismo año”.

Estas comunicaciones internas se producen en un contexto en el que la propia compañía aérea analizaba mecanismos para aplazar obligaciones de pago y aliviar su tensión tesorera en los meses previos al rescate.

La cuestión de fondo es si la compañía, que obtuvo el AOC en 2015 y no empezó a operar vuelos regulares hasta 2016, cumplía o no las condiciones económicas exigidas para acceder al dinero público aprobado durante la pandemia del Covid. El sumario revela que No. Y aun así se le dio el dinero público, gracias a la trama que involucra a Zapatero, según se desprende del auto.