Tras nueve años de control férreo del Poder Judicial

Las informaciones que se cruzan en el edificio de la calle de Marqués de la Ensenada de Madrid hablan de gestiones para que los vocales conservadores depongan el bloqueo para que la magistrada Pilar Teso sea la próxima presidenta del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. No quieren a Teso porque es propuesta de los progresistas, aunque sea la adecuada

Ernesto Ekaizer / El Periódico de Catalunya

Durante ocho años, la afición pelotárica de Madrid gozó de una instalación que desde su inauguración en 1893 era conocida como el Frontón de las Salesas o Euskal Jai, situada en el número 8 de la madrileña calle del marqués de la Ensenada, a espaldas del antiguo teatro-circo Príncipe Alfonso. La ventaja de este frontón de invierno sobre otra de las aficiones, la taurina, por ejemplo, es que estaba cubierta por una techumbre de cristales “por lo que los partidos de pelota”, rezaba un anuncio, “tendrán sobre las corridas de toros la inestimable ventaja de ser compatibles con toda clase de inclemencias atmosféricas”. En 1901, tras ser la pelota vasca deporte olímpico (París, 1900), se utilizaron los dos grandes muros del frontón para levantar un nuevo teatro en Madrid, el Teatro Lírico, cuya sala, según crónicas de la época, “excedía en dos metros y medio a la del Teatro Real”. Y en 1920 un incendió acabó con él. Fue edificio de viviendas, sede del Liceo Francés y del Ministerio de Trabajo y finalmente el cuartel, por así decir, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), inaugurado por el rey Juan Carlos en septiembre de 1990.

Quién podía vaticinar que en los últimos seis años, entre noviembre de 2018 y septiembre de 2024, el Poder Judicial iba a metamorfosearse con los antecedentes de esta vieja instalación finisecular del XIX, entre el deporte de la pelota vasca, y el local de ópera netamente espan̈ola que más tarde fue, para ofrecer un espectáculo de nueva creación: el espectáculo de la justicia española. Que no ha terminado con la flamante renovación de aquellos vocales que fueron nombrados por cinco años a primeros de diciembre de 2013 y extendieron de facto su mandato -se dice pronto- hasta finales de julio de 2024. El epicentro de dicho espectáculo, el acto final, por así decir, es la incapacidad de los nuevos veinte vocales protagonistas para llegar a un consenso razonable y elegir a su presidenta. El 2 de septiembre es la nueva oportunidad. La flamante presidenta debería esperar al rey Felipe VI en la plaza de la Villa de París en la puerta del Tribunal Supremo para ingresar juntos el 5 de septiembre y presidir el acto de apertura del año judicial.

¿Por qué hablamos de presidenta?

Tanto si lo sabían los vocales como si no, al entrar en vigor el 22 de agosto pasado la ley de paridad entre hombres y mujeres, el Pleno tiene que cumplir la exigencia de una proporción del 40%/60%. Son ahora 8 vocales mujeres y 12 vocales hombres. Se observa, justito, pues, la ley.

Pero hay que elegir al vocal número 21, es decir, a la persona que presidirá el Poder Judicial. Y si no es mujer, ya deja de cumplirse la ley de paridad, porque serían 13 vocales hombres y 8 vocales mujeres.

La derecha española, vamos, el Partido Popular, ha ejercido desde diciembre de 2013 un control a rajatabla del Poder Judicial a través de la presidencia de Carlos Lesmes, elegido por 5 años a primeros de diciembre de 2013, a propuesta del presidente del gobierno Mariano Rajoy.

Era natural y previsible que, con un cambio en la mayoría legislativa española en junio de 2018, Lesmes, el Zar de los nombramientos de jueces y magistrados (2013-2021, fecha en la que se prohibió a un CGPJ caducado seguir nombrando) que configuró como nadie antes la composicion de la judicatura actual, diera paso a una presidencia más cercana a una personalidad del sector progresista, en coherencia con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

Y cuando llegó el momento, en noviembre de 2018, el PSOE y el PP acordaron la renovación de los vocales y también pactaron, a propuesta del exministro Rafael Catalá, en nombre de Pablo Casado, presidente del PP, que el nuevo CGPJ designase presidente a un magistrado del Tribunal Supremo: Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, la sala de lo Penal.

Pero dicho acuerdo fue dinamitado.

Poco después, las negociaciones entre Casado y Pedro Sánchez se reanudaron y ambos comentaron que una personalidad más neutral, una mujer, debería convertirse en la primera presidenta del CGPJ. El nombre de la magistrada de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, se puso sobre la mesa. No parecía haber entonces objeciones.

¿Cómo podría haberlas? Pilar Teso no había sido candidata de ninguno de los dos partidos ni a ser vocal del CGPJ ni a la presidencia.

Y cuando cuatro vocales progresistas, desoyendo al PSOE, votaron por Teso en 2013 lo hicieron por su propia cuenta, porque no querian a Lesmes a quien había ordenado votar desde el PSOE Álfredo Pèrez Rubalcaba.

Sí, la pregunta es pertinente, ¿cómo podría haber objeciones? No estaba asociada a ningún grupo ni corriente de magistrados. Y ha tenido un exquisito comportamiento profesional. Nadie en el sector conservador ni en el sector progresista era capaz de poner alguna pega a su trayectoria.

Pilar Teso Gamella (1960) llegó al Tribunal Supremo en 2008, tras ingresar en la carrera judicial en 1985 y se especializó en lo contencioso-administrativo desde 1989. Ocupó destinos en los juzgados de Parla (Madrid), Barcelona, Collado-Villalba (Madrid) y Madrid. Tras ascender a la categoría de magistrada ejerció en el juzgado de lo Social número 2 de Cáceres (1988-1989), en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1989-1997), en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1997-2000) y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (2000-2008) antes de su nombramiento como magistrada del alto tribunal.

Pero la pega ahora es que la ha propuesto el llamado sector progresista. Y aun cuando sea, en efecto, una de las integrantes de la terna de dicho sector (junto con Ana Ferrer y Ángeles Huet), tratándose de una personalidad neutral como la de Teso, ¿no ha llegado el momento de aceptar después del poder de nombramientos que ejerció contra viento y marea y hasta con exhibicionismo Carlos Lesmes y su comisión permanente?

Es decir: si los progresistas proponen a Teso, pues que sea Teso…ya que no hay objeciones a su estilo, ideología y trayectoria profesional. Porque es que no las hay.

Hay quien sigue sosteniendo que la oposición a Teso es más cosa de los siete vocales afiliados a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que forman parte del nuevo CGPJ, por un lado, y de lo que se llama el sindicato mediático-judicial , por el otro, que del Partido Popular, cuyos dirigentes acogieron en su día con naturalidad la posibilidad de nombrar a Teso presidenta. No es fácil de creer. En todo caso, hay una división objetiva del trabajo entre el PP y la APM.

Uno de esos vocales, consultado por el Periódico de Catalunya, trata de reducir la tensión. “En las últimas semanas se han intensificado las conversaciones. Yo creo que llegaremos”, dijo este miércoles 28 de agosto, aunque sin aclarar si se refiere a la elecciòn de Pilar Teso o a otra magistrada.

Una vez acometido el último acto, el de la presidencia, el CGPJ tiene que proceder a cubrir 98 vacantes en la cúpula judicial: Tribunales Superiores de Justicia (38 vacantes, de las cuales 7 son de presidentes) audiencias provinciales (la mitad de ellas sin presidente), Tribunal Supremo (30% de bajas, más una veintena de vacantes).

En el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal tiene 14 de los 15 magistrados que debería de tener; la de lo Contencioso-Administrativo cuenta con 22 de los 33 que le corresponden; la de lo Social tiene 6 de los 13 que fija la ley; y la de lo Militar cuenta con 5 de los 8 magistrados previstos.

Y aunque la Sala Penal esta razonablemente dotada, el CGPJ deberá abocarse a elegir a su presidente. El segundo mandato del magistrado Manuel Marchena (nombrado en noviembre de 2014 por vez primera y renovado en noviembre de 2019) vence el 3 de noviembre próximo.

Fuentes conocedoras de su trayectoria y del ánimo con que ha seguido las negociaciones señalan que “al día siguiente del 3 de noviembre dejará de ejercer la presidencia. No estará en funciones ni un solo día”.

Marchena no oculta, según las fuentes consultadas, su especial preocupación por el desenlace de la renovación de los vocales y la elección para ocupar la presidencia.

“Le parece que, si esto no se soluciona rápido, con voluntad compartida de que todas las vacantes se cubran de forma proporcional entre las distintas asociaciones y sensibilidades, España se enfrentará a una crisis constitucional de primer orden. Teme que el CGPJ se convierta en un órgano agónico necesitado de una reforma constitucional”, confió la fuente a este diario.