El Gobierno abrirá expedientes sancionadores a los asistentes a los actos de exaltación el 20-N

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Varias personas, con banderas de España con el águila de San Juan, asisten a un acto organizado por el Movimiento Católico español (MCE) en memoria de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, en la Plaza de Oriente, a 20 de noviembre de 2022, en Madrid (España). | Fuente: Europa Press

Una manifestación marcada por los gritos, gestos y cánticos que enaltecieron el golpe militar y la dictadura

El Gobierno de España tiene previsto la apertura de expedientes sancionadores a las personas y/o organizaciones que fueron partícipes de la manifestación convocada el pasado domingo 20 de noviembre en Madrid, un día en el que conmemoraron el 47º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Un día que estuvo «marcado por la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática”, tal y como apuntó el jefe nacional de Falange, Norberto Pico.

Durante la manifestación, los asistentes protagonizaron gritos, gestos y cánticos enalteciendo el golpe militar y la dictadura. Sin embargo, tal y como informó elDiario.es, en los momentos previos al acto se recordaron las normas con el fin de «evitar problemas». «Los falangistas vamos a estar en la calle siempre, da igual lo que haya. Nunca hemos menospreciado ninguna víctima», aseguraron los organizadores.

Por ello, según ha informado Europa Press, fuentes del Ministerio de Presidencia solicitan las delegaciones de Gobierno los vídeos, atestados y pruebas que puedan acreditar el enaltecimiento de la dictadura y los responsables de esas conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática. Los autores del homenaje al golpe de Estado del 1936, la dictadura o sus protagonistas se enfrentan a una sanción máxima de 150.000 euros, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.

Sin embargo, esta consecuencia no es algo que pille por sorpresa. Desde la Delegación del Gobierno en Madrid advirtió con anterioridad a la manifestación que el artículo 62 de la Ley de Memoria Democrática castiga las infracciones graves como «las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares».

Más Madrid pide que se asuman responsabilidades

La delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid fue quien autorizó las manifestaciones y actos de organizaciones franquistas y falangistas, así como de otras antifascistas y memorialistas con motivo del 20-N, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Aunque desde el organismo que dirige Mercedes González se avisó previamente sobre la importancia de cumplir con la Ley de Memoria Democrática recientemente aprobada. Y advirtió que, por el contrario, los actos que atenten contra dicha ley serán perseguidos por la Fiscalía.

En este sentido, fuentes de la Delegación de Gobierno han señalado a Europa Press que no ha lugar a prohibir ninguna manifestación sobre la base del derecho de reunión y manifestación amparado por el Título I de Derechos Fundamentales de la Constitución España, una decisión apoyada por un informe de la Abogacía del Estado.

Sin embargo, lo ocurrido este pasado domingo ha sido criticado por el senador de Más Madrid, Pablo Perpinyà, que ha registrado una pregunta en la Cámara Alta para pedir responsabilidades a la Delegación del Gobierno de Madrid por autorizar la manifestación convocada por Falange. «Es inadmisible que veamos exaltaciones fascistas con total impunidad en un país democrático. Queremos que se investigue lo sucedido y se asuman responsabilidades», ha defendido Perpinyà en una nota de presa.

Madrid remarca que la Comunidad no tiene «competencias» frente a los actos y concentraciones por el 20N

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha apuntado este lunes que el Ejecutivo regional no tiene «competencias» frente a los actos y concentraciones del pasado domingo.

«Fue Delegación del Gobierno quien los autorizó. El Gobierno de España deberá aplicar las normas vigentes y en su caso la Policía», ha respondido Ossorio tras un acto con la patronal de empresarios al ser preguntado por este primer 20N con la Ley de Memoria Democrática en vigor.

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